La grave situación por la que atraviesa la economía venezolana exige cambios radicales en la política económica y en las instituciones básicas. En tal sentido, existe consenso en las medidas más urgentes, entre destacados especialistas del país. Es necesario reducir el déficit del sector público que se acerca al 20 por ciento del PIB. En dos años ese porcentaje no debe exceder al cuatro por ciento del PIB. El gasto público no puede seguir orientado por objetivos político electorales. Esto conlleva a cumplir el precepto constitucional de no hacer ningún gasto al margen del presupuesto nacional. Hay que acabar con los fondos extrapresupuestarios de gasto discrecional. Debe mantenerse el énfasis en el gasto social y en alimentos y medicinas para los más necesitados, pero manejados al margen de cualquier aparato burocrático propenso a la corrupción.
Es urgente rescatar la autonomía del BCV, como lo establece el artículo 318 de la Constitución. No puede continuar siendo la caja chica del régimen, por donde se financie más de dos tercios del déficit del sector público, con dinero inorgánico, al margen del texto constitucional. Las transferencias de reservas internacionales al Fonden deben suspenderse de inmediato y las tasas de interés deben remunerar adecuadamente al ahorro nacional. Igualmente, hay que hacer realidad al Fondo de Estabilización Macroeconómica establecido en el artículo 321 de la Constitución, para que comience a operar cuando las circunstancias lo permitan.
Por otra parte, PDVSA debe ser reorganizada y saneada financieramente. Debe recuperar su capacidad de exploración, producción y exportación de petróleo y productos derivados. Urge al país crear las condiciones económicas y sociales para estimular la producción y mejorar la distribución y comercialización de los bienes y servicios. Hay que fortalecer las reservas internacionales y coordinar con el sector privado la eliminación de los controles de cambio y de precios. Los mercados deben volver a operar a la vez que se enfrente racionalmente el combate a la inflación. El país requiere con urgencia políticas sectoriales de largo, mediano y corto plazo para enfrentar adecuadamente las debilidades de la estructura económica.
Es urgente estimular la oferta nacional para reducir las importaciones. Solo así podrá estimularse la producción y la productividad en sectores tan importantes como el agrícola, el manufacturero, el minero, el de hidrocarburos, el sector construcción, el turismo y el de los servicios de mayor tecnología. En suma pues, como lo expresa el documento firmado por 60 economistas venezolanos: "El país necesita una visión económica alternativa, una economía de mercado con fuertes instituciones sociales y económicas, dentro de una democracia donde prevalezca el respeto a la ley y los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos". Empecinarse en un modelo socialista marxista en el siglo XXI, en medio de fracasos tan evidentes, es un verdadero suicidio.
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