Una sola y lacónica declaración fue formulada desde Pekin luego del anuncio de Donald Trump de haber suscrito con el gobierno interino venezolano el “mayor acuerdo petrolero de la Historia”. “Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados”, fue lo que sentenció Guo Jiakun, el portavoz del Ministerio de Exteriores.

Hagamos algo de Historia. China fue particularmente activa en Venezuela en la era de Hugo Chávez. Luego de haber comprometido 60.000 millones de dólares entre 2007 y 2015, la avalancha de sus inversiones y préstamos se desinfló dramáticamente.  Su experiencia en distintos sectores, incluyendo el petrolero, no pudo ser peor: deuda difícil de recuperar, producción colapsada, proyectos inconclusos por desidia o corrupción gubernamental, hiperinflación interna insostenible, tramitaciones y trabas administrativas difíciles de sortear, enorme incertidumbre jurídica además de las sanciones norteamericanas a escala global que desde 2015 afectaron el transporte y el comercio de crudo venezolano.

Hoy, la importancia de Venezuela para China, más allá del imperativo de recuperación de la deuda – la que según algunos analistas puede acercarse a unos 12,000 millones de dólares- no se puede afirmar que es marginal.

En lo petrolero, una otra muestra de números gruesos: el semanario Exclusivas Económicas afirma que la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) quien tiene 40% en la Petrolera Sinovensa, ubicada en la Faja del Orinoco, tiene una producción del orden de 100.000 barriles por día. Y, expertos petroleros en distintos medios consultados, ubican en más de 2.600 millones de dólares el conjunto de inversiones chinas en suelo venezolano.

Así pues, Venezuela no es hoy, sin duda, el más importante de los enclaves chinos ni el país donde se asiente su mayor influencia en el espacio al sur del Rio Grande. Lo que su presencia sí reviste es un carácter estratégico.

En las dos últimas décadas China ha estructurado, mantenido y cultivado una actividad muy significativa en 13 países del subcontinente. Toda una red de comercio, infraestructura, financiación, minería, energía, puertos, telecomunicaciones vehículos y materias primas dan cuenta, a esta fecha, de su proactiva inserción regional.

Con los acuerdos puestos en marcha en Venezuela, Donald Trump no parece estar pensando solamente en recuperar el petróleo venezolano para empresas estadounidenses. Washington está haciendo evidente su interés de impulsar una dimensión explícitamente geopolítica que es la de reordenar el espacio latinoamericano y reducir o desplazar la penetración de China y Rusia.

No estamos, pues, frente a un altercado diplomático de poca significación. Lo que el gigante asiático está poniendo de relieve es que sus actividades económicas legítimas deben ser respetadas. Pekín no es, por tradición, proclive a la agresión frontal, pero en este caso está siendo asertiva en señalar un límite sin tener que poner de por medio un aviso preventivo.

Si Estados Unidos demuestra poder utilizar su poder político para reemplazar presencia china en un país latinoamericano, como en el caso de Venezuela, Beijing debe preguntarse si ese modelo podría reproducirse en otros lugares donde tiene relevante presencia como en Perú, Brasil, Argentina, Ecuador,  Bolivia, Chile y Colombia. La diatriba para China es simple: el episodio venezolano apunta a convertirse -junto con el caso Panamá- en la evidencia de que cuando Estados Unidos intenta recuperar influencia política sobre un país latinoamericano, las inversiones chinas existentes quedan sometidas a su revisión.

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