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Republica del Zulia
Julio Portillo: Necesitamos entonces promover el regionalismo como protesta al excesivo centralismo en todos los órdenes. Tenemos que despertar la conciencia política de la provincia.
Amanda Molero vio a través de las cámaras de seguridad a los hombres que, con capuchas sobre sus rostros y armados hasta los dientes, tocaban a la puerta de la casa de su tía, en Maracaibo, capital del estado Zulia (extremo noroeste de Venezuela). Dentro de la vivienda, agitada, con las manos temblorosas, sacó el valor para llamar a su mamá por teléfono celular. Lo intentó una y otra vez. Pero no consiguió respuesta. Entonces, optó por escribirle un mensaje de WhatsApp en el que detallaba lo que ocurría.
“Ábreles, hijita”, fue la escueta respuesta escrita que finalmente recibió de quien, según creía, era su madre en Caracas.
Obedeció.
Al entrar, los sujetos apuntaron con sus armas a ella y a su hermano menor, en ese momento de 17 años. Los intrusos farfullaban groserías e improperios. Uno de ellos gritó: “¡Todos están detenidos!”. En ese momento, Amanda comenzó a llorar. A esas alturas, los hombres ni se habían identificado ni, mucho menos, habían mostrado alguna orden de requisa o de captura.
Mientras algunos encapuchados revisaban la casa, cuarto por cuarto, otro de los hombres reprochó a Amanda: “¿Por qué lloras? No tienes que llorar: esto es lo malo de trabajar con el narcotráfico y de usar algo del pueblo para cosas así”.
Amanda no entendía por qué su mamá, Indira Celina Fernández Dugarte —alcaldesa del Municipio Indígena Bolivariano La Guajira, estado Zulia, electa por primera vez en 2017 y luego reelecta en 2021, siempre con el apoyo del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)—, le había contestado que dejara pasar a los sujetos que ahora la amenazaban.
Muy pronto llegaría a sus manos la información para descifrar el porqué. No había sido su mamá, sino un agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política), quien, desde Caracas, respondió al mensaje. Unas horas antes, en un hotel de Altamira, en el noreste de la capital venezolana, la alcaldesa y su pareja, Ronnix Yancen, habían sido detenidos cuando se alistaban para regresar a Zulia. Los funcionarios incautaron entonces el teléfono celular de Fernández, del que tomaron control para hacerse pasar por ella.
Hace una década, la Guardia Civil bautizó como Ares a un pequeño grupo de agentes operativos de la Unidad Fiscal y de Fronteras que la Benemérita tiene en el aeropuerto de Barajas como responsable de la seguridad aduanera y el control del contrabando, narcotráfico y tráfico de personas que pasa por el principal punto de entrada de viajeros a nuestro país.
A este equipo compuesto por media docena de agentes se le encomendó la tarea de indagar en las cuestiones de seguridad aérea que afectan a las aerolíneas y a las que no suele llegar la agencia estatal encargada de ello —AESA— por falta de recursos. Se puso en marcha junto a los equipos Pegaso creados en los principales aeropuertos para el control de drones furtivos. Pero a diferencia de estas unidades, que ya están repartidas por toda la geografía española, el equipo Ares especializado en seguridad aérea solo se activó en Barajas.
La presencia de estos agentes en el aeropuerto de Madrid junto a operarios, comandantes de vuelos o personal del handling les ha permitido tener información de primera mano sobre defraudaciones fiscales y diferentes delitos, tanto de las grandes aerolíneas como de personajes famosos y de los negocios. Y fueron ellos los primeros en analizar las denuncias de varios trabajadores de Plus Ultra por presuntas irregularidades internas.
El foco de este grupo de agentes encuadrados en Barajas estuvo en los posibles delitos de falsificación documental, violaciones de seguridad aérea y encubrimiento cometidos supuestamente por Plus Ultra en varios vuelos realizados entre 2022 y 2025, en los que se podría haber vulnerado la normativa en seguridad aérea. Los trayectos incluidos en la investigación son un Caracas-Madrid de enero de 2023 que aterrizó de emergencia en Tenerife, un Madrid-Malabo (antigua capital de Guinea Ecuatorial) de noviembre de 2023 y un Madrid-Bogotá de agosto de 2024, en los que hubo un considerable sobrepeso en el momento del aterrizaje que puso en peligro al pasaje y la tripulación. A raíz de ello, la empresa hispano-venezolana ordenó a varios de sus trabajadores que falsificasen u ocultasen parte de la documentación de los vuelos, según desveló THE OBJECTIVE este viernes.
Maletas que el Gobierno de Maduro envió en marzo de 2023 a España como valija diplomática en un vuelo de Plus Ultra.
Además, se da la circunstancia, como ya desveló en exclusiva este periódico aportando fotos, que el 13 de marzo de 2023 el gobierno venezolano también utilizó a Plus Ultra para colar en Madrid 79 maletas como valija diplomática, en lo que sería una especie de ‘Delcygate II’, pues no pasaron ningún control de seguridad en Barajas.
El vuelo PUE889 de Madrid a la antigua capital guineana fue el que más interesó a los investigadores, ya que el avión despegó de Barajas con diez toneladas de sobrepeso. Luego, hubo mensajes internos que revelaron un plan de vuelo «falsificado» y presiones a una empleada por parte de sus superiores. El grupo Ares citó en dependencias de la Benemérita a varios pilotos y trabajadores de la compañía para tomarles declaración en calidad de testigos, extremo que la propia Plus Ultra admite a preguntas de este periódico. La investigación estaba en marcha y el grueso de las testificales tuvo lugar en el verano de 2024.
El expediente concluyó pocos meses después con indicios «sólidos y claros» de que Plus Ultra había cometido irregularidades. Las averiguaciones se trasladaron a la Fiscalía Provincial de Madrid, dirigida por Pilar Rodríguez, conocida en los últimos meses por defender al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el reciente juicio en el Supremo en el que se le juzgó por filtrar el correo de Alberto González Amador cuando buscaba un pacto con el que eludir la cárcel. Sin embargo, Rodríguez estimó que no había pruebas suficientes para iniciar la instrucción penal contra la aerolínea, por lo que decidió no incoar diligencias y el expediente se remitió a AESA.
El grupo Ares se puso en contacto con esta agencia dependiente del Ministerio de Transportes a mediados de marzo de 2025 para fijar una reunión presencial sobre el caso «a la vista de la gravedad de los hechos». Y fue justo en ese momento, apenas transcurridos unos días de este contacto inicial, cuando la Unidad Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil decidió desmantelar este equipo de agentes que trabajaba en Barajas desde hacía una década.
La unidad Ares fue, por tanto, disuelta y el expediente sobre las presuntas irregularidades de Plus Ultra se quedó en un limbo. Desde entonces, no constan más indagaciones ni se ha abierto formalmente una investigación judicial. Y en cuanto a AESA, la autoridad española encargada de supervisar a las aerolíneas, tampoco ha sancionado en este tiempo a la compañía hispano-venezolana, según subrayan desde la empresa dirigida por Julio Martínez Sola a preguntas de este periódico.
«El expediente se evapora»
«La disolución [de Ares] se produce en el momento operativo exacto en que el expediente, ya instruido, con conclusión clara, y una vez constatada la negativa de la Fiscalía a actuar, iba a ser presentado ante la autoridad supervisora aérea para iniciar la vía administrativa. La cadena institucional se corta justo en ese punto. No hay resolución, no hay seguimiento, no hay archivo formal. Simplemente, el expediente se evapora», esgrime una fuente próxima a la investigación.
El desmantelamiento de este grupo especializado en seguridad aérea dentro de la Guardia Civil también afectó a una posterior denuncia que llegó a Barajas sobre la utilización de pilotos en prácticas en vuelos comerciales por parte de Plus Ultra. Tanto la normativa europea —el reglamento 965/2012— como la mencionada AESA o el Colegio de Pilotos de Aviación Comercial (Copac) consideran que es una práctica ilegal. «Se envía un mensaje muy claro al resto del cuerpo: investigar a Plus Ultra tiene un coste», concluye la citada fuente.
