El líder opositor Edmundo González Urrutia instó este jueves a que la ley de amnistía que se discute en Venezuela cumpla con una serie de "condiciones básicas" orientadas a garantizar la no repetición de la persecución política, la reparación integral de las víctimas y el fin de la persecución por razones ideológicas.
En un mensaje difundido a través de su cuenta en X, González advierte: "El verdadero camino hacia la tranquilidad de un país que ha sufrido tanto como el nuestro no puede implicar impunidad".
El líder opositor fijó posición en medio del debate parlamentario en torno a la ley de amnistía propuesta por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que la Asamblea Nacional prevé sancionar este jueves, luego de que su discusión fue aplazada la semana pasada.
La iniciativa ha generado expectativas y tensiones, especialmente entre familiares de presos políticos que mantienen una huelga de hambre para exigir la liberación inmediata de los detenidos.
Edmundo González condiciona la ley de amnistía
El opositor señaló que para que la ley allane "el camino a la reconciliación" debe incorporar cinco condiciones esenciales:
- El cese definitivo de la persecución por motivos políticos.
- El retorno seguro y sin represalias de los exiliados.
- El reconocimiento pleno de la verdad.
- La reparación integral para las víctimas.
- Garantías institucionales firmes de no repetición.
"El verdadero camino hacia la tranquilidad de un país que ha sufrido tanto como el nuestro debe construirse sobre reglas claras, justicia y garantías institucionales", afirmó.
El debate legislativo y las exclusiones
La Asamblea Nacional aprobó hace dos semanas el proyecto de ley en primera discusión y posteriormente mantuvo reuniones con sectores de la sociedad civil -incluidas ONG y familiares de presos políticos- para debatir el contenido del borrador. La ley, tal como está planteada, cubre hechos ocurridos desde 1999, lo que abarca los 27 años de gobiernos del chavismo.
No obstante, el artículo 6 del proyecto limita su alcance a diez períodos específicos de coyunturas políticas, que van desde el golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez (1999-2013) hasta las protestas desatadas tras la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024. Esta restricción dejaría por fuera a numerosas personas consideradas por organizaciones de derechos humanos como presos políticos.
La iniciativa se enmarca en lo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha calificado de "nuevo momento político" para el país, y se da en un contexto marcado por un proceso de excarcelaciones anunciado el 8 de enero, apenas cinco días después de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.
Un total de 644 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos, según el más reciente informe de la ONG Foro Penal. El gobierno niega que existan presos políticos en el país y opina que los arrestados enfrentan procesos por la comisión de delitos comunes.
