La política de impedir la entrada a muchos solicitantes de asilo en la frontera se anuló en 2021, pero el Departamento de Justicia de Trump quiere flexibilidad para reinstaurarla como herramienta de control fronterizo.
El martes, una mayoría de jueces de la Corte Suprema se mostraron favorables a la idea de que el gobierno de Donald Trump pueda rechazar a las personas que solicitan asilo en la frontera entre México y Estados Unidos.
Si el tribunal respalda al gobierno, permitirá al presidente Trump reactivar una política utilizada por primera vez en 2016, en virtud de la cual el gobierno impidió que los solicitantes de asilo pisaran suelo estadounidense, aunque la ley federal les diera derecho a intentar solicitar asilo y a recibir protección frente a la persecución.
Según la ley federal, cualquier no ciudadano que esté “físicamente presente en Estados Unidos” o “llegue a Estados Unidos” puede solicitar asilo. Los migrantes que anuncian su intención de hacerlo son remitidos a una entrevista para determinar si tienen un temor creíble de persecución.
Lo que está en juego en el caso es si las personas que no son ciudadanas deben cruzar completamente la frontera para obtener el derecho a solicitar asilo o si se les debe permitir solicitarlo si se limitan a presentarse en la frontera y solicitar la entrada.
La mayoría conservadora de la Corte Suprema se ha mostrado en general receptiva a las afirmaciones del gobierno de Trump sobre el poder presidencial, en una serie de órdenes temporales que han permitido al presidente Trump aplicar sus políticas mientras el litigio se desarrolla en los tribunales inferiores. Pero el mes pasado los jueces, incluidos dos de los nominados por Trump, invalidaron sus aranceles generalizados sobre las importaciones de casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, en una crítica a su política económica emblemática.
Una cuestión clave para los jueces en el caso de asilo del martes, que probablemente se decidirá a finales de junio o principios de julio, es qué significa exactamente “llegar” al país. Los jueces dedicaron más de una hora al caso, gran parte de la cual se empleó en tratar de dilucidar la diferencia entre una persona que “llega a” Estados Unidos y otra que “está llegando” a la frontera.
El presidente de la corte, John G. Roberts Jr., y la jueza Amy Coney Barrett, que suelen estar en la mayoría, insinuaron que “llega a” Estados Unidos significa que una persona ha cruzado completamente la frontera, como ha argumentado el gobierno de Trump.
“‘Llegando’ suena más a ‘en proceso de’. ‘Llega a’ suena más a ‘ha llegado a su destino’”, dijo Barrett. “Si no es cruzar la frontera física, ¿cuál es la cosa mágica?”, preguntó, mientras exploraba en qué momento el tribunal debe decidir que una persona ha llegado a Estados Unidos.
El presidente Barack Obama comenzó a impedir la entrada a algunos solicitantes de asilo en 2016. El presidente Trump amplió drásticamente esta política durante su primer mandato, antes de que el gobierno de Joe Biden la revocara en 2021.
Los tribunales de primera instancia han invalidado repetidamente la política después de que defensores de los derechos de los migrantes y varios solicitantes de asilo de Honduras, Nicaragua y México demandaran en 2017. Kelsi Corkran, del Institute for Constitutional Advocacy and Protection, quien representó a los migrantes, dijo a los jueces el martes que la política era ilegal y contraria a la larga historia del país de proporcionar refugio a los migrantes que escapan de la persecución.
El gobierno de Trump, que ha tomado medidas para desmantelar el proceso de asilo de los migrantes en todo el mundo, instó a los jueces a que permitieran su restablecimiento. Vivek Suri, ayudante del fiscal general, calificó la política de herramienta fundamental que el gobierno pretende reactivar si determina que es necesaria para hacer frente a una oleada de migrantes en la frontera.
El juez Neil M. Gorsuch, otro miembro de la mayoría conservadora, preguntó sobre los derechos de un solicitante de asilo en el último lugar de la fila en la frontera, o de una persona que se encuentra al borde del agua esperando para cruzar el Río Grande, que separa México de Estados Unidos. Estaba ilustrando su preocupación por los límites de las reclamaciones de los solicitantes de asilo y preguntándose hasta dónde llegarían sus derechos.
Corkran subrayó que, durante casi un siglo, esas preguntas sobre la denegación de entrada fueron irrelevantes. Las filas largas, dijo, eran el resultado de la política de denegación.
El juez Brett M. Kavanaugh dio a entender que el debate sobre si una persona ha cruzado la frontera o está en el umbral de la misma era “muy artificial”. Dijo que, independientemente de dónde fije el tribunal el límite para que entren en vigor los derechos de los solicitantes de asilo, lo más probable es que el gobierno detenga a los migrantes allí, y los empuje hacia el interior de México.
Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, ambas liberales, hicieron las preguntas más duras al gobierno. Eran las únicas dos juezas que parecían aceptar plenamente las reclamaciones de los solicitantes de asilo.
Rechazar a los solicitantes de asilo, Sotomayor dio a entender, viola la intención del Congreso, que promulgó una ley que da derecho a los que llegan a solicitar protección contra la persecución, así como los acuerdos internacionales sobre refugiados que se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Citó la negativa del gobierno estadounidense en 1939 a proporcionar refugio a más de 900 judíos a bordo del transatlántico St. Louis, quienes huían de los nazis.
“Si eres un refugiado que llega al puerto de entrada, si llamas a la puerta y te estoy mirando a la cara, tienes la obligación de al menos escuchar mi solicitud”, dijo Sotomayor al abogado del gobierno.
Jackson insinuó que, dado que la política había desaparecido, ya no existía una controversia viva sobre la que los jueces tuvieran que decidir, y que la cuestión debía dejarse a los tribunales de primera instancia. Suri respondió que el gobierno quería tener autoridad para reimponer la política cuando fuera necesario.
Durante décadas, el gobierno ha interpretado que la ley otorga a los migrantes el derecho a solicitar asilo en los pasos fronterizos si temen ser perseguidos por su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas. Ya que no hay tantas vías legales para entrar en Estados Unidos, estas solicitudes han proliferado en los últimos años, y se han acumulado casi cuatro millones de casos y largos periodos de espera para las audiencias.
En 2016, una oleada de haitianos en la frontera sur, cerca de San Diego, llevó por primera vez al gobierno de Obama a limitar el número de solicitantes de asilo “midiendo” el flujo de migrantes que podían entrar en el país. El presidente Trump amplió y formalizó esa práctica temporal a todos los puntos de entrada del sur a partir de 2018, una política que el gobierno dijo que era necesaria para hacer frente al hacinamiento y que los defensores dijeron que era ilegal e inhumana.
En algunos casos, los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se apostaron en los puentes internacionales e impidieron que los migrantes llegaran a los puertos de entrada del lado estadounidense de la frontera. Los solicitantes de asilo que fueron rechazados empezaron a concentrarse en el lado mexicano de la frontera. Algunos quedaron varados en campamentos durante semanas o meses, donde se enfrentaron a la escasez de alimentos y a condiciones peligrosas.
Además de sus preocupaciones políticas, el gobierno dijo que sus obligaciones en la ley de asilo se aplicaban solo a nivel nacional y no al otro lado de la frontera, en México.
Los funcionarios del Departamento de Justicia citaron la decisión del tribunal en la década de 1990 sobre decenas de miles de haitianos que huían en barco de un golpe militar. En ese caso, la Corte Suprema dijo que el gobierno podía detener a los migrantes en el mar e impedir que llegaran a territorio estadounidense sin determinar si cumplían los requisitos para ser refugiados.
Jueces de tribunales de primera instancia se pusieron del lado de los migrantes en la cuestión del asilo. Un juez del Tribunal de Distrito dijo que los solicitantes de asilo deben ser procesados si han llegado a la frontera, aunque se les detenga antes de pisar territorio estadounidense. Un panel dividido del Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos se mostró de acuerdo, y afirmó que una persona que “se presenta ante un funcionario en la frontera ha llegado, independientemente del lado de la frontera en que se encuentre”.
“Llegar” significa alcanzar un destino, dijo la juez Michelle T. Friedland, a la que se unió el juez John B. Owens.
Un grupo más amplio de jueces del tribunal de apelaciones se negó a reexaminar el caso, pero un grupo de 29 jueces disintieron, y el juez Daniel Bress escribió que el grupo estaba “gravemente equivocado” y que su fallo “perjudicaría gravemente la capacidad de nuestro país para gestionar sus fronteras”.
Un grupo de exfuncionarios del gobierno que trabajaron para presidentes de ambos partidos instaron al tribunal a mantener lo que dijeron que era la intención del Congreso de establecer un proceso justo para evaluar las solicitudes de asilo y proteger a las personas vulnerables que huyen de la persecución. Ningún gobierno anterior, dijo el grupo, ha reclamado nunca la autoridad para bloquear categóricamente el acceso al asilo basándose en unos pocos centímetros de territorio.
Estas “salvaguardias”, dijo el grupo en una presentación judicial en apoyo de los migrantes, “no son meros trámites burocráticos que el gobierno puede ignorar o alterar a su antojo”.
Ann E. Marimow cubre la Corte Suprema para el Times desde Washington.
