Las organizaciones criminales con presencia en América Latina están experimentando una transformación “dinámica” que les permite operar en más lugares, aumentar sus ganancias y desafiar más a autoridades de todos los niveles, de acuerdo con el estudio “The Armed Conflict Survey 2025” que la entidad no gubernamental Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) publicó este martes.
Algunos de estos cambios, dice el reporte, incluyen modificaciones en los patrones de tráfico y consumo de drogas, que agrupaciones delictivas antes centradas en el narcotráfico ahora busquen desarrollarse en otras actividades ilícitas —como las extorsiones, el tráfico de migrantes o la minería ilegal— y que los grupos tejan alianzas en diferentes regiones.
“El ecosistema criminal de América Latina se está transformando dramáticamente, con mercados ilícitos que se vuelven altamente dinámicos mientras las organizaciones criminales adoptan nuevos y más flexibles modelos de negocio y priorizan actividades y alianzas más lucrativas, incluyendo asociaciones con sofisticados actores extrarregionales”, dice el estudio.
“Los mercados ilícitos tradicionales, particularmente el tráfico de drogas, están cediendo ante alternativas oportunistas al tiempo que la diversificación se convierte en la norma”, agrega.
El fentanilo desplaza a la cocaína
Uno de los cambios más significativos en la dinámica criminal está en el narcotráfico, dice el reporte. El tráfico de narcóticos sigue siendo la actividad que genera mayores ganancias a las organizaciones delictivas de América Latina, con la cocaína como principal mercancía, pero se están registrando modificaciones, expone.
De acuerdo con el estudio, mientras el consumo de cocaína está a la baja en Estados Unidos —país que representa su mayor mercado—, el de drogas sintéticas se ha disparado en años recientes. En contraste, en Europa y Oceanía la sustancia cuyo uso está al alza es la cocaína.
Estos cambios, dice el reporte, están haciendo que algunas organizaciones delictivas dediquen más atención a la producción de estupefacientes sintéticos en vez de la de aquellos derivados de plantas, que necesitan más recursos para su cultivo, procesamiento y transporte.
“El creciente consumo de fentanilo y metanfetaminas en Estados Unidos notablemente ha creado un nuevo escenario, alterando la forma en la que las organizaciones criminales trabajan y los impactos de sus actividades en comunidades locales”, dice el texto.
“La relativamente simple producción de drogas sintéticas, que primariamente depende del acceso a precursores químicos de países con controles laxos como China, combinada con su alta rentabilidad la hace un negocio más atractivo que las drogas basadas en plantas. Por ejemplo, una pastilla de fentanilo ilícito que se vende de US$ 10 a US$ 30 dólares a un cártel mexicano producirla solo le cuesta unos US$ 0,10”, expone.
Desde que Doland Trump inició el 20 de enero su segundo mandato como presidente de Estados Unidos exige que el Gobierno de México tome más acciones para detener el flujo de fentanilo que llega a territorio estadounidense. México dice que está tomando cartas en el asunto y frecuentemente anuncia arrestos, decomisos y el desmantelamiento de laboratorios para producir drogas sintéticas, en especial en estados cercanos a la frontera norte.
En tanto, el impacto del fentanilo en Estados Unidos se mide ya por miles de muertes. El informe sobre drogas que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicó en junio advierte que en 2024 en ese país se registraron 48.422 fallecimientos relacionados con el consumo de esta sustancia.
Las organizaciones criminales expanden sus negocios
Otro cambio relevante en la dinámica criminal en América Latina, dice el estudio del IISS, consiste en que las organizaciones —en particular las más grandes— están buscando diversificar sus actividades y construir más alianzas con el objeto de incrementar sus ganancias.
De acuerdo con el reporte, algunos ejemplos de estas tendencias son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en México; el Clan del Golfo, en Colombia; el Primer Comando Capital, en Brasil, y el Tren de Aragua, en Venezuela. Según el texto, todos estos grupos, antes centrados en el narcotráfico, han incursionado en campos como la extorsión, el tráfico de migrantes y la minería ilegal.
“Otros mercados criminales siguen ganando prominencia, incluyendo aquellos que dependen de un extensivo control de territorios, comunidades y rutas de transporte”, dice el estudio.
Menciona que un ejemplo de esto es el Clan del Golfo, que se ha aprovechado del alto número de migrantes que buscan pasar por Colombia y el Tapón del Darién. El Clan, que controla puntos de esa zona, cobra “impuestos” tanto a negocios legales como a traficantes de migrantes, lo que le reditúa en grandes ganancias, dice el reporte.
Otro caso lo representa el Tren de Aragua. Según el estudio, esta agrupación ha mostrado ser “particularmente hábil para adaptarse a circunstancias cambiantes” y, con ello, expandir sus redes y operaciones.
“Por ejemplo, el aumento de migrantes venezolanos en Chile ha provisto a la organización de un punto de entrada al mercado chileno. Una vez ahí, rápidamente se las ha arreglado para tomar el control de territorios a través de la extorsión”, dice el texto.
CNN ha documentado cómo el Tren de Aragua, agrupación creada en la prisión venezolana de Tocorón, durante los últimos años ha expandido sus operaciones a otros países del continente e incluso hacia algunas ciudades de Estados Unidos.
Este año, Washington desingó al Tren de Aragua como organización terrorista internacional, una medida ha utilizado para justificar acciones como la veintena de ataques que ha realizado desde septiembre contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas en aguas internacionales.
De acuerdo con el reporte del IISS, otras muestras de las tendencias criminales son el incremento de la minería ilegal en Sudamérica y las alianzas entre la banda ecuatoriana de Los Lobos con el mexicano Cártel Jalisco, un hecho que el IISS vincula con el incremento de la violencia en Ecuador. Al igual que al Tren de Aragua, EE.UU. designó a Los Lobos y al Cártel Jalisco como organizaciones terroristas.
En su informe para el primer semestre de 2025, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) dijo que en ese período en el país se registraron 4.619 homicidios intencionales, un alza del 47 % en comparación con los mismos meses de 2024. La situación de violencia es una de las principales preocupaciones entre los ecuatorianos, así como un tema prioritario para el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
El crimen avanza rápido, el Estado se queda atrás
Todas las nuevas tendencias criminales en América Latina representan un fuerte desafío para los estados de la región, que luchan para adaptarse y mantener el paso a los delincuentes, dice el estudio del IISS.
Un ejemplo de esto, expone, son los esfuerzos de autoridades de algunos países para frenar el tráfico de fentanilo, cuando las organizaciones delictivas tienen una alta flexibilidad y capacidad para responder a estas medidas.
A esta situación, el reporte suma el potencial efecto negativo de varias políticas del Gobierno de Trump, como catalogar a los migrantes como delincuentes, designar como terroristas a agrupaciones criminales y el recorte de la ayuda estadounidense a la región.
“Su impacto combinado probablemente afectará la resiliencia socioeconómica, al tiempo que llevará a una reconfiguración en las dinámicas criminales mientras los grupos organizados diversifican sus portafolios, actividades y riesgos de acuerdo con los cambiantes riesgos y oportunidades”, señala.
Ante esto, subraya, el gran reto de los estados de la región es poder desarrollar e instrumentar estrategias que igualen la capacidad de adaptación de los delincuentes.
“Enfrentar este reto requiere un enfoque multidimensional. Mientras que mejorar la inteligencia, compartir información y la cooperación transfronteriza en seguridad sigue siendo esencial, debe complementarse con inversión sostenida en la resiliencia de las comunidades vulnerables a la expansión criminal”, dice el estudio.
“Esto incluye desarrollar programas socioeconómicos robustos que ofrezcan caminos genuinos para salir de la pobreza y fortalecer las instituciones, particularmente a través de mejorar la efectividad del sistema de justicia y combatir la impunidad”, concluye.
