Colombia no solo perdió el control de la frontera que comparte con Venezuela, ahora se alista para una confrontación política y judicial con Perú por el dominio de la isla Santa Rosa. El Gobierno Petro también descuidó la segunda zona limítrofe más importante para el país, la ecuatoriana, que ahora está en manos de una macabra alianza criminal que amenaza la soberanía nacional.
En los últimos dos años, narcotraficantes y guerrilleros se adueñaron de 586 kilómetros y tienen las llaves de la puerta de ingreso y salida a Ecuador, según una docena de informes de inteligencia e investigaciones judiciales de ambas naciones que revela SEMANA.
Las Fuerzas Militares le reconocieron a esta revista, desde Quito y Bogotá, que sus soldados no tienen el mando en la región, y un equipo periodístico que se internó en el territorio durante varios días constató que los ejércitos fueron reemplazados por una poderosa mafia que les puso precio a los Estados. “Ellos han comprado todo lo que han querido. Tienen para pagar fiscales, jueces, uniformados y políticos. Se pasean allá y acá, pero no tenemos la capacidad de dominarlos”, detalló un alto oficial ecuatoriano, que le hace contrapeso al avance de los delincuentes al otro lado del lindero internacional.
La plata les ha alcanzado para construir puentes y carreteras en la selva con el fin de mover la cocaína que se cosecha en las montañas de Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo, unas de las principales despensas de las sustancias ilícitas que inhalan miles de personas en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.
Las autoridades han detectado 185 pasos clandestinos que custodian hombres con fusiles y escopetas, cuyas rutas también son utilizadas para ingresar la mayoría de las armas que mantienen viva la guerra en Colombia. Asimismo, por allí entran cientos de explosivos que perforan la tierra y permiten extraer metales preciosos de manera ilegal, que son el músculo financiero del Clan del Golfo.
Mientras los grupos ilegales tienen disponibles millones de dólares para delinquir y máquinas para producir centenares de billetes falsos que ingresan al mercado nacional, las autoridades no tienen recursos suficientes para enfrentarlos.
La XXIII Brigada del Ejército, que enfrenta la misión de sostener la soberanía en la jurisdicción de Nariño, tiene una reducción en el presupuesto de 2025 cercana al 21 por ciento (cuenta con apenas 77 millones de pesos) y la XXVII Brigada, que cumple con la misma tarea en Putumayo, no recibió recursos en 2024 y este año le consignaron 46 millones de pesos, de acuerdo con datos del Ministerio de Defensa. SEMANA indagó con la institución para conocer las razones de este drástico recorte y no hubo respuesta.
La Policía pasa por el mismo drama. Un alto oficial de la región reveló que, aunque hay un incremento en el número de uniformados y las diferentes especialidades hacen hasta lo imposible para cumplir con sus objetivos, el rezago operacional los tiene en desventaja frente a los enemigos: “No tenemos las capacidades para ponerles control a los pasos ilegales. Hay pocos recursos en tecnología, investigación e inteligencia. Por ejemplo, a la hora de estudiar un caso, no encontramos cámaras de seguridad. A eso se suma la difícil tarea con la comunidad, que no denuncia ni da información por el temor infundido por los criminales”.
Una paz fallida
Las autoridades ecuatorianas son conscientes de que la seguridad en Colombia ha estado condicionada por los diálogos de paz que sostiene la Casa de Nariño con los grupos criminales, y los coletazos se han sentido en su país. “Nosotros llamábamos a nuestros compañeros colombianos y nos decían que no podían operar por las restricciones de fuego, no podíamos hacer operaciones espejo, el Gobierno en Bogotá no los dejaba”, manifestó con asombro un coronel del Ejército ecuatoriano, quien resaltó que después de la serie de rupturas en esas conversaciones de paz volvieron a retomar las maniobras ofensivas y han podido propinar varios golpes en la frontera.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha tenido acercamientos con todos los criminales que delinquen en la zona limítrofe con Ecuador y con ninguno ha sido exitoso, según la evidencia recopilada por las unidades de inteligencia ecuatorianas y colombianas.
Por un lado, fracasaron las conversaciones con el Estado Mayor Central de las Farc, liderado por alias Iván Mordisco, que opera en Tumaco y Barbacoas a través del frente Oliver Sinisterra. Este grupo mantiene vínculos con carteles de México, Albania y Ecuador para la venta de cocaína, cuyos pagos reciben en efectivo, en productos de contrabando para dar apariencia de legalidad a sus operaciones, y en armas o drones que luego utilizan para atacar comunidades enteras, así como a policías y militares.
Por el otro, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con la facción de Iván Ríos, disidencia de la Segunda Marquetalia, sigue empuñando las armas y controlando territorios en los dos países para multiplicar sus ingresos, de la mano de capos europeos y mexicanos, principalmente en Ricaurte. “Se encargan de producir la cocaína y tienen suficientes conexiones para enviarla a los puertos ecuatorianos, que luego zarpan en submarinos”, describió un oficial colombiano a SEMANA.
A su vez, los Comandos de Frontera, que también se desmarcaron de alias Iván Márquez, no paran de asesinar y producir cocaína desde Putumayo e Ipiales. “Utilizan a las comunidades indígenas para sembrar la coca y para transportarla a través de sus resguardos hasta la frontera, donde reciben el cargamento los carteles ecuatorianos. Eso nos limita las operaciones y dicen que es algo ancestral, cuando es todo lo contrario. Nos protestan y hacen bloqueos cuando los afectamos, y estas comunidades les piden a las guerrillas que, como les cobran extorsiones, las defiendan, entonces, de las autoridades”, detalló la misma fuente bajo reserva.
Los Comuneros del Sur, disidencia del ELN, cuyo proceso de paz avanza con la entrega de armamentos y hasta hoy es calificado como un “éxito”, estaría siendo una farsa, según los hallazgos de las tropas en Cumbal, Mallama y Santa Cruz, del lado colombiano.
Interceptaciones telefónicas, testimonios y allanamientos en ambos países ponen en evidencia que los Comuneros del Sur habrían instalado un grupo delincuencial paralelo para poder seguir sosteniendo las economías ilícitas mientras negocian con el Gobierno Petro.
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