La instalación de la Asamblea Constituyente venezolana impulsada por el Presidente Nicolás Maduro no pudo ser frenada por la oposición, ni por lo cuatro meses de protestas, ni por los más de 120 muertos, ni por las sanciones y presión internacional, ni tampoco por la divisiones en el interior de las filas del chavismo, un problema que llama la atención por los nombres y cargos de los disidentes, pero que para el oficialismo no es nada nuevo.
El caso más representativo de esta crisis es el de la fiscal Luisa Ortega. En 2007, la abogada llegó a la fiscalía de Venezuela de la mano del Presidente Hugo Chávez, en 2014 lideró el proceso contra el opositor Leopoldo López y la destitución de la diputada María Corina Machado. Así, hasta los últimos días de mayo pasado, cuando Ortega dijo que "daría la vida" por defender la Constitución de 1999, que el gobierno de Maduro sepultó con la Constituyente. Así hasta el sábado pasado, cuando Ortega fue destituida.
No es la primera jerarca que se vuelve contra el régimen, acostumbrado a la disidencia en sus filas desde los primeros años en el poder. Y acostumbrado, también, a neutralizar a esas voces.
El oficialismo le aplicó a Ortega un guión conocido: anular las decisiones del Ministerio Público con el poder del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, leal al chavismo), amenazar con quitarle las funciones y, finalmente, la destitución. Una historia que, en los 19 años de chavismo, parece cíclica.
Desde el cuartel
El actual gobernador de Zulia, Francisco Arias Cárdenas, fue uno de los militares golpistas que, liderados por Hugo Chávez, intentaron derrocar a Carlos Andrés Pérez en 1992. Arias Cárdenas apoyó también a Chávez en la carrera presidencial de 1998. Hasta el 2000, cuando el militar rompió con el oficialismo y compitió (y perdió) con Chávez en las presidenciales de ese año en el marco de la nueva Constitución. Arias Cárdenas pidió disculpas y volvió al chavismo en 2005.
Otro caso es el de Jesús Urdaneta, también golpista del 92, fue nombrado jefe de los servicios de inteligencia cuando Chávez llegó al poder. Renunció un año después. Pero esos casos se dieron en un contexto diferente.
El proceso de ruptura democrática comenzó en 2006, después que Chávez se sobrepusiera a un golpe de Estado, un referéndum revocatorio, paros nacionales, después de tomar el control del Parlamento en 2005 y de ser reelegido un año después, con casi el 62,8% de los votos. Ahí aceleró su "socialismo del siglo XXI" y vinieron las disidencias emblemáticas. Como la de Raúl Isaías Baduel.
Amigos desde la Academia Militar, Baduel rescató a Chávez después del golpe de Estado de 2002. La ruptura llegó en 2007, cuando Baduel se opuso a la reelección indefinida que Chávez buscaba mediante un referéndum constitucional. El militar denunció el alejamiento democrático del chavismo, y actualmente cumple una condena por "apropiación indebida" de dinero estatal cuando era ministro de Defensa (2006-2007). Está desaparecido desde el martes cuando fue trasladado desde la cárcel de Ramo Verde a un lugar todavía desconocido.
En este contexto se produjeron, también, los alejamientos en 2009 de Henri Falcón, gobernador del estado de Lara; de la agrupación Marea Socialista, movimiento a la izquierda del madurismo que reclama un retorno al chavismo original; y del mayor general en retiro y ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, quien, como la fiscal Ortega, denuncia la ilegalidad de la Constituyente de Maduro; de la ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez y de tres diputados oficialistas que el uno de agosto rompieron con el chavismo.
"El referéndum de 2007 es un parteaguas para muchos, también para mí", dice Armando Chaguaceda, académico cubano de la Universidad de Guanajuato. En esa época, Chaguaceda era profesor de teoría política en la Universidad de La Habana, y veía el proceso venezolano "como una posibilidad de reforma de la izquierda, incluso para un modelo cubano".
"Ahora asistimos a una aceleración del proceso producto de la Constituyente", dice el politólogo. En ese contexto se producen las divisiones recientes, que tienen alguna similitud con la forma con que el castrismo castiga a la disidencia en sus filas. "Pero el chavismo ha sido menos implacable. En Cuba, por ejemplo, la deserción de alguien de rango tan alto como Rodríguez Torres no sería posible", agrega Chaguaceda.
Para el analista Javier Corrales, "si el régimen fuera democrático, las deserciones del chavismo hubieran traído una crisis profunda", pero el gobierno compensa estas salidas con tres mecanismos -"ninguno democrático"-: "Más apoyo en los militares; más apoyo en los civiles radicales (del PSUV), y más apoyo de los venezolanos que operan en la impunidad (desde grandes empresarios/traficantes, hasta pequeños revendedores)".
Sobre la deserción de Luisa Ortega, el politólogo José Vicente Carrasquero destaca que hay un grupo de chavistas "empeñado en defender lo que ellos consideran es el legado de Chávez, una gran diferencia con quienes detentan el poder y están dispuestos a desechar la Constitución de Chávez, con tal de mantenerse en el gobierno".
Corrales cree que el caso de la fiscal ha causado "un gran efecto, aunque no lo suficiente para generar un cambio en la cúpula". El académico del Amherst College de Massachusetts dice que se necesita algo más para ver un colapso: "A esta altura del partido, el factor principal es el apoyo militar. Sigue siendo el pegamento que mantiene este gobierno -lleno de fracturas- sin colapsar. Si viésemos un rompimiento militar, se acaba el pegamento".
El ex chavista Raúl Baduel sigue desaparecido desde el martes cuando fue sacado de la cárcel de Ramo Verde.
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