La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció en su más reciente informe graves violaciones a la libertad de información en Cuba, Nicaragua y Venezuela, con menciones específicas al “genocidio silencioso” sufrido por el periodismo independiente en la isla, la represión sistemática bajo el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y la escalada de censura digital y el acoso judicial perpetrado por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
El documento fue presentado durante la 81 Asamblea General de la organización, celebrada en Punta Cana, República Dominicana.
Cuba: periodismo bajo asedio y “genocidio silencioso”
Según la SIP, el periodismo independiente en Cuba “es testigo y víctima del genocidio silencioso que vive el pueblo cubano”, una expresión que resume la devastadora crisis bajo el régimen de Miguel Díaz-Canel: salarios miserables, hambre generalizada, un colapso casi total de los servicios básicos y un férreo control estatal sobre la información que sofoca cualquier forma de disidencia o libertad de expresión.
De acuerdo con el informe, “en Cuba existen leyes sobre el acceso a la información, de comunicación, de asociaciones y de libertad de expresión, pero el periodismo no está protegido, sino amenazado o prohibido”. Las leyes sobre protección de datos y delitos informáticos se aplican contra quienes critican al régimen o investigan la realidad local.
La persecución a periodistas independientes en Cuba incluye hipervigilancia, amenazas a familiares y detenciones arbitrarias. Henry Constantín, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, permaneció bajo arresto durante cuatro días por la Seguridad del Estado para impedir su participación en un acto diplomático. José Gabriel Barrenechea enfrenta una condena fiscal de seis años tras ser acusado de “desórdenes públicos” por manifestarse contra los cortes de energía. El informe remarca que “el Estado no ha dado un solo paso visible orientado a prevenir amenazas, ataques o agresiones a periodistas y medios”.
Venezuela: bloqueos digitales y represión judicial
En Venezuela, la SIP denunció el bloqueo de ochenta páginas digitales, incluidas Infobae, CNN y NTN24, como parte de una estrategia del régimen chavista que restringe el acceso a fuentes independientes de información.
“El bloqueo se ejecuta a través de las compañías de teléfono, como Telefónica, a través de su filial Movistar que tiene más de 50 % de participación en el mercado de Internet”, precisa el informe.
La represión se extiende a la radio y la televisión, y legalmente se utiliza la Ley Resorte como “instrumento punitivo que impone autocensura en todo el espectro radioeléctrico”.
El escenario venezolano también se caracteriza por el encarcelamiento de periodistas, como en los casos de Nakary Mena Ramos, acusada de instigación al odio, y Roland Carreño, trasladado a un paradero desconocido tras permanecer un año privado de libertad.
Según la organización, “la grave represión a la que el régimen de Nicolás Maduro ha sometido a la prensa independiente durante su administración” mantiene a dieciocho trabajadores del sector detenidos.
Nicaragua: cierre de medios, exilio y vigilancia estatal
Respecto a Nicaragua, el informe detalla la consolidación de una estructura de control informativo impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, marcada por agresiones, estigmatización, cierre de medios y restricciones migratorias.
La SIP y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) contabilizan al menos cuarenta violaciones a la libertad de prensa solo hasta junio, cifras agravadas por el asesinato del ex militar Roberto Samcam en Costa Rica, un hecho que elevó el riesgo y la autocensura entre periodistas exiliados.
El texto puntualiza que “el periodismo nicaragüense se mantiene atrapado entre la vigilancia estatal, la hostilidad del discurso oficial y la precariedad de las condiciones de exilio”.
Otros países: riesgos, violencia y ataques judiciales
La organización también alertó que “el acceso a la información pública, fuentes oficiales y eventos gubernamentales se mantiene prohibido para la prensa independiente” en varios países, sumando obstáculos como la criminalización judicial, restricciones a la financiación y limitaciones tecnológicas. En el caso concreto de Honduras, la SIP subrayó la preocupación por campañas de difamación, intimidación y hostigamiento, muchas de ellas promovidas o amplificadas por las propias Fuerzas Armadas.
En los capítulos de México, Paraguay y Chile, la SIP registró un aumento en el acoso judicial, la utilización discrecional de la publicidad oficial y proyectos de ley que, a su juicio, ponen en riesgo el ejercicio del periodismo y la transparencia. El reporte también consideró el asesinato de periodistas y comunicadores como un grave indicador del contexto adverso que atraviesa la libertad de prensa continental.
Canadá: señales de retroceso
La SIP sumó a Canadá entre los países bajo observación por el descenso en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Aunque no se reportaron incidentes graves, el informe resalta “algunos proyectos que pueden afectar la libertad de prensa y el apoyo financiero del gobierno a medios afines”.
Diversos medios denunciaron discriminación en el acceso a eventos oficiales y restricciones a preguntas en actos políticos. El documento también advierte sobre la falta de transparencia y un proyecto de ley sobre “Perjuicio en Línea”, rechazado por activistas de la libertad de expresión.
Uruguay: libertad de prensa sin obstáculos
El único matiz positivo proviene de Uruguay, donde la SIP reconoció que “en este período no se han constatado hechos graves ni de singular relevancia que afectaran la libertad de prensa”. El informe subrayó que los medios, periodistas y usuarios de redes sociales operan sin obstáculos tras la asunción presidencial de Yamandú Orsi, aunque mencionó desafíos pendientes por el acceso limitado a la información pública y la tramitación judicial contra publicaciones periodísticas.
“Desde marzo, los periodistas y medios uruguayos han podido desarrollar sus actividades sin ningún tipo de obstáculos ni trabas”, destaca el texto.
La Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami y compuesta por más de 1.300 publicaciones, volvió a advertir en Punta Cana sobre un “deterioro generalizado” de las libertades informativas y llamó a gobiernos y organismos internacionales a garantizar la protección efectiva del periodismo en la región.
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