Se dice que la mesa que comenzará a funcionar el primero de agosto nace de una ficción jurídica. Tal vez. Lo que se olvida es que Venezuela lleva años gobernada por una ficción jurídica mucho mayor.
Quienes cuestionan que la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015 se siente a negociar con una Asamblea oficialista carente de legitimidad de origen señalan una anomalía evidente: la Constitución no previó un mecanismo como ese. Pero la pregunta es otra: ¿la Venezuela de hoy responde todavía a la normalidad constitucional que la Constitución presupone?.
Hace años que no. Convivimos con un Tribunal Supremo cuya independencia fue desmantelada, con un Consejo Nacional Electoral sin credibilidad, con partidos intervenidos judicialmente, dirigentes inhabilitados por vía administrativa, presos políticos y elecciones cuyos resultados han sido desconocidos dentro y fuera del país. Poco a poco terminamos aceptando como normal lo que, en cualquier Estado de derecho, sería una excepción inadmisible.
La culminación de esa ficción fue la permanencia de Nicolás Maduro en la Presidencia después de unas elecciones cuyos resultados nunca pudo demostrar. No fue la Constitución la que sostuvo ese poder, sino un entramado institucional construido precisamente para impedir que la voluntad popular produjera sus efectos jurídicos.
De allí la importancia de las actas electorales resguardadas fuera de Venezuela, en el Banco Central de Panamá, llamadas a desempeñar un papel probatorio de primera magnitud allí donde la legitimidad de ese proceso sea objeto de examen. Su preservación demuestra que la controversia no descansa solamente sobre denuncias políticas, sino también sobre documentos susceptibles de ser verificados y confrontados con los resultados proclamados oficialmente.
Por eso la discusión trasciende la política. Cuando los abogados de Maduro invocan la inmunidad propia de un jefe de Estado, parten del supuesto de que ejercía legítimamente la Presidencia. Pero esa es precisamente la cuestión que se discute. La inmunidad no puede separarse de la legitimidad del cargo del que deriva.
Resulta, entonces, paradójico descalificar la mesa por no ajustarse a una normalidad jurídica que hace tiempo dejó de existir. No estamos eligiendo entre una solución constitucional perfecta y otra imperfecta. Estamos buscando un camino excepcional para regresar a la Constitución.
La mesa del primero de agosto no pretende perpetuar la anomalía. Pretende encontrar el mecanismo que permita desmontarla y devolver al país instituciones capaces de producir nuevamente legalidad y confianza.
Las grandes transiciones nunca parten de una normalidad; parten de una ruptura. Lo excepcional no es intentar reconstruir el Estado de derecho. Lo excepcional ha sido vivir durante años sin él.
La verdadera ficción jurídica no es la mesa. La verdadera ficción jurídica ha sido acostumbrarnos a llamar normalidad a la ausencia de ella.
