La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que convocó las protestas antigubernamentales que se registran en el país andino hace casi un mes, señaló este lunes que el Gobierno del presidente Daniel Noboa «confunde el diálogo con la amenaza» y «no escucha las demandas del pueblo», después de que el Ejecutivo anunciara en la víspera que no existían «las condiciones para el diálogo» con los manifestantes.
EFE
«Dialogar no es imponer ni amedrentar: es escuchar, reconocer errores y construir soluciones con respeto y voluntad política», señaló la Conaie en un comunicado, en el que también acusó al Gobierno de cerrar «toda posibilidad de diálogo real» mientras «cumple las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) a costa del sufrimiento del pueblo y del aumento de la pobreza».
«No existen condiciones para dialogar mientras continúe la represión. Aumentan los heridos, los detenidos y las violaciones a los derechos humanos; se cierran medios comunitarios, se bloquean cuentas bancarias de organizaciones, se realizan allanamientos ilegales y se abren investigaciones arbitrarias», aseguró la Conaie.
El movimiento indígena exigió al Gobierno ser reconocido como «interlocutor legítimo» en futuros intentos por retomar los diálogos.
La noche del domingo, el Ministerio de Gobierno anunció que las mesas de diálogo que se habían anunciado para este lunes no se instalarían, ya que consideraban que «no existían las condiciones» para conversar con los dirigentes indígenas de la provincia de Imbabura, que se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones.
La instalación de estas mesas se anunció el pasado miércoles, después de que el ministro del Interior, John Reimberg, se reuniera en Imbabura con representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Fici), que también informaron de una tregua en las protestas.
Sin embargo, esa decisión no fue aceptada por las comunidades, que al día siguiente señalaron que «el paro sigue», algo que también fue respaldado por la Conaie, cuyos dirigentes no hicieron parte de esas conversaciones.
Según el Gobierno, desde los movimientos indígenas de Imbabura se realizaron nuevas «exigencias» que alteraban los «términos previamente acordados», y que, además, las vías no habían sido despejadas.
Los bloqueos por las manifestaciones se han mantenido durante los siguientes días y este lunes aún permanecían cerradas doce carreteras en tres provincias del país, la mayoría de ellas en Imbabura.
Influencia en las organizaciones indígenas
El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, dijo este lunes que el Gobierno ha detectado que «algunas personas» han querido afectar el proceso de diálogo en Imbabura y señaló a Leonidas Iza, expresidente de la Conaie, y a Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik, el brazo político de la Conaie, como los responsables.
Según el alto funcionario, esos dirigentes habrían presuntamente influenciado a las comunidades para que desconocieran a los líderes que llegaron a un acuerdo con el Gobierno.
Por su parte, las organizaciones indígenas de Imbabura ratificaron su compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo con el Gobierno sobre la base de los puntos acordados la semana pasada.
No obstante, estas agrupaciones señalaron que han decidido mantener la movilización ante el «incumplimiento del Gobierno respecto a la desmilitarización de los territorios comunitarios y la liberación de los doce detenidos de Otavalo, condiciones indispensables para continuar el proceso de diálogo».
Hasta el momento, las protestas dejan dos personas muertas por armas de fuego, cerca de trescientas más heridas y otras doscientas detenidas, de las que alrededor de una veintena han sido enviadas a prisión preventiva con cargos por terrorismo presentados por la Fiscalía, según datos de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Si bien las protestas indígenas comenzaron por el rechazo al alza del precio del diésel, luego la Conaie incluyó la exigencia de la bajada en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12 % y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.
Así mismo, la Conaie agregó en el paro su rechazo al referéndum del próximo 16 de noviembre promovido por el Ejecutivo, en el que, entre otras cosas, se preguntará -por iniciativa del presidente Noboa- sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, lo que ha llevado al Gobierno a señalar a la protesta como «política».
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