Ya no hacen asambleas ciudadanas en las comunidades del país, ni siquiera se reúnen en las casas de los partidos. El miedo, especialmente luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, ronda. El número de dirigentes y activistas detenidos y la persecución que no cesa ha empujado a muchos a la clandestinidad – donde la tecnología es la mejor aliada – o al exilio.
Desde el chavismo en el poder se ha decretado el nacimiento de una “nueva oposición” a partir de los comicios municipales del 27 de julio y hasta la “muerte” de organizaciones políticas como Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en la que hacen vida, en su conjunto. Altos voceros como el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la llama la “oposición extremista”, bajo el liderazgo de María Corina Machado, por seguir reclamando el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia hace un año.
Pero dirigentes nacionales partidistas, consultados por Efecto Cocuyo, aseguran que pese a la cruenta represión política no están desmovilizados y que en la actualidad transitan una etapa de evaluación y “reinvención” para adaptar la lucha por el cambio frente a un régimen no democrático, solo sostenido por la fuerza de las armas.
Creatividad y resiliencia
“La estrechez del espacio cívico representa en estos momentos para Primero Justicia, y en general para las organizaciones políticas, un gran desafío. Después de la elección presidencial, el patrón de represión ha afectado desde líderes nacionales hasta parroquiales, el equipo de defensa de voto fue el que más padeció por la defensa de las actas”, expresó la vicepresidente de Formación y Programas de PJ, Paola Bautista de Alemán.
La ONG Foro Penal contabiliza, hasta el 4 de agosto, 807 presos políticos, de los que 712 son hombres, 95 mujeres y cuatro adolescentes. PJ tiene registro de 13 presos políticos pertenecientes a sus filas recluidos en distintas cárceles del país y de 41 excarcelados -con medidas cautelares -luego de haber sido apresados en el contexto de las protestas postelectorales.
La detención más reciente es la de uno de sus líderes nacionales, Juan Pablo Guanipa, el 23 de mayo de 2025, dos días antes de los comicios regionales y parlamentarios. El exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, también está entre los detenidos e incomunicados desde el mes de octubre de 2024.
La dirigente nacional de PJ destaca que el “clima de terror” se sobrelleva con “creatividad y resiliencia”. La seguridad de todos los miembros de la tolda aurinegra es la prioridad, por ello ya casi no realizan actividades en espacios públicos ni reuniones partidistas presenciales de las estructuras nacional, regionales, municipales y parroquiales, sino remotas, a través de internet, con la periodicidad acostumbrada.
En la actualidad aplican un programa de “ajuste de la militancia”, comenta, para el cultivo de la conciencia política y el fortalecimiento de la identidad, con el propósito de seguir animando la lucha democrática. En este sentido, recalcó, que en PJ se mantienen activos en lo individual y como parte de la PUD.
“Clandestinidad no es igual a violencia”
“En VP tenemos 31 activistas detenidos, de allí que la mayoría de nuestras estructuras se encuentran en resguardo o en el exilio. Estamos en una etapa de reinvención en el funcionamiento organizativo para adaptarnos a la situación actual sin dejar de luchar, para seguir con nuestra labor social y democrática y mantener viva la unidad del 28 de julio (presidenciales). Al igual que otros partidos hacemos muy pocas actividades públicas y nuestras reuniones son vía telemática”, señala la coordinadora política de VP, Adriana Pichardo.
José Riera es el activista de VP más recientemente apresado y sometido, de acuerdo con la tolda fundada por Leopoldo López, a “desaparición forzada” desde el 26 de julio. El coordinador nacional de VP, Freddy Superlano, también fue detenido por los cuerpos de seguridad del Estado el 30 de julio de 2024 y desde entonces sus familiares y abogados no han tenido acceso al dirigente.
La exdiputada del Parlamento nacional rechaza la “satanización” que ha recibido el término de “clandestinidad” o “lucha subterránea”, empleados por Machado en su llamado a seguir la lucha por hacer valer la voluntad popular del 28 de julio. Sostuvo que nada tienen que ver con violencia o actividades ilícitas sino que los partidos han sido empujados, debido a la represión gubernamental, a una reorganización no pública.
Al igual que Bautista de Alemán y el presidente de Copei, Roberto Henríquez, defiende la vigencia de la PUD, conformada por ocho organizaciones: La Causa R, Encuentro Ciudadano, Convergencia -cuyo coordinador nacional, Biaggio Pilieri, tiene casi un año detenido- Acción Democrática (AD), Copei, Proyecto Venezuela, PJ y VP, tras la salida de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MPV) por participar en los comicios de 2025.
“La PUD está viva y unida, en una etapa de reflexión y ajustes para seguir con la agenda de lucha, para rescatar las libertades civiles y que oponerse deje de ser reprimido. En VP estamos en un debate profundo, una evaluación humana para salir a flote de manera segura y con los sectores aliados en la PUD, reconociendo el liderazgo de María Corina Machado”, recalcó Pichardo.
Liderazgo legitimado
Otros dirigentes de Copei y AD advierten al chavismo que el liderazgo opositor que lucha por una transición pacífica y democrática fue legitimado por una mayoría de votos el 28 de julio de 2024, a favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia (67% de la votación según las actas divulgadas por el Comando Con Venezuela frente a 33% para Nicolás Maduro), por lo que el nacimiento de una nueva oposición no es algo que se pueda decretar.
La dirigencia partidista rechaza los intentos de Miraflores de desplazar ese liderazgo a través de elecciones no democráticas y represión. Rodríguez, jefe de negociaciones de Maduro, advirtió que sólo se entenderían en una mesa de diálogo con los factores que obtuvieron más alcaldías el 27 de julio, a saber, Fuerza Vecinal y la Alianza Democrática con diputados en el Parlamento de mayoría chavista.
“La violencia no es una herramienta con la que luchamos, destacamos la naturaleza cívica de la dirigencia política. Ser instrumentales al gobierno no es ser oposición y no es justo que por mantenernos firmes nos repriman, es un rumbo equivocado. Exigimos respeto al liderazgo legitimado el 28 de julio y que antes también participó en negociaciones en México y el acuerdo de Barbados”, enfatizó Henríquez.
El también secretario ejecutivo de la PUD, tras la renuncia de Omar Barboza de UNT, indicó que 23 presos políticos han pertenecido a las filas de Copei, desde jóvenes hasta un adulto mayor de 80 años. Sin precisar la cifra, dijo que algunos han salido de la cárcel, pero se mantienen con medidas cautelares y siguen siendo víctimas de hostigamiento. Mientras tanto en AD se habla de más de 20 privados de libertad y en sus redes sociales muestran que persisten en actividades en las regiones.
“No estamos desmovilizados, el partido reorganiza sus estructuras locales en todo el país para recomponer, actualizar, vigorizar de manera segura para evitar la inacción. Por supuesto se siente mucho la presión por las detenciones, hemos tenido que hacer sustituciones en secretarías acéfalas por la persecución y hay menos presencia en la calle pero eso no quiere decir que no estemos trabajando, solo que es una nueva realidad, pedimos a nuestra militancia que no se ponga en riesgo si no es necesario y que se proteja a los sectores juveniles”, expresó un dirigente adeco que pidió mantener su nombre en reserva.
“Apegados al 28 de julio”
En Encuentro Ciudadano (EC), la dirigencia nacional, encabezada por su presidenta Delsa Solórzano, se maneja con un bajo perfil desde los comicios presidenciales de 2024, como consecuencia de la profundización de la represión. La también exdiputada nacional solo hace pronunciamientos a través de sus redes sociales en temas relacionados con presos políticos y violaciones de derechos humanos, en su mayoría.
Sin embargo, la tolda política también realiza ajustes sin dejar de pedir a sus activistas en las regiones que eviten situaciones que pongan en riesgo su libertad. Un ejemplo es la reciente designación de una nueva dirección política para el estado Anzoátegui como parte de una “reorganización interna” que adelanta EC en la entidad oriental “con miras a fortalecer su presencia territorial para afianzar liderazgos locales”, según nota de prensa.
“Seguimos apegados a lo que ocurrió el 28 de julio, cuando la población votó mayoritariamente por un cambio. Nuestra postura sigue siendo firme y coherente con relación a que hubo un fraude y hay un triunfo por cobrar. Como todos los partidos pasamos por un momento difícil, en el que no hacemos activismo presencial por seguridad, pero aun así trabajamos por el crecimiento de EC”, señaló a Efecto Cocuyo, el nuevo presidente de EC en Anzoátegui, Diogenes Castellín.
El Comité Ejecutivo Regional de EC se reúne cada 15 días, dijo, y también se apoya en la tecnología para que sus miembros no se expongan. Resaltó que actualmente se concentran en la conformación de nuevos equipos en los municipios y hacer presencia en la zona sur y parte del norte de Anzoátegui, donde todavía la tolda no cuenta con activistas organizados.
“Asumimos la realidad, pero sin dejar de avanzar en medio de las circunstancias, paso a paso. No estamos de brazos caídos como se quiere hacer ver y de hecho actualmente realizamos talleres de formación ideológica vía remota. Esa nueva oposición que quieren imponer no representa el deseo de cambio de los venezolanos y la muestra son los poquísimos votos que obtuvieron el 27 de julio”, subrayó el dirigente regional.
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