La mano de Estados Unidos vuelve a aparecer en los procesos judiciales que enfrenta Alejandro Betancourt. Esta vez en España. El empresario venezolano, señalado como el artífice del acuerdo que dará a Donald Trump el control de una quinta parte del petróleo venezolano, lleva más de un año investigado por la Audiencia Nacional española por blanqueo de capitales y evasión fiscal. Pero la causa está paralizada desde hace meses y las fuentes de la investigación señalan a EL PAÍS un responsable: Washington.
El juez Santiago Pedraz está a la espera de una comisión rogatoria dirigida a la justicia estadounidense que nunca llega y, tras haber archivado la causa una primera vez, ha lanzado una nueva advertencia: si en diciembre no hay respuesta de Estados Unidos, volverá a dar carpetazo al caso.
Detrás de esta historia no hay solo una dilación de plazos, sino un personaje de interés crítico para los Estados Unidos. Betancourt se ha convertido en el hombre que hay detrás del acuerdo petrolero que firmaron hace unas semanas Washington y Caracas, el que permitirá a Estados Unidos ganar millones de dólares con la cuarta parte de las reservas de petróleo venezolano. El entorno de Trump conoce de sobra sus causas en Venezuela, Estados Unidos, Suiza y España —las dos últimas, aún activas—, pero lo ha usado para lograr su objetivo de reactivar el negocio petrolero en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
La firma de ese acuerdo puso bajo la lupa al empresario y sus múltiples causas, pero la Casa Blanca —y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez— no solo lo defendieron públicamente, sino que llevaban meses maniobrando para protegerlo judicialmente, según ha documentado ampliamente la prensa estadounidense.
El procedimiento judicial español, que investiga el origen y destino de más de 4.000 millones de dólares que supuestamente se habrían desviado de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, está a la espera de que Washington conteste a una petición que consiste en poder tomar declaración a una serie de testigos clave porque ya fueron condenados en Estados Unidos. Su testimonio puede afianzar el delito en Madrid, pero a punto de cumplirse un año de aquella solicitud, nadie ha respondido.
El delito de blanqueo que se investiga en España exige un delito previo que acredite el origen ilícito del dinero. Fuentes judiciales explican que, si los testigos confirman la corrupción en la petrolera, se acreditaría que el dinero que ha llegado a territorio español tiene una raíz ilícita y la causa española podría seguir adelante para ver cómo se ha lavado ese dinero ingresándolo en un circuito legal. Betancourt, conocido en España por haberse convertido en el dueño de la marca de gafas Hawkers, invirtió millones en multitud de empresas españolas y hasta compró un castillo en Toledo.
Los cinco testigos “esenciales” ya han sido condenados en Estados Unidos por el mismo esquema de corrupción en PDVSA, conocido como Money Flight. Se trata de Abraham Ortega Morales, exdirector de Planificación Financiera de la petrolera; Carmelo Urdaneta, alto funcionario del área petrolera venezolana; Álvaro Ledo Nass, exasesor legal de PDVSA; Luis Fernando Vuteff, empresario argentino y yerno del opositor Antonio Ledezma; y Luis Carlos de León, exdirector financiero de la Electricidad de Caracas, filial de PDVSA.
En la Audiencia Nacional explican que no hay un plazo legal límite por el que el país deba contestar. ¿Pero cuándo suele hacerlo? “Cuando le interesa”, apunta un juez que pide anonimato. España y EE UU tienen sistemas de colaboración judicial bien engrasados y arropados por tratados de colaboración. De hecho, el Ministerio de Justicia mantiene en Washington a un juez de enlace español para poder dinamizar toda la cooperación. Hasta hace unas semanas ese puesto lo ocupaba María de las Heras, si bien acaba de ser relevada por el magistrado Íñigo Herrero.
Fuentes fiscales que han trabajado en la cooperación internacional explican que la colaboración con Estados Unidos no es sencilla en algunos casos por la dimensión del territorio y los 51 Estados que cuentan con sistemas judiciales distintos. La cooperación se dificulta, cuentan, si lo que se pide es, por ejemplo, una medida limitativa de derechos como puede ser una entrada y registro o un pinchazo telefónico, pero explican que una toma de declaración por videoconferencia, como es este caso, “debería ser ágil”.
En este impasse, Betancourt se está blindando judicialmente con documentos del ministerio público venezolano que certifican que, a pesar de todas las tramas y sospechas en las que el empresario ha acabado involucrado, la causa en su país se sobreseyó sin que se pudiese demostrar su implicación.
EL PAÍS consultó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin recibir contestación; al Departamento de Estado, que evitó responder de manera oficial; y al Pentágono, que se limitó a ofrecer el mismo comunicado emitido tras el anuncio del acuerdo petrolero con Betancourt, informa Macarena Vidal Liy.
La ayuda estadounidense en Suiza
Las diligencias en España son una derivada de la investigación abierta en Suiza hace casi una década. La Fiscalía de Zúrich mantenía sobre Betancourt una orden de extradición desde el Reino Unido, donde permanecía confinado entre sus dos mansiones porque tenía prohibido salir del país. Pero en mayo, los esfuerzos de Estados Unidos por ayudarle dieron sus frutos. Según reveló The Washington Post, altos cargos de la Administración Trump —la entonces fiscal general Pam Bondi, su número dos Todd Blanche, y el subsecretario de Estado Christopher Landau— presionaron directamente a los fiscales suizos en busca de información y de un trato favorable para su aliado.
La Fiscalía de Zúrich se negó a confirmar a este periódico si esa presión influyó en su decisión, pero sí confirmó que retiró la solicitud de extradición alegando “particularidades del derecho británico”. Gracias a esa retirada, cesaron las restricciones de viaje que el Reino Unido le había impuesto mientras examinaba la extradición, y Betancourt pudo retomar sus vuelos en aviones privados a Venezuela y Estados Unidos para ultimar los detalles del histórico acuerdo petrolero anunciado por Trump hace casi dos semanas.
La causa en Suiza sigue abierta, pero otro detalle revelado por The Post mostró que Estados Unidos no tiene ningún interés en colaborar. La Fiscalía pidió al Departamento de Justicia estadounidense que arrestara a Betancourt si entraba en territorio de EE UU y no solo no lo hizo, sino que lo blindó como su socio comercial y lo defendió públicamente.
Mientras, en España, la Fiscalía Anticorrupción —de quien partió la querella en junio de 2025 no solo contra Betancourt, sino también contra su primo Pedro Trebbau, su socio Francisco Convit y otras tres personas— sigue empeñada en demostrar un fraude multimillonario.
Según la investigación, en 2012, la petrolera venezolana realizó un préstamo a la empresa privada Administrador Atlantic por valor de 4.350 millones de dólares (3.778 millones de euros) que, en realidad, solo buscaba sacar el dinero del país para terminar siendo blanqueado, presuntamente, en cuentas de empresarios y exdirigentes venezolanos. Anticorrupción cree que se han invertido “importantes cantidades de dinero” en territorio español en bienes “muebles e inmuebles” tras traer el dinero de Venezuela “pagando sobornos a funcionarios” por un total de 42 millones de dólares.
Esta macrored de blanqueo tiene ramificaciones internacionales. Fuentes de la investigación explican que entre marzo y abril de 2025 hubo una reunión en Eurojust —la agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial— en la que funcionarios de distintos países, entre los que estaba España, compartieron información sobre cómo abordar esta compleja trama de lavado de dinero, que buscaba ocultarse, a través de empresas superpuestas y países distintos, la enorme cantidad de dinero bajo investigación.
Aunque el juez Pedraz había archivado el caso en marzo, la Sala de lo Penal le obligó a reabrirlo tras un recurso de la Fiscalía Anticorrupción, que consideró el archivo “prematuro”. Faltaba tomar declaración a esos testigos que hay que interrogar con la colaboración de Washington. Y desde entonces nada se ha movido.
Betancourt no está dispuesto a perder ninguna batalla legal y se ha armado dentro y fuera de España. Fuera, ya en 2019 contrató al abogado Rudy Giuliani —entonces abogado personal de Donald Trump— para defenderse ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde había sido señalado como coconspirador no acusado en el caso Money Flight. En España, ha contratado al despacho de José Antonio Choclán, uno de los penalistas más cotizados en las grandes causas de corrupción. El bufete ha defendido, entre otros, al cantante Julio Iglesias, a la examante del rey emérito Corinna Larsen, al comisionista Víctor de Aldama en el caso Koldo, una trama corrupta que salpica al PSOE, y al exjugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo.
Mientras Estados Unidos no contesta a la comisión rogatoria, Betancourt ha presentado ante el tribunal español un escrito de la Dirección General de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía de Venezuela, renovada en febrero tras la captura de Nicolás Maduro. A diferencia de los términos con los que se refirieron a Betancourt el exfiscal general Tarek William Saab y varios dirigentes chavistas en el pasado, este documento lo exonera ahora de toda responsabilidad.
La velocidad de la justicia venezolana contrasta en este caso con la lentitud de la estadounidense. En apenas seis días —tras una petición formal de su propio abogado en Caracas, el 30 de junio—, la directora de ese organismo, Ana Osto Ascanio, firmó una respuesta que detalla punto por punto la investigación realizada. Reafirma que la causa venezolana se archivó en 2023 con “autoridad de cosa juzgada”, por lo que, sostiene la Fiscalía venezolana, no cabría perseguirle en otro país por los mismos hechos, de acuerdo a la documentación de la investigación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Distintas fuentes consultadas en la Audiencia Nacional destacan la premura con la que el Gobierno de Delcy Rodríguez —que ahora respalda a Betancourt— ha entregado este papel, mientras Venezuela lleva décadas sin colaborar en otras causas judiciales españolas de calado, como la extradición de los miembros de ETA refugiados en el país. Uno de esos casos se refiere a la reactivación por parte de la Audiencia Nacional de la búsqueda de 14 etarras —entre ellos José Ignacio de Juana Chaos— confiando en que la caída de Maduro abriera una nueva vía de cooperación, una solicitud que sigue sin resolverse.
El ultimátum del juez Pedraz, en cualquier caso, sigue en pie. En un escrito con fecha del pasado 10 de agosto, el magistrado aseguró que no puede seguir practicando diligencias para indagar en el delito de blanqueo de capitales porque, si no se acredita el delito anterior (el de corrupción), serían “inútiles”. El juez asevera que “no puede estarse sine die a la espera de que las autoridades de EE UU” den curso a la petición española, “siendo contradictorio el gran interés y la colaboración mostrado por las mismas” con el hecho de que no hayan contestado. Por ello, da un “tiempo prudencial” que, a su juicio, “no puede ir más allá de diciembre del presente año”.
El reloj, de nuevo, corre a favor de Betancourt. Y, en este caso, no hace falta que Estados Unidos haga grandes movimientos que meses después acaben denunciados en la prensa estadounidense: le basta con no moverse.
