Los familiares también exigieron al Ministerio Público que dé respuestas sobre las investigaciones sobre motines en cárceles, la muerte de presos políticos como Víctor Quero Navas, así como mejoras en las condiciones carcelarias
Familiares de presos políticos protestaron este jueves, 28 de mayo, frente al Ministerio Público en Caracas para denunciar la falta de acciones concretas de parte del fiscal general, Larry Devoe, ante las denuncias de violaciones de derechos humanos y el debido proceso contra las personas detenidas por razones políticas en el país.
La protesta también buscó visibilizar el descontento ante los anuncios de la semana pasada hechos por Jorge y Delcy Rodríguez, quienes aseguraron serían excarcelados cientos de presos políticos, lo cual no ocurrió. Según cifras del Foro Penal Venezolano, contando con las liberaciones de siete militares vinculados al “caso paracaidistas”, desde el 18 de mayo han sido excarceladas poco más de 40 personas.
Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), explicó que la organización logró reunirse con el subdirector de la Dirección de Derechos Fundamentales, quien informó que se han iniciado una jornada médica especializada para los detenidos en Fuerte Guaicaipuro y Rodeo I.
Por su parte, Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas, denunció que han acudido al Ministerio Público por lo menos en 15 ocasiones los últimos dos años para denunciar las torturas, tratos crueles, violaciones al debido proceso y la muerte de presos y sus familiares.
“En nuestra última visita hubo acuerdos que fueron incumplidos por este organismo del Estado. Quedamos en que nos iban a recibir una serie de documentos y aún no tenemos respuesta, quedaron en mejorar la situación carcelaria de nuestros familiares y esto no ha mejorado”, declaró Ávila ante los medios de comunicación frente al Ministerio Público.
También, la señora Ruth Molero alertó que los familiares a las afueras del Rodeo I llevan más de 137 días en espera de excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos anunciadas por las autoridades. “Si hay tantos porque hemos visto unos pocos cada cierto tiempo”, dijo. Molero agregó que tanto sus sobrinos, Aranza Castillo y Henry Castillo, como su hijo, Arialdo Camargo, están “desesperados” por esta situación.
Los familiares también exigieron al Ministerio Público que dé respuestas sobre las investigaciones sobre motines en cárceles, la muerte de presos políticos como Víctor Quero Navas, así como mejoras en las condiciones carcelarias, cese de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. Al respecto, Diego Casanova, vocero de Clippve, dijo que “dicen que hay disposición a investigar pero todo se queda en un titular”.
Lo que se trató en reunión tras las protesta
Tras la protesta pacífica frente al Ministerio Público, familiares de presos políticos lograron reunirse con Pablo Fernández Blanco, subdirector de Derechos Fundamentales, quien se limitó a anunciar el inicio de jornadas de atención médica primaria en El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro.
Sin embargo, para los allegados esta medida es una respuesta insuficiente frente a las persistentes “condiciones de horror” en los recintos penitenciarios y la prolongada espera por excarcelaciones. Voceras como Andreína Baduel y Hiowoanka Ávila denunciaron el reiterado incumplimiento de promesas institucionales para dignificar la situación carcelaria y la falta absoluta de respuesta ante los documentos y expedientes ya consignados.
El Observatorio Venezolano de Prisiones destacó que el hermetismo del Estado se mantiene intacto frente a las violaciones más graves a los derechos humanos. Denuncian también que el gobierno sigue ignorando las denuncias por tortura y las 27 muertes bajo custodia registradas por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, mientras madres y esposas que padecen diversas patologías acumulan más de 137 días pernoctando a la intemperie a las afueras de El Rodeo I-
El OVP respaldó a las familias y exigió a la Fiscalía publicar los resultados de las investigaciones por tratos crueles e inhumanos, recordándole que su deber constitucional es proteger a la ciudadanía y no encubrir al Ejecutivo.
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