Jorge Castañeda: Los Yankees se van a casa otra vez

Tras meses de amenazas y una creciente violencia por la presunta participación del presidente venezolano Nicolás Maduro en el narcotráfico, las fuerzas estadounidenses realizaron una redada en la capital venezolana y capturaron a Maduro, quien ahora ha sido trasladado a Nueva York para ser juzgado por sus presuntos crímenes contra Estados Unidos. La similitud entre la “Operación Resolución Absoluta” del ejército estadounidense en Caracas y los sucesos ocurridos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas hace unos 125 años es asombrosa y presagia más violencia.

Al igual que el presidente Donald Trump, los presidentes estadounidenses que intentaron “liberar” las antiguas colonias españolas a principios del siglo XX se mostraron descaradamente dispuestos a ejercer el poder militar en Latinoamérica, al diablo con el derecho internacional. Estaban promulgando la Doctrina Monroe —articulada por el presidente James Monroe en 1823—, que afirmaba la autoridad estadounidense sobre el hemisferio occidental al declarar que Estados Unidos consideraría cualquier intervención extranjera en América, en particular el colonialismo europeo en Latinoamérica, como un acto hostil. Estos líderes, como Trump hoy, también se apropiaron cínicamente de principios democráticos y justificaciones humanitarias para defender sus acciones y no mostraron consideración por las consecuencias.

Nada ganado

El nuevo libro de Joe Jackson , Splendid Liberators: Heroes, Betrayal, Resistance, and the Birth of the American Empire (Liberadores Espléndidos: Héroes, Traición, Resistencia y el Nacimiento del Imperio Americano) , no pudo haberse publicado en mejor momento. Narra la historia de la brutal dominación de Estados Unidos sobre Latinoamérica en los siglos XIX y XX, y en particular durante la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Jackson muestra que el segundo gran avance del país hacia el imperio —el primero fue la conquista de más de la mitad de México entre 1846 y 1848— se desarrolló de forma intermitente.

El presidente William McKinley (a quien Trump ha elogiado a menudo, tanto por los aranceles que adoptó antes de su presidencia como por sus ansias imperialistas) y el vicepresidente Theodore Roosevelt (quien sucedería a McKinley como presidente) apenas comprendían vagamente sus ambiciones imperialistas. Desconocían qué países se convertirían finalmente en objetivos, ni cuántos recursos se necesitarían para alcanzarlos.

El ejército estadounidense permaneció subdesarrollado, a pesar de los esfuerzos de modernización hacia finales del siglo XIX. La invasión estadounidense de Cuba, lanzada desde Tampa, Florida, fue en gran medida un desastre. Si España no hubiera estado en los últimos estertores de su decadencia imperial, la Guerra Hispano-Estadounidense bien podría haber sido catastrófica para Estados Unidos. Jackson describe con gran detalle cómo Estados Unidos ganó la batalla naval frente a la Bahía de Santiago solo porque las cubiertas de madera de los obsoletos buques de guerra españoles se incendiaron rápidamente.

La narrativa puede no ser innovadora, pero Jackson la presenta con elocuencia y una loable imparcialidad, recordando a los lectores que la guerra de Estados Unidos para desmembrar el Imperio español fue la historia de personas reales, no de héroes gloriosos que lucharon para salvar a víctimas anónimas y trágicas de cobardes conquistadores. Describe, por ejemplo, la despiadada estrategia de los campos de concentración que los españoles adoptaron en Cuba antes de la invasión estadounidense, una política que contribuyó a que la opinión pública estadounidense se volviera contra España.

Pero Jackson también explica cómo esa opinión pública fue manipulada por casi todos: los medios estadounidenses, McKinley, Roosevelt y los luchadores por la libertad cubanos. Además, describe las atroces condiciones en las que las fuerzas estadounidenses combatieron en Cuba, en particular en la Batalla de Santiago de Cuba. Más allá de Cuba, no deja de mencionar las atrocidades cometidas por las tropas estadounidenses en Filipinas (específicamente en Batangas).

Además, al igual que otros historiadores, como Ada Ferrer, en su Cuba: An American History , ganadora del Premio Pulitzer, y Daniel Immerwahr, en How to Hide an Empire: A History of the Greater United States , Jackson muestra cómo Estados Unidos engañó a sus aliados locales (un patrón que Trump parece estar repitiendo en sus esfuerzos por marginar a la ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición democrática venezolana María Corina Machado ). El engaño comenzó con las primeras comunicaciones entre los funcionarios estadounidenses sobre el terreno y los insurgentes locales. Como observa Jackson, el mayor general Nelson Appleton Miles, el comodoro George Dewey y el mayor general William Shafter, hablando con los líderes insurgentes en Puerto Rico, Filipinas y Cuba, respectivamente, hicieron promesas similares: “A cambio de su ayuda para derrotar a un enemigo común, Estados Unidos no los tratará como un feudo, sino que los aceptará como iguales”.

Pero ninguno de estos funcionarios tenía la facultad de hacer tales promesas, por lo que Estados Unidos no estaba obligado por sus declaraciones. Ya fuera fruto de la ingenuidad o la deshonestidad, la «distancia entre la promesa y la realidad se mantuvo a lo largo de los años», escribe Jackson. Si bien los líderes de las luchas de liberación nacional ocasionalmente percibían los engaños estadounidenses —a veces conscientemente, a veces inconscientemente—, poco podían hacer al respecto.

Aunque Jackson no rehúye exponer los defectos y la duplicidad de los personajes de este drama, aplica la misma imparcialidad al representarlos que a su narración de los acontecimientos. Nadie —cubano, puertorriqueño, filipino, español o estadounidense— personifica el mal: todos son humanos, con defectos, debilidades y perspectivas moldeadas por sus experiencias. Nadie es perfecto, aunque muchos demuestran valentía, altruismo y ambición, ya sea al perseguir o resistirse al imperio, y unas pocas figuras destacadas han resistido el juicio de la historia mejor que el resto.

Pero no se equivoquen: si alguna vez hubo una guerra trágica, innecesaria e inútil, fue la “espléndida liberación” de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Si Cuba se hubiera independizado de España sin la interferencia estadounidense, podría haber aprovechado la inversión y el turismo estadounidenses para impulsar su propio desarrollo. Y si Filipinas no se hubiera convertido en una colonia estadounidense tras la salida de España —lo que habría sucedido pronto, incluso sin la “liberación” estadounidense—, podría haber tenido mejores resultados que bajo casi medio siglo de dominio estadounidense.

En cuanto a Puerto Rico —que sigue siendo territorio estadounidense—, los progresistas latinoamericanos discuten sin cesar sobre las ventajas y desventajas que ha experimentado desde la guerra. Algunos dicen que Cuba habría terminado en la misma situación de no haber sido por la revolución de 1959. Otros señalan que los puertorriqueños han votado repetidamente contra la independencia durante el último medio siglo. Pero este ejercicio contrafáctico es inútil. En definitiva, la «liberación» estadounidense de Cuba, Puerto Rico y Filipinas fue, sobre todo, una tragedia.

El corolario de Trump

En 1905, Roosevelt —quien para entonces se había convertido en presidente tras el asesinato de McKinley— amplió la Doctrina Monroe con un “corolario” que establecía que Estados Unidos tenía la “responsabilidad de preservar el orden y proteger la vida y la propiedad” en  los países del hemisferio occidental. Esto se basó en su afirmación de 1904 de que Estados Unidos, como “nación civilizada”, podría verse “obligado” a ejercer un “poder policial internacional” en respuesta a “delito crónico” en países latinoamericanos.

Trump ha abrazado públicamente esta lógica imperial reprensible y condescendiente. La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de su administración se compromete a “afirmar y aplicar” un “Corolario Trump” de la Doctrina Monroe, que implica mantener “nuestro hemisferio” libre de “incursiones extranjeras hostiles o la propiedad de activos clave” y garantizar el acceso de Estados Unidos a “lugares estratégicos clave”. Esto se refleja directamente en los planes de la administración Trump para “gobernar” Venezuela, de la que aparentemente no se puede confiar en que se gobernará a sí misma, y ​​”recuperar” el petróleo del país, que aparentemente se le debe a Estados Unidos.

El gobierno de Trump no se equivoca al afirmar que Maduro, quien robó descaradamente las elecciones presidenciales de 2024, no era el presidente legítimo de Venezuela. Pero esto no legitima el uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos para capturarlo. Después de todo, Trump no hizo ningún esfuerzo por conseguir el apoyo de otros países, ni en la región ni fuera de ella, algo que incluso el presidente George W. Bush hizo antes de su invasión de Irak en 2003. Por lo tanto, la operación en Venezuela violó el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y múltiples tratados. Esto fue nada menos que un acto de guerra.

Sin embargo, Trump no opera en el vacío. Así como España, en su desesperación por conservar a toda costa su menguante imperio, tiene parte de responsabilidad por los sucesos de 1898, el escenario para la operación de Trump fue posiblemente preparado por cuatro líderes que deberían haber actuado con más sensatez: el expresidente estadounidense Joe Biden , el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), el presidente colombiano Gustavo Petro y el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los cuatro ocupaban el cargo cuando Maduro robó las elecciones de 2024, pero no hicieron nada al respecto. Lula, Petro y AMLO se mostraron reacios o incapaces de convencer a Maduro de que aceptara su derrota y se exiliara, en parte porque Biden no hizo ningún esfuerzo por apoyarlos, como amenazar con poner en cuarentena las exportaciones petroleras venezolanas. No impulsaron una resolución en la Organización de los Estados Americanos para imponer sanciones al régimen de Maduro e invocar la Carta Democrática Interamericana, que habría otorgado legitimidad regional a la amenaza del uso de la fuerza.

Ante la inminente perspectiva del regreso de Trump a la Casa Blanca, estos influyentes líderes latinoamericanos podrían haber persuadido a Cuba —un facilitador crucial del régimen de Maduro— para que les ayudara a defender su postura. Esto no solo protegería a Cuba de la ira de Trump si este ganara las elecciones de noviembre de 2024, podrían haber argumentado, sino que también podría generarle alguna concesión de la próxima administración estadounidense.

Pero nada de esto ocurrió, y luego Trump ganó la presidencia por segunda vez, momento en el que la intervención estadounidense en Venezuela se convirtió prácticamente en un hecho inevitable. Meses de ataques estadounidenses contra supuestos barcos narcotraficantes escalaron hasta un ataque militar unilateral contra una capital extranjera, y comenzó una nueva era de intervención estadounidense en Latinoamérica.

Los límites de la hegemonía estadounidense

Al igual que la “liberación” de las tres colonias españolas, que marcó el comienzo de una era de intervencionismo estadounidense en el hemisferio occidental, la operación de la administración Trump en Venezuela probablemente será seguida por nuevos intentos de afirmar la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental. El cambio en la política estadounidense hacia las Américas bien podría perdurar después de Trump.

Es irrelevante si esto se presenta como un resurgimiento de la Doctrina Monroe o una manifestación de la Realpolitik. (Cómo es posible que ceder el control de tres cuartas partes de la economía mundial a Rusia y China pueda considerarse pragmatismo inflexible es otra discusión). Lo que importa, sobre todo, es cómo se implementa este nuevo enfoque político.

No será difícil para Estados Unidos imponer su voluntad a los países de la llamada Cuenca del Caribe. En términos de comercio, inversión extranjera, turismo, migración y participación militar, México, Centroamérica y las islas más grandes de la región han formado parte de la esfera de influencia estadounidense desde el siglo XIX.

No puede decirse lo mismo de Sudamérica. En las últimas dos décadas, China se ha convertido en el principal socio comercial de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, principalmente a través de la compra de materias primas. Empresas chinas, en su mayoría estatales, también tienen una gran participación en estos países, y China se ha consolidado como el mayor inversor extranjero en Argentina, Brasil, Chile y Perú. También han surgido indicios de una posible cooperación militar .

En su búsqueda de la hegemonía hemisférica, la administración Trump podría intentar algo similar a la serie de intervenciones y ocupaciones estadounidenses en México, Centroamérica y el Caribe entre 1898 y 1933, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt lanzó su Política de Buena Vecindad . Trump ya ha amenazado a muchos otros países latinoamericanos, en particular a Colombia y Cuba .

Pero no está nada claro si esto generaría ganancias duraderas para Estados Unidos más allá de su actual esfera de influencia. Países como Argentina, Brasil, Chile y Perú son actores formidables. Y si bien Trump podría estar dispuesto a ceder la posición de Estados Unidos en Europa y Asia, China no sería tan miope como para hacer lo mismo en Latinoamérica. Y mientras China permanezca firmemente arraigada en el hemisferio occidental, la visión de Trump de un dominio estadounidense seguirá siendo inalcanzable. Y esto sin mencionar el escaso interés que la base de Trump, MAGA, tiene por el aventurerismo en el extranjero.

Tras el ataque a Venezuela, es evidente que no podemos desestimar las amenazas de la NSS y de Trump contra otros países latinoamericanos, así como contra Dinamarca por Groenlandia, como meras bravatas. Como tantas políticas de Trump, su estrategia en la región probablemente será confusa y aleatoria, lo que dificultará predecir sus resultados. Pero no cabe duda de que resultará disruptiva, generando potencialmente graves tensiones, incluso violencia, en Sudamérica durante los próximos años. Para comprenderlo, vale la pena repasar la sombría historia que este episodio evoca.

Joe Jackson, Espléndidos Libertadores: Héroes, traición, resistencia y el nacimiento del Imperio Americano , Macmillan Publishers, 2025.

Ex ministro de Relaciones Exteriores de México, es profesor en la Universidad de Nueva York y autor de America Through Foreign Eyes  (Oxford University Press, 2020).

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Milagros Socorro: Más que una embajada, es Washington a seis kilómetros de Miraflores

Estados Unidos vuelve a Caracas después de siete años. Su embajada, cerrada desde 2019, comenzará a operar de nuevo en un país aislado y saqueado por un régimen autoritario. No es solo la apertura de oficinas: es la reinstalación de Washington en el tablero político y económico de Venezuela, con capacidad de influir y medir cada movimiento dentro del país. En diplomacia, la presencia vale más que el gesto y la cercanía física pesa más que cualquier comunicado.

En distintas tradiciones culturales y religiosas se le atribuye al ciclo de siete años un valor de cierre y recomienzo, de pausas que anteceden a un cambio de rumbo. En política, sin embargo, no hay simbolismo. Siete años sin embajada significaron aislamiento y ausencia de interlocución directa. Su reapertura, tras ese lapso, marca un giro concreto y medible en la manera como Estados Unidos decide volver a estar presente en Venezuela. El caso es que, tras siete años de soledad, el imponente complejo de Colinas de Valle Arriba vuelve a la vida. No para imprimir visados de entrada al territorio estadounidense, que probablemente es lo que menos se hará allí. Según expertos, la misión diplomática llegará para recuperar presencia; no abrirá para sellar pasaportes, sino para poner los ojos de Estados Unidos sobre Caracas, porque en política exterior, estar es una forma de mandar.

No es cuestión de abrir las ventanas para que entre el sol

El cierre de la embajada en 2019 fue un gesto de ruptura total entre Washington y lo que entonces era ya un régimen desacreditado. Ahora, en enero de 2026, ese gesto se intenta revertir en medio de una realidad política signada por hechos de violencia, entre ellos la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado fuera del país tras una operación militar que sacudió a la región.

Normalizar la relación implica restablecer canales de comunicación directa, presencia consular y coordinación en áreas críticas como seguridad, migración y lucha contra el narcotráfico, asuntos que en Venezuela cobran una relevancia fundamental.

La embajada, cómo no, será una puerta a la política cotidiana entre dos naciones, pero también una trinchera de influencia y control. El hecho, si se concreta, tendría tres efectos simultáneos: primero, legitimaría en parte la nueva realidad de poder que impera en Venezuela tras la caída del tirano; segundo, permitiría a Washington ejercer un tipo de supervisión política y estratégica más intensa que en cualquier otra fase de la crisis; y tercero, actuaría como un mecanismo de contrapoder ante cualquier resurrección del chavismo tradicional y de sus satélites internos.

Para entender la magnitud del hecho hay que recordar que la ruptura de 2019 fue más que un cierre de puertas. Fue el reconocimiento por parte de Estados Unidos de que el proyecto chavista había dejado de tener legitimidad política y democrática. La casa diplomática estadounidense cerró, se retiraron sus funcionarios y se suspendieron todos los servicios consulares. Esa larga ausencia no fue percibida como una pérdida menor por la sociedad venezolana. Fue, en su momento, la constatación de que Venezuela estaba sola en su crisis, sin interlocutores directos en la potencia más poderosa del mundo.

Diplomacia, pero principalmente poder

Hoy, sin embargo, el escenario es otro. No hay chavismo hegemónico ni autoridad indiscutible en Miraflores. Las instituciones están fragmentadas, la economía se desangra, el bolívar se hunde y la crisis se agrava con cada hora que pasa, y sectores enteros de la población ven en el regreso de Estados Unidos una posibilidad de alivio más que una amenaza.

Estados Unidos, por su parte, no actúa como benefactor desinteresado. Su decisión está inscrita en una estrategia amplia de reconfiguración de influencia geoestratégica en el continente. Desde Washington ya se habla de reactivar negociaciones sobre petróleo, comercio y seguridad regional, incluso bajo la advertencia de que el país sigue siendo un lugar de “riesgo severo” para ciudadanos estadounidenses.

Y aquí llegamos a lo que muchos analistas no quieren decir en voz alta. La reapertura de la embajada es un acto de poder, tanto como de diplomacia. El restablecimiento de una misión diplomática significa tener un vigilante respirándole en la nuca a quien controle el territorio. A diferencia del pasado, cuando la relación estaba basada en sanciones y presión económica desde lejos, ahora la presencia física en Caracas significa acceso directo e inmediato al tablero político interno, a la burocracia estatal, a las instituciones que sobreviven y, sobre todo, a las decisiones que se toman día a día.

En otras palabras, Estados Unidos quiere estar allí no solo para negociar, sino para observar, influir y moldear contextos en una Venezuela que sigue siendo un territorio estratégico para su política hemisférica.

No es poca cosa. El mundo ha visto ya cómo diplomacia y seguridad se entrelazan. Una embajada no es solo un edificio con banderas. Es un centro de operaciones político, económico, informativo e incluso de inteligencia. Su reapertura implica que Estados Unidos volverá a tener ojos y oídos propios en Caracas, que podrá coordinar con actores locales, influir en decisiones clave y anticiparse a movimientos internos. Esa presencia funcionaría como contrapeso tanto para las facciones que quisieran revivir el viejo chavismo como para cualquier grupo que intente aprovechar el vacío de poder o la debilidad institucional para reinstaurar un modelo de dominio autoritario. Esa vigilancia permanente no será bienvenida por quienes hoy sienten que todavía hay lealtades oscuras al chavismo dentro del aparato militar y civil.

Y no es solo petróleo

No se trata únicamente de petróleo, aunque está en la mente de todos. Se trata de influencia política, estratégica, de seguridad hemisférica y del papel que jugará Venezuela en la integración regional. El mundo sabe que Estados Unidos ha dado un paso estratégico para no repetir errores del pasado, cuando cedió espacios estratégicos a actores contrarios a sus intereses. Su retorno es un mensaje inequívoco a Moscú, a Pekín y a los aliados regionales: Venezuela no será una pieza pasiva en el ajedrez geopolítico. Estados Unidos vuelve en rol protagónico y su decisión irrumpe en un momento de reacomodo regional, con gobiernos latinoamericanos atentos a cualquier señal de normalización o influencia directa sobre Caracas.

Para quienes en Venezuela han sufrido y aún sufren la crisis, la reapertura de la embajada puede parecer una oportunidad para reconstruir puentes, resolver problemas migratorios, atraer inversión y poner sobre la mesa la cooperación en temas críticos. Pero ese mismo regreso implica que la política venezolana ya no será un juego cerrado dentro de un sótano nacional. El hemisferio entero será testigo —y, ojalá, actor— de las decisiones que se tomen en Caracas. La embajada será un observatorio constante, un espacio de presión política y un instrumento de seguimiento sobre cualquier intento de reinstaurar sistemas de control autoritario o de corrupción que caracterizaron al chavismo histórico.

Presencia física, poder real

En suma, la reapertura no solo es una noticia diplomática: es un punto de inflexión histórico, la confirmación de que la crisis venezolana, tras años de aislamiento, ha devenido asunto de alta política internacional. Lo que comenzó como un movimiento casi técnico, una delegación diplomática que llega para “evaluar instalaciones”, demostró ser una movida de alta tensión geopolítica. Washington envió a Caracas a John T. McNamara, encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, acompañado de un equipo compuesto por diplomáticos y personal de seguridad especializado, con la misión de evaluar in situ la posible reapertura de la Embajada estadounidense cerrada desde 2019. En esta primera etapa, la misión operará con personal reducido y funciones limitadas, mientras se verifican condiciones de seguridad y se afinan acuerdos formales.

McNamara no es un burócrata cualquiera. Encargado de negocios significa que actúa como jefe de la misión temporal, con autoridad para supervisar y coordinar operaciones diplomáticas, sin esperar una confirmación formal de embajador. Su despacho opera desde Bogotá desde hace esos mismos siete años, cuando la sede en Caracas fue clausurada y las relaciones cayeron en un limbo sin presencia física. Su rol hasta ahora ha sido administrar la relación distante y compleja entre Estados Unidos y Venezuela sin residir en el país. En otras palabras, la presencia de McNamara es una señal clara de la intención de Washington de no improvisar.

Y lo que este y su equipo están haciendo, de manera formal, es verificar si las instalaciones en Colinas de Valle Arriba pueden ser reactivadas. Revisión de infraestructura, seguridad física, comunicaciones, sistemas consulares y viabilidad operativa son los pretextos oficiales. Pero quienes conocen la diplomacia explican que, en estos casos, el terreno físico es la excusa; el real interés es establecer un nodo político y estratégico propio en un país que antes fue un socio incómodo y ahora es un tablero sin reglas claras.

No se sabe aún cuándo se concretará la reapertura ni cuál será su estructura definitiva. Lo que sí está claro es que el regreso de Estados Unidos a Caracas no será silencioso ni neutral. Será un retorno con condiciones, con expectativas, con exigencias y con una mirada firme sobre cómo se reconstruye o se reconfigura la política interna venezolana en los años venideros. Un retorno que altera el equilibrio de poder en Caracas.

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