Estados Unidos tenía preparada una celada a José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 19 de mayo, día en que fue imputado por la Audiencia Nacional. El Departamento del Tesoro norteamericano ordenó para esa fecha el despliegue de varios de sus agentes en el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, con el objetivo de “retenerlo” e impedir así que pudiera viajar a Caracas. La intención era devolverlo a Madrid tras notificarle su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), donde figuran individuos objeto de escrutinio de Washington que lleva ligado un estricto cuadro sancionador para quienes la integran, como la inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de entrada en territorio estadounidense.
Según la información a la que ha tenido acceso Vozpópuli, ese 19 de mayo, día en que Zapatero fue notificado de su imputación en el juzgado central de instrucción número 4 la Audiencia Nacional y registrados tanto su despacho como la empresa de sus hijas, las autoridades de EEUU estaban al corriente de los planes del expresidente del Gobierno de viajar desde Madrid a Dominicana con varios familiares en un vuelo regular de Air Europa con la previsión de hacer escala en la isla caribeña para ser luego trasladado a la capital venezolana en un vuelo fletado por el Palacio de Miraflores.
“Interceptar” al expresidente
El plan de la Casa Blanca, preparado con mucha antelación, fue el de “interceptar” al expresidente español para impedir que llegara a Caracas ante la sospecha de que este planeaba ocultar pruebas en la capital venezolana sobre sus actividades económicas en el país.
En este sentido, de acuerdo con fuentes próximas al Departamento de Estado de EEUU, las autoridades norteamericanas tenían conocimiento de que el expresidente socialista había concertado allí una reunión con Jorge Rodríguez, su gran valedor en Venezuela, y también con la hermana de este, Delcy Rodríguez, presidenta provisional desde que, el pasado 2 de enero, Nicolás Maduro fuera depuesto como cabeza del régimen chavista en una operación policial y militar impulsada por Donald Trump.
Un “alivio”
La imputación inicial sobre Zapatero por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal, delitos a los que se han sumado ahora los incluidos en una pieza separada por contrabando y fraude fiscal, supuso, según las fuentes consultadas, “un alivio” para la Administración Trump, donde al menos desde el pasado mes de febrero existía cierto “escepticismo” respecto a que la causa de Plus Ultra avanzara “en la dirección correcta”.
En este sentido, en Washington cundió la idea de que la propia “influencia” de Zapatero en España pudiera comprometer la investigación y por tanto “librar al expresidente del Gobierno de su potencial responsabilidad” en un caso cuyo desarrollo no habría sido posible sin la colaboración de EEUU.
“Sujeto de interés”
Los seguimientos de los norteamericanos a Zapatero han sido constantes en los últimos meses, sobre todo los relativos a sus desplazamientos a Caracas. Tal como ha comprobado este periódico, hay, de hecho, detalles que apuntan al conocimiento en Estados Unidos de su “poder en la sombra”, entre los que destacan menciones al comisario jubilado Segundo Martínez, jefe de seguridad de Moncloa durante los mandatos del expresidente socialista, al que se designa en informes estadounidenses como “sujeto de interés”, en lo que sugiere un conocimiento cabal de la estructura de influencia atribuida al exjefe del Ejecutivo.
Al margen de las aportaciones de informaciones remitidas desde España a EEUU sobre las actividades del exjefe del Gobierno, en la Administración Trump existía cierto temor ante la posibilidad de que el estatus de Zapatero frustrara la investigación judicial en torno a su figura. “Se habló incluso de la posibilidad de que se eliminaran pruebas y, sobre todo, de que la política se metiera en todo esto para crear la idea de que la investigación encerraba una motivación política” vinculada a las complejas relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España, y muy especialmente a la pésima opinión de Trump y su gabinete respecto al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Que tanto el juez José Luis Calama como el fiscal Anticorrupción, Javier Luzón, “hayan impulsado el proceso supone una garantía sobre la solvencia de las instituciones españolas, porque es la mejor manera de acabar con especulaciones sobre una supuesta ideologización de esta causa”, añaden las fuentes estadounidenses consultadas.
El rol internacional como clave
La estrategia de Estados Unidos sobre Zapatero se ha ceñido sobre todo a las actividades del expresidente en el plano internacional, singularmente en su papel de activo global para el blanqueamiento de la dictadura bolivariana, su implicación en la tramoya de la Internacional Socialista, que preside Sánchez desde noviembre de 2024, y en un rol transnacional que va mucho más allá de su presunta intervención en el rescate de la aerolínea de capital venezolano.
Los contactos con el régimen de Nicolás Maduro forman parte desde tiempo atrás de la investigación impulsada por EEUU sobre los vínculos entre la cúpula chavista y las redes del narcotráfico. Destaca, por ejemplo, la demanda contra el entramado chavista, formalizada por Washington en un tribunal de Florida el 14 de agosto de 2025, que se basa en la llamada Rico Act (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), una normativa de aplicación específica en la persecución de delitos relacionados con el crimen organizado y las mafias de la droga. Esta ley prevé el rastreo de las actividades de todas las personas relacionadas con los propios investigados. ´
Además, Zapatero figura en una lista de 64 personas que están siendo investigadas en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el régimen chavista. El expediente, ligado a un tribunal federal de Nueva York, incluye a otros dos españoles, así como conocidos referentes de la izquierda internacional a los que se atribuye «una intensa labor de influencia» dirigida a conferir a la dictadura venezolana una apariencia democrática en foros globales.
La iniciativa procesal, que parte de la Fiscalía, centró sus pesquisas en indagar el presunto grado de colaboración de los incluidos en la nómina «con el narcoestado venezolano» y si estos vínculos han podido suponer para ellos «un presunto enriquecimiento ilícito», algo que ahora trata de dilucidar en Madrid la propia Audiencia Nacional.
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