En medio de un enorme despliegue militar, Estados Unidos sigue incrementando sus medidas de presión sobre Nicolás Maduro. El Gobierno de Venezuela —que permanece en máxima alerta— busca argumentos legales y aliados políticos dentro y fuera del país para contener la arremetida. Este domingo, ha anunciado que abrirá investigaciones sobre las “ejecuciones extrajudiciales” en el marco del ataque a supuestas narcolanchas que está ejecutando Washington en el Caribe. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó de una reunión sostenida este domingo con familiares de personas asesinadas durante los ataques.
Por Florantonia Singer y Alonso Moleiro / El País
El principal operador político del chavismo no precisó a qué ataques correspondían las denuncias ni quiénes eran los asesinados. Mostró una fotografía en la que aparecen seis personas de espaldas durante el encuentro con los diputados y aseguró que resguardaba sus identidades porque han recibido amenazas “por sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad”.
Tres meses después de que comenzaran los sucesivos ataques militares, tanto en el Caribe como en el Pacífico colombiano, se espera que este lunes el Parlamento venezolano celebre una sesión extraordinaria para conformar una comisión de investigación que apoye al Ministerio Público. “A través de los mecanismos que tiene la Asamblea Nacional, vamos a activar la acción de la Fiscalía General de la República”, dijo Rodríguez en un mensaje en sus redes sociales. “Estos groseros ataques vulneran la carta de Naciones Unidas, los derechos humanos y, además, atentan contra las leyes relacionadas con la navegación y las leyes del mar”, añadió.
La semana pasada, el fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, declaró que en estas embarcaciones no había drogas, como han afirmado las autoridades de los Estados Unidos, sino “peces y bolsas”. Saab agregó que “el uso de la fuerza letal contra un buque civil en aguas internacionales está generalmente prohibido”, a menos que sea “en defensa propia” o “esté autorizado” por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Nada de eso ha ocurrido. Han quemado en una hoguera todos los libros de derecho”, sentenció.
El 2 de septiembre, Estados Unidos difundió imágenes de una embarcación desapareciendo tras un estallido. Así comenzaba sobre el terreno la ofensiva militar, en la que se cuentan ya más de 20 lanchas destruidas y más 80 tripulantes asesinados. Para justificar estas maniobras, Trump se ha escudado en su lucha contra los carteles de drogas y, en particular, contra los que operan desde Venezuela, con la mira puesta sobre el Gobierno de Maduro.
La opacidad total sobre las personas que iban en esa primera lancha destruida —que Washington asegura que pertenecía al Tren de Aragua— y el detalle de la carga que transportaba ha sido la constante en los demás ataques. De este caso se supo que la embarcación, con 11 tripulantes, había salido de San Juan de Unare, en el extremo oriente de Venezuela, un antiguo pueblo pesquero empobrecido que se ha convertido en un enclave para bandas dedicadas al tráfico de drogas y la trata de mujeres.
En noviembre, una investigación de la Associated Press reveló las identidades de algunas de las personas asesinadas en estos ataques, residentes en distintos pueblos costeros del oriente del país. Entre los muertos, según la AP, estaba un pescador que se vio en la necesidad de buscar nuevos ingresos participando en el envío de un alijo y otro que tenía antecedentes por delitos menores. También había un excadete militar y un conductor de autobús. La mayoría hacía el viaje con las drogas por primera o segunda vez para ganarse unos 500 dólares, según relataron familiares a la agencia. No eran las cabezas de un cartel.
Medios estadounidenses han revelado en la última semana que en una de las operaciones ejecutadas en septiembre quedaron sobrevivientes y que se atacó de nuevo porque tenían la orden de no dejar tripulantes con vida. Las dos cámaras del Congreso estadounidense, el Senado y la de Representes, han advertido que pedirán explicaciones por la polémica operación militar.
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