La ONG Provea exigió este miércoles una medida humanitaria y la liberación de la activista venezolana y presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien permanece detenida desde febrero de 2024 tras ser acusada de tener un supuesto vínculo con una «trama conspirativa» que buscaba «atentar» contra el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios.
A través de X, Provea indicó que San Miguel fue acusada y presentada ante un tribunal contra el terrorismo en Caracas «sin derecho a designar a sus abogados de confianza».
«El Gobierno de Maduro la acusa de ‘terrorismo’ y ‘traición a la patria’ por su labor en Control Ciudadano, donde documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares», subrayó la organización no gubernamental, que exigió el «respeto a sus derechos fundamentales y el debido proceso».
San Miguel fue detenida el 9 de febrero del año pasado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
Según el fiscal general, Tarek William Saab, la activista «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a legaciones de otros tres países, que no precisó.
En diciembre pasado, el abogado de la presidenta de Control Ciudadano, Juan González Taguaruco, dijo a EFE que ella sufrió una fractura al caerse como consecuencia de un mareo producido por una laberintitis, que «no fue debidamente atendida» y, desde entonces -aseguró-, «se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos».
Actualmente, se desconoce si San Miguel fue operada o si ha recibido atención médica especializada.
EFE
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