A través de un decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa inició en marzo de 2025 el proceso para terminar el Acuerdo Binacional Migratorio con Venezuela, firmado en 2011 durante el gobierno de Rafael Correa.
El estatuto buscaba fortalecer la relación entre ambos países, así como facilitar la regulación y la permanencia legal de los migrantes.
A mediados del presente mes de agosto, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional, aprobó el informe que permite que este trámite pase al pleno, donde será debatido en las próximas semanas en busca de una resolución definitiva.
De concretarse su derogación, la entrada de ciudadanos venezolanos se limitará a una visa de turista de 90 días, sin posibilidad de extensión ni de regularización automática después de 180 días, lo que complica la situación de miles de migrantes en el país.
Representantes de la comunidad venezolana advierten que esta medida profundizará la informalidad laboral y limitará el acceso a derechos básicos como salud, educación, cuentas bancarias y seguridad social.
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