La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó este martes la Licencia General Número 57, que autoriza todas las transacciones de servicios financieros que involucran al Banco Central de Venezuela (BCV), al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores y al Banco del Tesoro, así como a las entidades en las que estas instituciones poseen el 50 % o más de participación.
La medida también cubre a personas físicas del Gobierno venezolano bloqueadas solo por la Orden Ejecutiva 13884, siempre que no figuren en la lista SDN de la Ofac. La licencia entra en vigor de inmediato y abarca una lista amplia de operaciones, entre ellas la apertura, el mantenimiento y el cierre de cuentas; los préstamos; las transferencias; los giros; los servicios de corresponsalía en dólares; el cambio de divisas; los pagos con tarjetas de débito y crédito; las billeteras digitales; las remesas; el procesamiento de nóminas, pensiones y beneficios laborales, y los servicios de ciberseguridad y prevención de fraude.
Las instituciones financieras estadounidenses pueden confiar en la información del originador o beneficiario de las transferencias para cumplir con la norma, siempre que no conozcan o tengan razones para saber que la operación viola los términos.
La medida no desbloquea activos congelados ni levanta sanciones de forma total. Tampoco autoriza transacciones con criptoactivos, oro u otras actividades prohibidas de manera expresa.
Los bancos internacionales deben mantener los controles de cumplimiento habituales.
Economistas explican el alcance real
Hermes Pérez, exfuncionario del BCV y profesor universitario, en un hilo en X afirma que la norma genera un impacto favorable en el mercado cambiario. Pérez indica que la licencia permite retomar operaciones internacionales a través del sistema Swift, reconectar al país con la banca global y con la Reserva Federal, abrir cuentas corresponsales, transferir fondos y reducir los costos de las remesas y las operaciones cambiarias.
Pérez aclara que no se trata de un retiro completo de las sanciones, sino de una autorización con restricciones.
Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, señaló en sus redes sociales que las sanciones previas al BCV limitaron todo el sistema financiero venezolano. Grisanti explica que la pérdida de corresponsalías y el sobrecumplimiento redujeron la capacidad de los bancos para operar con divisas.
La nueva licencia, según su análisis, restablece relaciones con la banca internacional, elimina trabas operativas y amplía la participación de más instituciones en el mercado cambiario. Grisanti añade que esto genera mayor profundidad y estabilidad en el sistema. Además, considera que la medida podría abrir la puerta al reconocimiento de Venezuela por parte de organismos multilaterales como el FMI, el BID y el Banco Mundial.
Grisanti advierte, sin embargo, que el efecto completo depende de que el BCV avance hacia una nueva gobernanza con independencia, credibilidad y capacidad técnica.
Por su parte, en entrevista con el Circuito Éxitos FM, el experto financiero Asdrúbal Oliveros califica la Licencia 57 como una flexibilización de las sanciones y un “excelente primer paso”.
Oliveros afirma que la medida otorga profundidad al mercado cambiario nacional y permite incorporar un mayor número de instituciones financieras en la gestión de divisas. “Va a ayudar a que fluya la asignación de divisas al permitir participar a un mayor número de bancos. No solamente vía tarjetas prepagadas, sino también que se den a través de transferencias e incluso en el futuro que estas operaciones puedan hacerse en efectivo o transacciones internacionales”, explicó.
Oliveros añadió que esta flexibilización mejora la eficiencia del sistema, facilita transferencias, remesas, pagos a proveedores y mayor acceso al efectivo en dólares. Según su criterio, la medida puede reducir la brecha cambiaria y contribuir a bajar la inflación, siempre que se combine con otras acciones.
No obstante, advierte que la licencia no resuelve los desequilibrios estructurales de la economía. Oliveros insiste en que se necesitan tres elementos coordinados: esta flexibilización financiera, disciplina fiscal (control de la emisión de bolívares) y una modificación en las condiciones de las subastas del BCV para que la tasa refleje mejor la realidad del mercado.
La Licencia General 57 complementa la Licencia 56, que autoriza la negociación de contratos comerciales contingentes con el Gobierno venezolano. Ambas decisiones representan un alivio parcial y controlado de las sanciones. Los analistas coinciden en que la reconexión financiera facilita el flujo de divisas por exportaciones petroleras, abarata las remesas y contribuye a una mayor estabilidad cambiaria e inflacionaria, aunque el resultado final depende de la implementación por parte de los bancos internacionales y de las políticas internas del BCV.
