Hubo un tiempo en el que el cubano Daniel Morejón García se movía con autoridad entre los habitantes de Las Cañas, un poblado al suroeste de La Habana que no tiene cementerio, pero sí una fábrica de pienso, una calle central, una línea de tren, una farmacia, un parque y una sala de cine. Morejón, de 57 años, es un tipo alto, corpulento, hasta “buen mozo”, según dicen quienes le conocen. Siempre vistió bien y ostentaba una pistola que saltaba a la vista de los vecinos. Algunos lo tildan de “arrogante”, otros dicen que le gustaba alardear con el poder que le habían concedido. “Quería imitar al dictador Fidel Castro, y así se comportaba”, asegura Maykel Bencomo, de 43 años, quien lo conoce desde niño y lo recuerda moviéndose con peculiar altanería entre la gente común de Las Cañas. Pero ahora los roles se han invertido, y Morejón no es el que intimida, sino el que siente miedo. No es el que manda a la cárcel a los anticastristas en Cuba, sino el reo en Estados Unidos.
Andrea Betancourt, de 55 años, recuerda como si fuera hoy el día en que, en un mismo juicio, a ella le redujeron a tres una condena de seis años de privación de libertad, y Morejón salió airoso, libre de cualquier culpa. El 11 de julio de 2021 —una fecha guardada en la historia reciente cubana como el día en que miles de personas se tiraron a las calles exigiendo libertad y reformas— Andrea se fue al parque del pueblo, junto a la manifestación que arrastraba a decenas de personas.
En un momento, vio cómo Morejón, vestido de civil, se abalanzó sobre su vecino Armando Martínez Luis, de 64 años, propinándole no pocos golpes delante de todos. “Fue un abuso”, dice ella, quien ya cumplió su condena por desacato a la autoridad trabajando en labores en el campo. Hasta ese día, en el pueblo sabían que Morejón tenía cierta autoridad, pero no tanta. Convirtió a Las Cañas en una especie de rancho, donde administró lo mismo la fábrica de pienso, el restaurante principal, que el sitio donde vendían los famosos batidos de plátano. En la ciudad de Artemisa, donde vivía, presumía de un “excesivo lujo”, con casas que contrastaban con las del resto. Algunos dicen que “lavaba dinero” con ciertas mipymes, como se conoce a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas en Cuba, y que tenía vínculos con el grupo empresarial militar GAESA en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Pero fue el 11 de julio cuando supieron que Morejón era un sujeto mucho más “peligroso” de lo que creían.
“El pueblo en sí no sabía que era una persona con cargos” en el Partido Comunista y el Gobierno, cuenta Andrea. El día de la protesta, ella fue de las que intervino para que Morejón se apartara de Martínez Luis, a quien golpeaba con saña. El castigo para Andrea y otras cuatro personas más fueron sentencias que alcanzan hasta los ocho años de privación de libertad por desacato a la autoridad. Algunos aún permanecen encarcelados en la prisión de Guanajay. A Morejón, sin embargo, lo premiaron con una medalla durante una ceremonia en el parque del pueblo. “Por su buen trabajo reprimiendo a la gente que se reveló el 11 de julio”, dice Sonia, vecina de Las Cañas, ahora exiliada.
Cuatro años después de aquel suceso, en Las Cañas, un pueblo donde todo el mundo está emparentado, algunos se han acercado a Andrea a hablarle de Morejón. No solo se había mudado a Estados Unidos hace un tiempo, sino que trascendió que “su represor”, el hombre por el que terminó cumpliendo una condena, ahora permanecía en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).
A mediados del pasado mes de marzo, la agencia federal anunció públicamente la detención en Florida de Morejón, quien se había asentado hace un tiempo en la casa de una de sus hijas en Miami. En fotos difundidas del día del arresto, se ve al cubano con el rostro compungido, esposado de manos, mientras dos policías lo conducen a un auto del Departamento de Seguridad Interior (DHS). “Se creía tan infalible, que vino a terminar acá, en Miami”, dice Sonia, quien no puede negar el alivio de verlo en custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.
La detención, según DHS, se llevó a cabo luego de que una investigación revelara que Morejón hizo “declaraciones fraudulentas” al ingresar al país y esconder sus filiaciones con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. En su solicitud de emigración, el cubano omitió que era miembro del Partido Comunista, agente del Ministerio del Interior, presidente del Consejo de Defensa Nacional de Artemisa y miembro de las Brigadas de Respuesta Rápida, una especie de escuadrón represor del que el Gobierno echa mano para aplacar manifestaciones antisistema como las de 2021. La ley estadounidense es clara en sus políticas para abordar la “inadmisibilidad” de “cualquier posible inmigrante” al país por membresía o afiliación al Partido Comunista o a cualquier otro “partido totalitario”, lo que consideran una “amenaza a la seguridad” nacional.
El abogado de inmigración Santiago Alpízar, quien está al frente de Cuba Demanda, una iniciativa que desde hace más de diez años denuncia la protección a “represores” cubanos en Estados Unidos, asegura a EL PAÍS que, al presuntamente mentir en una solicitud de residencia o algún tipo de documento migratorio, Morejón cometió “al menos un delito de perjurio y, además, un fraude migratorio, porque está tratando de obtener un beneficio con falsedades y ocultando su pasado represivo”. “En dependencia de la gravedad del delito, puede cumplir penas de hasta 60 meses en una cárcel federal”, sostiene.
Hoy, Morejón se encuentra bajo custodia de ICE y a la espera de su deportación a la isla. Algunos vecinos de Las Cañas, que se unieron para denunciar todo el daño que Morejón causó en el pueblo, asumen su detención como una victoria. “Me alegro muchísimo de que se esté haciendo justicia, de que las personas que han hecho tanto daño en Cuba sean devueltas”, asegura una de ellas, Katty —prefiere no dar su apellido—, pero que lo conoce desde hace años, desde antes de emigrar a Mississippi. “Es un triunfo inmenso, porque, cuando yo era una niña, en mi casa la policía hacía registros y me tiraban de la cama, y esas personas vinieron a este exilio y yo no pude hacer nada. Daniel se creía tan potente, tan importante, que pensó que podía venir a este país. Pero no, señor, usted se queda donde lo enseñaron a ser un represor”.
“Me preocupa ver a los políticos actuando como fiscales”
Morejón no es el único represor cubano en la mira de las autoridades migratorias de Estados Unidos, sino uno de los 100 nombres que integran la lista que el congresista republicano de Florida, Carlos Giménez, ha facilitado a las autoridades estadounidenses para que valoren su deportación a la isla. “La presencia de estos operativos del régimen no sólo pone en peligro nuestras comunidades, sino que también brinda al régimen cubano una base para espionaje, coerción política y actividades ilícitas dentro de nuestras fronteras”, dijo el congresista en una carta dirigida a la secretaria del DHS, Kristi Noem.
Algunos de los casos más mencionados son los de la exjueza Juana Orquídea Acanda Rodríguez, 62 años, deportada a Cuba en abril tras entrar a Estados Unidos sin informar sobre sus vínculos con el Partido Comunista. Otras personas arrestadas por las autoridades estadounidenses son Tomás Emilio Hernández Cruz, de 71 años y exmiembro de la Inteligencia cubana, quien supuestamente mintió para obtener su residencia permanente, o la ex jueza Melody González Pedraza, quien en Cuba condenó a cuatro jóvenes por salir a protestar y ahora permanece detenida en Estados Unidos.
En los últimos tiempos, políticos republicanos de Florida han acusado de la afluencia de represores —no solo cubanos sino de otros países como Venezuela o Nicaragua— a la administración demócrata de Joe Biden, por facilitar la entrada de muchos migrantes con programas como el de parole humanitario. Aunque lo cierto es que desde hace décadas los llamados represores también han formado parte del éxodo cubano, asentado mayormente en el Sur de la Florida, algunos ven en esta reciente “cacería” un matiz político contraproducente para una comunidad que, por primera vez, también está enfrentándose a la irregularidad migratoria.
“En el momento en que Cuba está más débil en toda su historia, en vez de enfocarnos en buscar soluciones para el futuro, hemos comenzado con una cacería de brujas”, le dice a EL PAÍS el excongresista de Florida Joe García. “Temo también que esto se use como un Tren de Aragua, para perseguir a los cubanos”.
Algunos ven en esta “cacería” una similitud con la persecución que por décadas el Gobierno ha desatado contra quienes se le oponen, ya sea enlistando nombres o cancelando a los que piensan diferente. Se corre el riesgo, además, de estigmatizar a personas que llegan de un país donde es prácticamente obligatorio pertenecer a organizaciones políticas como el Partido Comunista o la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).
“Lo que más me preocupa es ver a los políticos actuando como fiscales”, sostiene García. El abogado insiste en que, para aquellos que han cometido abusos comprobables de mano del Gobierno cubano, existen leyes como la Magnitsky, que se aplica a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. “La nación cubana va a tener que encontrar en el futuro la mejor manera de hacer justicia. Se han hecho cosas horrendas de ambos lados, pero lo que sí es inaceptable es que alguien sea acusado por personas que no tienen evidencias y esto se convierta en una táctica política para ganar espacio”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario