En el marco de la semana en la que se conmemoran el Día Internacional de los Defensores de Derechos Humanos (9 de diciembre) y el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre), resulta especialmente pertinente recordar la audiencia que se celebró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mes de noviembre pasado sobre la situación de los abogados en las Américas, entre los cuales destacan defensores de derechos humanos detenidos en Venezuela.
En dicha audiencia se subrayó, entre otros aspectos, un derecho absolutamente esencial para el funcionamiento de cualquier justicia independiente: el derecho de toda persona a ser asistida en un proceso judicial por un abogado, así como la necesidad de proteger la independencia de la profesión para asegurar el debido proceso y el acceso a la justicia.
Una audiencia para alertar sobre la crisis regional de la abogacía
El 21 de noviembre de 2025, en el 194° período de sesiones de la CIDH, se celebró una audiencia dedicada a analizar las prácticas de obstaculización, intimidación, hostigamiento y represalias contra abogados en la región. El objetivo central fue evidenciar que estos ataques no son hechos aislados, sino patrones sistemáticos que comprometen gravemente la independencia judicial y el ejercicio de los derechos humanos.
Se denunciaron conductas recurrentes como:
- Criminalización y uso arbitrario del derecho penal.
- Detenciones y procesos disciplinarios infundados.
- Restricciones de acceso a expedientes, tribunales o personas detenidas.
- Vigilancia, violación de la confidencialidad abogado/cliente, campañas de estigmatización y obstáculos administrativos.
Juan Francisco Sandoval, reconocido exfiscal guatemalteco, abrió la intervención de la sociedad civil alertando que estos ataques suponen un desmantelamiento institucional que afecta a quienes dependen de la defensa legal para acceder a la justicia. Afirmó que la persecución a abogados debilita la independencia judicial, vacía de contenido el debido proceso y constituye un síntoma de erosión del espacio cívico y captura del sistema de justicia.
También señaló la vulneración reiterada de la confidencialidad profesional, la negación de acreditaciones para litigar y el uso abusivo de mecanismos disciplinarios.
Durante la audiencia, defensores de derechos humanos de distintos países expusieron situaciones graves, entre ellas:
- Perú: copamiento político del sistema de justicia y prohibición a organizaciones de la sociedad civil de usar fondos de cooperación para acciones legales contra el Estado.
- Nicaragua: criminalización, despojo de nacionalidad, cancelación de personerías jurídicas y persecución sistemática a abogados independientes.
- Venezuela: apertura de investigaciones penales con procesos judiciales arbitrarios y citaciones irregulares, presiones institucionales, estigmatización pública, represalias administrativas, barreras procesales, abogados presos como Eduardo Torres, Kennedy Tejeda, Rocío San Miguel, Nélida Sánchez y Perkins Rocha.
- El Salvador: consolidación del autoritarismo, detenciones arbitrarias de abogados, aprobación de leyes que limitan el espacio cívico y cierre de organizaciones.
- Guatemala: uso del derecho penal como herramienta de persecución contra quienes investigan corrupción.
- México: amenazas, homicidios, hostigamiento, censura y una reforma judicial que forzó la renuncia de más de 5.000 funcionarios judiciales para reemplazarlos políticamente.
- Estados Unidos: medidas que generan un efecto inhibitorio en la representación legal, especialmente en materia migratoria.
- Brasil: denuncias de «dictadura judicial», restricciones de acceso a expedientes, ataques personales y limitaciones en la defensa oral.
Intervención de la relatora especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados
La relatora especial recordó que, según los estándares internacionales, los Estados deben garantizar que los abogados ejerzan sin intimidación, hostigamiento o interferencias indebidas. Subrayó que proteger la abogacía es proteger el derecho a un juicio justo.
Destacó situaciones críticas en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y especialmente Venezuela, donde señaló la negación de acceso a clientes detenidos, a expedientes y la detención de abogados.
Como avance relevante, celebró la reciente Convención del Consejo de Europa sobre la Protección de la Profesión de Abogado, primer instrumento vinculante en la materia, abierto incluso a países de otras regiones.
Conclusiones de la audiencia y llamados a la acción
Los comisionados de la CIDH solicitaron propuestas de soluciones y la sociedad civil recomendó:
- Un informe temático que sistematice patrones y establezca estándares interamericanos.
- Mecanismos de protección para abogados en riesgo y exigencia de reformas de normativas restrictivas.
- Mayor articulación con colegios de abogados.
Respecto a esta última propuesta de acción, aunque en la audiencia no se mencionó, en Venezuela ha habido además una importante intervención judicial de los Colegios de Abogados, lo que les ha restado autonomía. Adicionalmente, en 2024 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió temporalmente del ejercicio de la profesión a la abogada María Alejandra Díaz y ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de Caracas abrirle un procedimiento disciplinario para sancionarla.
Y a ti, venezolano, ¿cómo te afecta?
La erosión de la independencia de la abogacía no solo perjudica a quienes ejercen la profesión, sino también a todos como ciudadanos:
- Sin abogados libres e independientes no hay defensa posible. Cualquier persona puede enfrentar un proceso sin garantías reales.
- El acceso a la justicia se debilita, especialmente para víctimas de abusos, detenciones arbitrarias o violaciones de derechos humanos.
- El debido proceso se vacía de contenido, lo que genera mayor indefensión y arbitrariedad.
- La impunidad se fortalece, pues se neutraliza a quienes pueden denunciar irregularidades y exigir responsabilidad estatal.
En definitiva, cuando se persigue a quienes defienden derechos, se debilitan los derechos de todos. Por ello es indispensable que Venezuela adopte los estándares internacionales, cese las represalias contra la abogacía independiente y garantice que cada persona pueda contar con un abogado libre, seguro y capaz de ejercer su labor sin miedo.
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