La primera dificultad que debe enfrentar cualquier interesado en lo que está ocurriendo en la región del Catatumbo es determinar cuáles son sus límites geográficos. Una primera aproximación nos dice que se trata de una zona que comparten los departamentos colombianos de Norte de Santander y del Cesar, de una extensión aproximada de 4.900 kilómetros cuadrados, en la que vivían, al cierre de 2024, alrededor de 320.000 personas (este número es solo una estimación y no una cifra oficial). Del total, cerca de 280.000 son ciudadanos colombianos. Los 40.000 restantes son venezolanos que, en su mayoría, han cruzado la frontera huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro.
Sin embargo, esta primera información omite un aspecto fundamental: que el Catatumbo cruza la frontera y se extiende sobre territorio venezolano, lo que significa sumar no menos de otros 15.000 a 20.000 kilómetros cuadrados a la incalculable complejidad de la región. He leído análisis que sostienen que, en la realidad de sus proyecciones e intercambios, la región del Catatumbo llega hasta Maracaibo, capital del estado Zulia, y principal ciudad del occidente venezolano.
Del Catatumbo puede decirse que: es un conglomerado de geografías. Tiene partes selváticas -propicias para los cultivos ilegales y para guarecer a delincuentes-, amplias zonas llanas y otras de carácter montañoso. Es, como otras regiones de la fascinante geografía colombiana, un lugar bien servido por la naturaleza. En su seno, además de abundantes riquezas minerales -carbón, oro, mármoles, piedras calizas y otras bondades- se produce la mata de coca con relativa facilidad. Décadas atrás ha sido el lugar donde han vivido campesinos dedicados a la agricultura, la ganadería y hasta la pesca proveniente de las aguas del río Catatumbo. Tengo que añadir que por sus espacios pasa el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que lleva el petróleo extraído en el Departamento de Arauca hasta el puerto que está ubicado en el Departamento de Sucre, en la costa norte. Es ineludible agregar que, a pesar de sus riquezas, el Catatumbo ha sido una región de pobreza crónica: alejada de Bogotá, la capital; alejada de los pujantes centros industriales de la nación colombiana; desprovista de una sólida presencia del Estado en cuestiones fundamentales como servicios de salud, centros educativos e instituciones que promuevan la convivencia, hagan valer el respeto a la ley e impongan la justicia.
Desde hace casi seis décadas -más o menos desde mediados de los años setenta-, el Catatumbo es un territorio en disputa, sometido a implacables confrontaciones militares entre distintos grupos narcoguerrilleros, paramilitares y el ejército de Colombia. Desde 1977, han sido asesinados alrededor de 8.000 personas, y no menos de 20.000 familias han debido huir, sin tener cómo defenderse de las violencias delictivas, militares y paramilitares. El Catatumbo tiene algo de infierno: vive en permanente estado de ebullición, y cada tanto se despiertan los demonios con una ferocidad demencial, arrasando con las vidas de seres humanos indefensos, lo que incluye niños, mujeres y ancianos.
Entre las múltiples razones que lo han elevado a un crónico territorio en disputa, dos tienen una destacadísima relevancia. Una, la de ser una zona en la que los cultivos de cocaína se producen protegidos de la acción del ejército colombiano, rodeados por la selva intrincada. La otra, cada vez más importante y decisiva, es la proximidad fronteriza con Venezuela. De esta combinación de asuntos trata el riesgo que esa suerte de territorio sin ley que es el Catatumbo representa para los ciudadanos de Colombia y Venezuela.
¿Cuál es el factor, especialmente en la última década, que ha potenciado la peligrosidad del Catatumbo? Lo que ha cambiado es la alianza entre las narcoguerrillas y el régimen de Maduro. La narcoguerrilla no solo ha encontrado un socio para asegurar los envíos de droga hacia América Central, México, Estados Unidos y la costa atlántica de Europa. También cuenta con un Estado que le presta múltiples servicios: protección militar para sus operaciones y para asegurar que no haya intrusos en las trochas despejadas para el transporte de los cargamentos de droga; centros de salud para atender a los narcoguerrilleros; hoteles de distinta categoría para el descanso y vacaciones de los delincuentes; información sobre bienes y propiedades inmobiliarias que pueden ser adquiridas por los narcoguerrilleros, así como un sinnúmero de mecanismos de legitimación y ocultamiento de dinero en efectivo, joyas, bienes personales y armas. La gravedad de este sistema de complicidades entre sectores de las fuerzas armadas venezolanas y la narcoguerrilla alcanza este extremo: un militar venezolano que ha instalado una casa de reposo exclusiva para narcoguerrilleros, atendida por señoritas entrenadas para satisfacer requerimientos y hacer silencio.
La guerra en curso, entre las disidencias de las FARC y el ELN no debe distraernos del trasfondo de la confrontación: ambos quieren lo mismo. Ambos aspiran a la sociedad con Maduro, Cabello y Padrino López. Que los enfrentamientos hayan llegado a las armas se debe a que el ELN se negó a compartir una parte de los envíos de cocaína a Venezuela. El ELN quiere 100% del negocio, aprovechar que, ahora mismo, concentra la sociedad con Maduro y sus generales.
Tienen un plan, una especie de rico y vasto territorio de impunidad, fuera de la jurisdicción efectiva de ambos países, donde el madurismo y la narcoguerrilla puedan operar con total garantía de impunidad. Aspiran a construir una especie de “republiqueta” fuera de la vista de autoridades, organismos de inteligencia, policías, medios de comunicación y luchadores sociales, para producir y exportar cocaína sin sobresaltos, a lo largo de las próximas décadas.
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