En medio de una ola de violencia que expone el fracaso de su estrategia de “paz total”, el presidente Gustavo Petro ordenó el sábado la creación de una «zona de paz» cerca de la frontera con Venezuela para disidentes de las extintas FARC que en enero fueron atacados por el ELN en una violenta arremetida.
Colombia atraviesa su peor crisis de seguridad en una década por la violencia de los grupos armados ilegales que amenazan la apuesta del mandatario izquierdista por desactivar una guerra interna de medio siglo mediante el diálogo.
En enero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) recrudeció la guerra en la región del Catatumbo con una sangrienta ofensiva contra el Frente 33, un grupo de disidentes de las FARC que rechazaron el histórico acuerdo de paz en 2016.
«Muertes y desplazamientos»
Enfrentamientos y asesinatos selectivos en la zona dejaron más de 70 muertos y 55.000 desplazados. Decenas de combatientes del Frente 33 se entregaron voluntariamente a las autoridades para ponerse a resguardo.
En esa región fronteriza con Venezuela, anunció Petro en la red social X el sábado, «se acuerda zona de paz para la dejación de la violencia» con el Frente 33. «Allí se congregarán los combatientes y armas», agregó sin detallar si existiría un proceso de entrega de armamento.
El Frente 33 está adscrito a la mayor agrupación de estructuras disidentes de las FARC, conocida como el Estado Mayor Central (EMC), que el año pasado se dividió en dos tras la retirada de la mesa de su principal comandante, alias Iván Mordisco.
Desde entonces, la facción leal a Mordisco aumentó su presión violenta contra el Estado mientras otro bando al mando de alias Calarcá, que incluye al Frente 33, continúa en los acercamientos.
En su publicación en X, Petro adjuntó un comunicado conjunto firmado por delegados del gobierno y los disidentes en la mesa de conversaciones.
Según el documento, para la instalación de esta zona se consideraron las «condiciones de seguridad, logísticas, geográficas y administrativas» necesarias para cumplir con las «necesidades básicas de permanencia temporal» de los combatientes.
«Operaciones militares»
El anuncio de Petro, difundido por redes sociales, contempla la concentración de combatientes y armas, sin especificar condiciones de desarme ni garantías para los habitantes. Además, a mediados de abril, el mandatario ordenó suspender operaciones militares contra estas disidencias en varias regiones del oriente y sur del país, debilitando aún más la autoridad del Estado en zonas de alta conflictividad.
La guerra interna de Colombia ha enfrentado por más de medio siglo a guerrillas, fuerzas estatales y paramilitares y deja unas 9,9 millones de víctimas, la mayoría desplazados.
El país tiene actualmente unos 22.000 narcos y rebeldes en armas.
Sectores opositores colombianos alertan que esta estrategia, lejos de garantizar la paz, facilita el rearme y la expansión de estructuras criminales con apoyo tácito o directo desde Venezuela, un país sin control efectivo en sus estados fronterizos y tolerante con la actuación de grupos irregulares
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