Después de la intensa polémica nacional e internacional en torno a la calidad del resultado de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio pasado, el régimen chavista, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha convocado a una nueva consulta: las elecciones parlamentarias y de gobernadores del próximo 27 de abril. El chavismo quiere dar por zanjada una votación que con toda seguridad fue amañada. Nicolás Maduro se autoproclamó de nuevo presidente el 10 de enero ante la impotencia del mundo.
Al huir hacia adelante, la revolución bolivariana acude a una de las cláusulas estratégicas por excelencia en estos 25 años en el poder para inmovilizar y confundir al enemigo: convocar a nuevas elecciones como palanca para pasar la página. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se reunió recientemente con las fuerzas políticas presentes en el legislativo (en el cual está totalmente excluida la oposición de María Corina Machado y Edmundo González, considerado presidente electo por Estados Unidos y la Unión Europea), con el objeto de consolidar una declaración institucional con algunos partidos minoritarios que tuviera apariencia convocante y plural.
El llamado a estas elecciones parlamentarias, de gobernadores y consejos legislativos regionales (las de alcalde quedaron diferidas para más adelante) fue hecho por el presidente del CNE, Elvis Amoroso, quien afirmó que los participantes a estos comicios “deben suscribir un documento comprometiéndose a respetar y a acatar todos los eventos concernientes a la elección y los resultados emitidos”. Esta es la misma exigencia que le hacía Jorge Rodríguez a las corrientes opositoras en la campaña electoral de las pasadas elecciones presidenciales.
El llamado del CNE, como era de esperar, abrió una nueva polémica entre las corrientes políticas opositoras. Si bien en los mandos formales opositores, y por amplia mayoría, persiste férrea la tesis de hacer respetar la amplia victoria electoral de Edmundo González Urrutia, algunos sectores minoritarios del campo democrático insisten en que es necesario presentar candidatos alternativos al chavismo en estos comicios, aún a pesar de la enorme cantidad de preguntas sin respuesta en las pasadas elecciones presidenciales.
Los defensores de la tesis de asistir a votar “a pesar de todo”, sostiene que el campo democrático tiene espacios de gobierno de los cuales no debe prescindir. Esa tesis es defendida por sectores civiles cercanos a las universidades, además de partidos minoritarios que tienen presencia parlamentaria, algunos acuerdos políticos con el chavismo y no pertenecen a la Plataforma Unitaria, como Avanzada Progresista.
Pero esta tesis ha tocado con alguna hondura partidos que pertenecen a la Plataforma Unitaria (espacio político que Maduro quiere excluir definitivamente del debate político local y que desconoce la legitimidad de Maduro en el poder). Ahí se encuentran Un Nuevo Tiempo, el Movimiento Progresista de Venezuela y Primero Justicia. En el segundo caso en una posición levemente minoritaria.
El interés por romper filas y presentar nombres para “salvar espacios” de gobierno en el país y el parlamento del chavismo, es particularmente manifiesto en los políticos regionales que tienen aspiraciones de gobierno, aún en este discutible contexto democrático. Durante todos estos años ha sido tradicional que Nicolás Maduro asigne unos “protectores” nombrados por él, que condicionan severamente la gestión de los gobernadores opositores electos.
Iraida Villasmil, de Un Nuevo Tiempo, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, con mayoría opositora, presidió una sesión para reconocer la autoridad de Maduro como presidente de la República. “Yo reconozco la autoridad que está sentada en Miraflores y que fue juramentada por el Poder Legislativo Nacional. A mí no me gustaría, siendo yo la presidenta del Consejo Legislativo Regional, en el acatamiento de mis propias obligaciones y deberes, que me estuviesen cuestionando otros poderes”, se justificó Villasmil en un video que ha surcado las redes sociales.
Se cree que Manuel Rosales, máximo líder de Un Nuevo Tiempo y gobernador del estado Zulia, va a presentar su candidatura, reconociendo a Maduro y ateniéndose al resultado que le ofrezca Elvis Amoroso. Rosales, que en estos meses ha sido amenazado de nuevo por el Gobierno, fue visto en la plenaria del Consejo Federal de Gobierno, presidida por Nicolás Maduro, reconociendo su autoridad.
Acción Democrática, otro partido de la Plataforma Unitaria, expulsó hace poco de sus filas a Sergio Garrido, actual gobernador del estado Barinas, y al concejal del municipio Baruta, José Luis Vargas, por reconocer de manera expresa a Maduro como presidente luego del fraude electoral del 29-J. Garrido fue el candidato que presentó la unidad opositora para derrotar al oficialismo en el estado natal de Hugo Chávez en 2021. En estos últimos años, Acción Democrática ha tenido una costosa sangría de dirigentes expulsados de sus filas por entenderse con el chavismo y desconocer los resultados electorales que dieron ganador a Edmundo González Urrutia.
Por su parte, Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, (un político muy comprometido con la defensa de la victoria electoral de González Urrutia, cercano a María Corina Machado) pidió la expulsión del partido del gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez, por reconocer a Maduro y acompañarlo en sus posiciones. La propuesta no se ha podido concretar, puesto que dentro del partido los votos están parejos.
Contraviniendo la línea oficial de Primero Justicia que defienda Guanipa, Henrique Capriles, ex candidato presidencial, uno de los dirigentes fundamentales del partido, ha afirmado que irá a votar y promoverá la participación de los sectores democráticos en estos comicios, “esa será una manera de reivindicar la victoria electoral del 28 de julio”.
Andrés Caleca, del Movimiento Progresista de Venezuela, resuelto defensor del resultado electoral del 28-J, y que ha acompañado a Machado en su peregrinaje nacional de estos años, ha anunciado que su partido participará en los comicios, y que no hay en ellos contradicción con la defensa del resultado anterior. “Sabemos que corremos riesgos. Pero como hicimos en las elecciones presidenciales, nosotros enfrentaremos a esta dictadura en esta y cualquier elección”.
Desde la clandestinidad, María Corina Machado, líder indiscutida de las corrientes opositoras en las calles, desautorizó categóricamente estas aproximaciones. “Las elecciones fueron el 28 de julio. Ese día el pueblo eligió. El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo. Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto, es desvirtuar el voto popular”.
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