El foro “El camino político a 2025″ organizado por La Gran Aldea reunió a figuras clave del ámbito político y empresarial venezolano para analizar el complejo panorama que se avizora en el país. Los participantes coincidieron en que el escenario político será difícil, marcado por tensiones internas y presiones externas relacionadas con la legitimidad del gobierno tras el 10 de enero de 2025.
Desde la perspectiva empresarial, el foro evidenció dos enfoques estratégicos principales: el pragmatismo para asegurar la supervivencia económica y la necesidad de preservar los valores democráticos. Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de Fedecámaras, subrayó que la prioridad del empresariado es “caminar” y actuar en función de las necesidades del país, asegurando bienes y servicios, pero sin desatender los principios democráticos.
Jorge Roig, expresidente de Fedecámaras, destacó que, aunque no existe un diálogo político efectivo, sí se mantiene un canal de comunicación entre el sector empresarial y el régimen a través del diálogo social. Para el sector empresarial, la estrategia es “prevalecer” y mantener abiertas las empresas, a pesar de las críticas que esto pueda generar en sectores opositores.
Roig defendió el papel del sector empresarial, afirmando que su enfoque no implica una “huida”, sino una estrategia de resistencia frente a un régimen complejo. Polesel reforzó esta idea, argumentando que proteger la propiedad privada y mantener las empresas operativas es esencial para enfrentar cualquier cambio futuro en el país. Ambos líderes dejaron claro que su responsabilidad es con los trabajadores, accionistas y clientes, en un entorno donde cualquier posibilidad de mejora depende de mantener el aparato productivo activo.
Análisis político y social
Desde una perspectiva política, el foro “El camino político a 2025″ permitió explorar visiones contrapuestas sobre la realidad venezolana y las posibilidades de cambio. Walter Molina Galdi, politólogo y colaborador de La Gran Aldea, presentó una postura contundente al describir al régimen de Nicolás Maduro como el origen de la crisis nacional. Señaló que el colapso económico, la represión y las violaciones a los derechos humanos son el resultado directo de 25 años de un régimen autocrático. Para Molina Galdi, no hay posibilidad de coexistencia con un gobierno que atenta contra las libertades fundamentales.
Por su parte, Paola Bautista de Alemán, doctora en ciencia política, subrayó la tensión entre la voluntad de cambio de los venezolanos y la resistencia del régimen a reconocer esa realidad. Insistió en que la lucha democrática debe abarcar todos los aspectos de la vida social y económica, pues no es posible lograr libertad económica sin una auténtica libertad política. Citó el caso del 28 de julio como un momento clave que reflejó el deseo popular de cambio, señalando que esa tensión será determinante en el escenario político de 2025.
Debate sobre el papel del empresariado
El foro también reveló un intenso debate sobre el papel de Fedecámaras y la actuación del sector empresarial ante el contexto político. Molina Galdi criticó lo que consideró una postura acomodaticia de algunos líderes empresariales, cuestionando si la búsqueda de estabilidad económica puede justificar cierta distancia frente a la lucha política. Mencionó casos de empresarios encarcelados y el silencio institucional frente a esas injusticias, alertando sobre los riesgos de no asumir un compromiso más claro en defensa de la democracia.
Bautista de Alemán coincidió con esa postura, criticando la idea de una “legitimidad de desempeño” propuesta por Roig, que implica colaborar con el régimen sin exigir cambios políticos sustanciales. Consideró que el sector empresarial debe asumir una postura activa contra las violaciones de derechos humanos y el debilitamiento de la democracia.
En respuesta, Tiziana Polesel defendió el papel de los gremios empresariales, afirmando que su prioridad es mantener las empresas operativas en un entorno hostil. Argumentó que el sector político también ha cometido errores y que los empresarios no pueden cargar con toda la responsabilidad. Afirmó que cada sector debe cumplir su rol para lograr un cambio estructural en el país.
El foro concluyó con un análisis prospectivo sobre los posibles escenarios políticos y económicos que enfrentará Venezuela después del 10 de enero de 2025. Jorge Roig anticipó un panorama marcado por el aislamiento internacional, nuevas sanciones y el estancamiento económico, especialmente si el gobierno no logra obtener reconocimiento externo ni mejorar su gestión interna. Advirtió que no espera aumentos salariales significativos, ya que el gobierno probablemente continuará con una política basada en bonos y subsidios directos para evitar presiones fiscales adicionales.
Por su parte, Tiziana Polesel resaltó que, independientemente de lo que ocurra en el ámbito político, la misión del sector empresarial será seguir produciendo y generando empleo. Considera esencial mantener las empresas abiertas para que el país tenga una base económica activa en caso de un eventual cambio político. Insistió en que las empresas deben proteger la propiedad privada y asegurar que los bienes y servicios sigan llegando a la población, a pesar de las dificultades crecientes.
Walter Molina Galdi ofreció una visión más pesimista, alertando sobre la posibilidad de una mayor represión y una profundización del régimen autoritario. Subrayó que cualquier apertura económica que el gobierno pueda permitir sería táctica y temporal, dependiendo de sus intereses políticos. Expresó que, en un entorno tan inestable, nadie está a salvo, ya que el régimen podría cambiar de actitud en cualquier momento, incluso contra empresarios que han optado por no involucrarse en la política.
Finalmente, Paola Bautista de Alemán proyectó que la tensión entre el deseo de cambio de los venezolanos y la resistencia gubernamental será un factor central en 2025. Consideró que esa lucha determinará la evolución del país, subrayando que la democracia no es solo un objetivo político, sino una condición necesaria para alcanzar estabilidad económica y justicia social.
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