Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, han recurrido este martes a una vieja táctica de lavado de cara: excarcelar y exhibir a presos políticos que estaban en condición de desaparición forzada. El movimiento se produce en vísperas de una decisión crucial para el régimen sandinista: la Administración de Donald Trump tendrá que determinar si expulsa al país centroamericano del tratado de libre comercio DR-Cafta o si le impone aranceles del 100%, debido a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país centroamericano que son “una carga para el comercio estadounidense” —según una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Washington—.
A lo largo de la mañana los medios de propaganda sandinista exhibieron a la comunicadora Fabiola Tercero, un año y cuatro meses después de que fuera detenida, su casa allanada y desaparecida del radar público. “Una mentira más se le cae a los vendepatria”, titularon los medios oficiales, en un intento por desacreditar a todas las voces que han exigido conocer el paradero de la comunicadora.
En una táctica usada antes por el régimen copresidencial, y catalogada por organismos de derechos humanos como “confesiones forzadas”, Tercero dijo azuzada por los periodistas oficialistas que “en los últimos años ha estado en su casa conviviendo con su mamá, en el barrio William Díaz, Distrito II de Managua”. Cuatro días antes, el régimen también excarceló de manera silenciosa a otros cinco presos políticos, entre ellos el periodista Leo Cárcamo.
En meses anteriores, la Embajada de Estados Unidos en Managua mantuvo una campaña a favor de Tercero y Cárcamo. Exigían al régimen de Managua una prueba de vida de los comunicadores y revelar sus paraderos. De modo que esta excarcelación y exhibición de estas personas es leída por analistas políticos consultados por EL PAÍS como un intento de la presidencia bicéfala de volver a usar a los presos políticos como fichas de negociaciones para su conveniencia, El próximo 19 de noviembre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) dará por concluida una fase de consulta pública de su la investigación que concluye que “las políticas, actos y prácticas” del régimen son “irrazonables y constituyen una carga o restricción” al comercio norteamericano, según la resolución emitida bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Lo que la USTR pondrá sobre la mesa del Despacho Oval serán unas opciones que representan un zarpazo letal para la economía nicaragüense, cuyo principal socio comercial es Washington: expulsión del DR-Cafta, ese tratado comercial capital para Nicaragua, y la imposición de aranceles del 100%. Una medida que siempre ha sido temida en Managua, en especial por empresarios norteamericanos del sector textil, tabaco y café con intereses en el país centroamericano, y quienes han realizado un fuerte lobby en la capital de Estados Unidos para no recibir un golpe tan mortífero, sin importar las graves violaciones a los derechos humanos.
“Y aquí es cuando entran otra vez las personas presas políticas como moneda de cambio”, dice a EL PAÍS Salvador Lucio Marenco, abogado defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más. “Además de la deliberación sobre el tratado de libre comercio, hay otro hecho importante: por primera vez en mucho tiempo la dictadura dio la cara a la comunidad internacional en la Tercera Comisión de las Naciones Unidas, cuando el Grupo de Expertos presentó su informe sobre los crímenes de lesa humanidad. En esa sesión, la embajadora adjunta de Nicaragua manifestó la preocupación del régimen por las sanciones y medidas económicas”.
¿Volverá a caer Estados Unidos?
No es la primera vez que los Ortega-Murillo excarcelan presos políticos para lograr que la presión amaine o concesiones de la comunidad internacional. En ese sentido, el exdiputado opositor Eliseo Núñez cree que estas últimas excarcelaciones intempestivas son un intento por abrir una negociación —o fortalecer una si ya la hay— para sortear la expulsión del DR-Cafta y los aranceles.
Sin embargo, el opositor despojado de su nacionalidad advierte de que también puede ser una treta sandinista “para ganar tiempo” en su consolidación de su relación con China, tras la creación de Zonas Especiales onerosas para los intereses asiáticos. “Para permitirle a las empresas chinas exportar a Estados Unidos bajo el paraguas del Cafta, evadiendo sanciones y tarifas”, analiza Núñez. “Como le he dicho antes, mantener a Nicaragua en el Cafta sería un error”.
Juan Carlos Gutiérrez, investigador y también desnacionalizado, en cambio apunta a prevenir a los Estados Unidos: la maniobra del excarcelamiento de presos políticos es una vieja táctica que no produce ningún cambio de fondo, insiste. Cuando los Ortega-Murillo sacan su rédito, se vuelven a atrincherar en la represión. “Lo que están haciendo es administrar el terror que ya sembraron en una parte importante de la población, porque estas excarcelaciones cumple tres objetivos al mismo tiempo”, señala. Y empieza a enumerar: “Reducir el costo político de mantener a cientos de personas presas injustamente, disminuir el gasto económico que implica tenerlas en prisión y trasladar la carga psicológica y material a las familias. Liberan personas con miedo, como el caso de Fabiola Tercero; sin poder comunicarse, sin empleo, y bajo vigilancia constante”.
Por ahora, los últimos excarcelados políticos no han querido conversar con nadie, mucho menos su familia, y a diario deben presentarse a una estación policial a firmar un acta de asistencia. En tanto, el futuro económico de Nicaragua —cuyo comercio se va a Estados Unidos en más del 55%— pasará a estar en manos del presidente Trump, mediado por el secretario de Estado Marco Rubio.
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