Instan a Latinoamérica a recordarle a Maduro que "el cheque no es en blanco" - Ana Mengotti (EFE)

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Para Javier Ciurlizza (Crisis Group), la "herida" que dejaron las protestas y la represión en las calles, donde perdieron la vida unas 40 personas, no ha cicatrizado.

La crisis venezolana no podrá ser resuelta por este Gobierno ni por cualquier otro sin llegar a acuerdos con la oposición, para lo cual es esencial que los políticos de otros países latinoamericanos ayuden a forjarlos, dijo hoy a Efe Javier Ciurlizza, director para América Latina de Crisis Group.

"Los primeros interesados en empujar acuerdos políticos y desarmar la bomba de tiempo deben ser los propios políticos latinoamericanos, que deben dejar de pensar que la crisis se puede administrar y convencer al Gobierno de Venezuela que el cheque extendido después de la crisis no está en blanco, sino que tiene claras condiciones y fecha de vencimiento", subrayó.

En una entrevista con Efe en coincidencia con el primer aniversario del estallido de la protestas de 2014, el director del programa para América Latina de Crisis Group, una organización internacional especializada en ayudar en la prevención y resolución de crisis y que ha elaborado varios estudios sobre el caso venezolano, analiza la situación actual de ese país.

Para Ciurlizza, la "herida" que dejaron las protestas y la represión en las calles, donde perdieron la vida unas 40 personas, no ha cicatrizado.

Los meses que siguieron al estallido han estado marcados por una "peligrosa inercia y ausencia de diálogo y de consensos", pero, además, el escenario económico y social ha empeorado y a la inflación y la criminalidad común se ha sumado "la carestía de productos básicos y servicios esenciales, como la salud".

"De las preocupaciones políticas se ha pasado a la angustia cotidiana por conseguir bienes esenciales", dice.

La bajada de los precios del petróleo agrega más presión. "Cualquier precio del petróleo que esté por debajo de 40 dólares significará una camisa de fuerza invencible para el Gobierno, que se verá obligado a devaluar aún más e imponer el costo de la crisis a la población", señala.

También menciona que, de acuerdo con fuentes no gubernamentales, aun hay 60 personas privadas de libertad y cerca de 2.000 con medidas cautelares por hechos asociados a las protestas.

La nueva norma administrativa que permite a las fuerzas militares el uso de armas de fuego en protestas callejeras "aumenta la incertidumbre y el temor de muchos a manifestarse", señala.

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