En un artículo anterior, la noción de “institución” asentada por el premio Nóbel de Economía, Douglass North, permitió describir cómo las reglas de juego de la democracia venezolana, sustentadas en un Estado de derecho avocado a asegurar una amplia gama de libertades y deberes ciudadanos, fueron socavadas por las prácticas populistas de Hugo Chávez. La acción transparente de órganos públicos competentes que las sustentaban, sujeta a la rendición de cuentas y monitoreadas por la sociedad civil, medios públicos libres y rivalidades políticas legítimas, fue desplazada por un ejercicio orientado a castigar críticas al “comandante supremo” y al pensamiento independiente, y premiar la obsecuencia y la lealtad amparando actividades ilícitas, violatorios de ese Estado de derecho. El orden constitucional dio paso a un régimen de expoliación dictatorial alimentado por la represión y el miedo, es decir, a un Estado de terror. La devastación económica que produjo, su aislamiento internacional y sus problemas de gobernanza llevaron a su implosión y a la captura del dictador Maduro. Desembocó en la creación del actual protectorado estadounidense sobre nuestro país y a su vicaría designada en Delcy Rodríguez. Dejar la conducción del país en manos de quienes fueron responsables de su destrucción y marginar de estos arreglos a la voluntad soberana mayoritaria que se expresó el 28J, caracteriza una situación de limbo institucional que, lamentablemente, no beneficia la transición a la democracia.
¿Cómo conformar un marco institucional que facilite esta transición? Las tres fases que sintetizan la estrategia del Secretario de Estado de USA, Marco Rubio, sólo tendrán efecto si se entiende que son procesos que se solapan y condicionan mutuamente. No puede haber estabilización efectiva sin asentar firmemente las bases de una transición democrática efectiva y ambas son necesarias para la recuperación sostenida del país. Pero, para soslayar el laberinto de interacciones que podría venir a la mente, destaca una palabra que todos reconocen como clave: la confianza. Sin confianza no vendrán las inversiones ni regresará la diáspora, no habrá crecimiento ni generación de empleo, como tampoco servicios públicos eficientes. La “estabilidad” sería impuesta por la represión. Más de lo mismo.
La confianza requiere de instituciones que resguarden los derechos de los ciudadanos, protegiendolos de las arbitrariedades del poder, así como seguridades para quien quiera invertir o trabajar lícitamente en el país Destacan, en particular, los derechos de propiedad, la transparencia, y la solución expedita y justa de disputas. Deben ofrecer garantías para que las personas puedan desenvolverse libremente en el marco de la ley, y tomar las previsiones que permitan la defensa de sus intereses legítimos y/o de los suyos. Pero no basta con aprobar leyes que, en el papel, incorporan tales criterios. Cuando se discutía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a finales del siglo pasado, EE. UU. le reclamaba a México no sólo la liberalización de los controles y las reformas de sus leyes, sino también garantías de su “enforcement”, es decir, de la capacidad del Estado de hacerlas cumplir.
El Rodrigato ha aprobado algunas leyes liberalizadoras bajo presión gringa. Pero, en el caso de la Ley de Amnistía, en vez de anular los supuestos delitos con que fueron inculpados muchos presos y perseguidos por razones políticas, sujeta sus beneficios a la aprobación de los mismos que les inventaron los cargos. Además, ciertos casos no califican. Se busca mantener la capacidad de castigar a opositores “incómodos”. Por su parte, la Ley de Hidrocarburos flexibiliza el régimen impositivo y las condiciones para explotar y comercializar el petróleo venezolano, pero deja márgenes abiertos para su aplicación. Los cambios arbitrarios en las reglas de juego que en el pasado caracterizaron a quienes todavía ocupan el poder, hacen temeraria confiar en que no volverá a ocurrir. Elevar sustancialmente la producción petrolera requiere cuantiosas inversiones que tardan tiempo en madurar. Si perciben que las condiciones pueden cambiar a discreción del gobierno, no vendrán. Más aún, una ley aprobada por una Asamblea Nacional de dudosa legitimidad no es segura, pues puede ser impugnada. Tal contexto no augura un incremento rápido y sostenido de la producción petrolera como tanto se pregona.
Detrás de una institucionalidad formal representada por nuevas leyes se asoman reglas de juego informales en su aplicación que revelan intereses que transgreden muchos de sus propósitos. En el caso de la Ley de Amnistía, el filtro de jueces abyectos pende como Espada de Damocles sobre quienes pesa una inquina particular en contra, vulnerando el supuesto espíritu de convivencia y perdón anunciado. Los márgenes de acción discrecional de la Ley de Hidrocarburos señalan posibilidades de negociar condiciones mejores para aquellas empresas dispuestas a engrasar la mano del decisor.
Y así llegamos al nudo del asunto, que es la pervivencia de una institucionalidad informal inculcada por años de depredación mafiosa de los recursos públicos, con tentáculos que extienden complicidades a través del Estado. Buscando prevenir corruptelas, el Depto. del Tesoro de EE. UU. tomó control de los ingresos petroleros, somete a autorización las transacciones financieras del BCV y de otros entes públicos con el sistema bancario de ese país y obliga a rendir cuentas de los proventos gastados. Sin embargo, no representa la institucionalidad robusta que se requiere para superar tales prácticas. Es temporal (espero) y responde, en última instancia, a intereses de quienes controlan el protectorado, no del país. No pueden sustituir la necesidad de que Venezuela rescate, cuanto antes, un marco de instituciones contraloras, transparentes y rendidoras de cuentas, para que el manejo de lo público responda a los intereses del soberano y no de una claque fascista que se apoderó del Estado.
Esto atañe, también, a la política antiinflacionaria de la que Delcy Rodríguez orgullosamente reclama autoría. Pues ha fracasado totalmente, no sólo porque nuestra inflación sigue siendo la más alta del mundo, sino también por el altísimo costo que le ha infligido a la población. Y la razón es sencilla. El alza indetenible de los precios en la Venezuela de hoy, jalonados por la depreciación del bolívar (también indetenible), ya no se debe al desbordamiento de las variables monetarias. Según cifras del BCV, la liquidez monetaria se encontraba, para fines de 2025, en apenas un 3,3% del tamaño de la economía, un mínimo histórico. En una economía tan deprimida como la venezolana, que opera a una fracción de sus potencialidades y con tantos recursos ociosos, contraer aún más los medios de pago, como si la economía estuviese sobrecalentada y en condiciones de pleno empleo, es un crimen. Ha contribuido a la destrucción de los servicios públicos, a remuneraciones de hambre de los empleados del Estado y a hacer todavía más inoperante la administración de sus organismos. Y ha facilitado la progresiva invasión a la sombra de toda suerte de irregularidades. Atacar causas equivocadas de la inflación, deprimiendo aún más la economía, perpetúa los males que alimentan estos desequilibrios.
La presión inflacionaria obedece a la velocidad con que circula el dinero, impulsada por expectativas de pérdida acelerada de su valor (y de encarecimiento sostenido del dólar), asentadas en el recuerdo, muy presente (inercial) de la pésima gestión reciente de la economía. El deterioro del sector público referido arriba, junto al colapso de la base tributaria doméstica y petrolera, ha obligado a financiar parte del gasto público con dinero “inorgánico”, sin contraparte alguna en bienes y servicios producidos o importados. Un Estado chavista con un historial de producir más males que bienes públicos, ineficiente y cómplice, y que rota a sus jerarcas para no ceder el control, no puede generar la confianza debida para matar la inflación: Padrino López nombrado ministro de Agricultura y Tierras. ¡Por favor!
La ansiada estabilidad, que presupone abatir la inflación, requiere de una reforma profunda del Estado sin el cual, a su vez, difícilmente podrá recuperarse el país. De ello dependerán, asimismo, las posibilidades de una transición democrática sin sobresaltos. El tinglado montado entre el tutelaje estadounidense y el Rodrigato secuaz, sin abrir espacios para que se manifieste la voluntad del soberano en ejercicio pleno de sus derechos, en absoluto constituye el marco institucional capaz de asegurar nuestro arribo a buen puerto. Pero esta discusión tendrá que abordarse en otro escrito.
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com
