Lo ocurrido en Venezuela en las últimas semanas ha generado sentimientos encontrados: alivio, expectativa y también desconcierto. La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos constituye un quiebre histórico que las fuerzas democráticas celebran como un hecho de enorme significado político. Para millones de venezolanos, no se trató de un instante pasajero, sino de un punto de no retorno: la confirmación de que algo fundamental se había movido y de que el régimen ya no es intocable.
Ese quiebre, sin embargo, no vino acompañado del desenlace que muchos esperaban. No hubo una transferencia inmediata del poder a las fuerzas democráticas que ganaron legítimamente las elecciones de julio de 2024. En su lugar, se aceptó que el presidente depuesto fuera sustituido por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, una figura central del mismo entramado político que se pretende desmantelar. La salida de Maduro abrió una puerta, pero dejó intacta una parte sustancial del edificio.
A ese primer elemento se sumó un segundo hecho igualmente sorprendente: la disposición explícita del gobierno de Estados Unidos a involucrarse de manera abierta y directa en la conducción de la transición venezolana, incluso a ejercer una forma de tutela política, según han señalado repetidas veces el presidente Trump y otros voceros de su administración. La combinación de ambos factores —una transición administrada por actores del régimen saliente y un involucramiento estadounidense mucho más visible de lo anticipado— descolocó a muchos y reforzó la sensación de estar ante un escenario incómodo y difícil de procesar.
Es precisamente allí donde conviene detenerse y pensar políticamente.
Ese segundo elemento —el involucramiento directo de Estados Unidos— no es una hipótesis ni una preferencia: es un dato central de la realidad. Y como todo dato relevante en política, puede convertirse en una desventaja paralizante o en una ventaja estratégica, dependiendo de cómo se lo lea y de cómo se lo utilice.
Esa ventaja potencial puede operar en dos momentos distintos.
En el presente inmediato, el involucramiento estadounidense introduce una tensión profunda en el seno del chavismo. Delcy Rodríguez y el aparato que hoy administra el poder quedan atrapados en una contradicción estructural difícil de sostener. Por un lado, deben seguir encarnando una narrativa antiimperialista que forma parte de su identidad política, de su legitimación interna y de su relación con actores reales de poder, incluidos sectores militares. Por otro, deben convivir con la presión y la visibilidad de una transición asociada directamente a Washington.
No es fácil, ni sostenible en el tiempo, pretender ser al mismo tiempo una revolucionaria antiimperialista, “uña en el rabo” y la cara visible de un proceso conducido desde Estados Unidos. Esa contradicción no es solo discursiva: genera fricciones internas, acelera deserciones y reacomodos, y puede empujar al chavismo hacia una implosión más ordenada. No una ruptura violenta o caótica, sino una descomposición política funcional que abra espacio para una sustitución más completa del poder.
En un segundo momento, ya bajo un gobierno democrático, ese mismo involucramiento puede convertirse en un activo decisivo para estabilizar y reconstruir el país más rápidamente. Un actor con el peso político, financiero y diplomático de Estados Unidos facilitaría simultáneamente varios frentes críticos: el acceso temprano a financiamiento internacional, la coordinación con organismos multilaterales, la renegociación ordenada de la deuda externa y la creación de un entorno de seguridad interna que reduzca los incentivos para aventuras desestabilizadoras. No se trata de un solo beneficio, sino de una plataforma que refuerza múltiples dimensiones de la transición.
Nada de esto ocurre de manera automática. Convertir esta coyuntura en una oportunidad exige que las fuerzas democráticas asuman una responsabilidad central: impedir que la transición se vuelva indefinida, opaca o sin rumbo.
Por eso, el involucramiento internacional solo resulta virtuoso si va acompañado de exigencias concretas, medibles y verificables. La primera de ellas debe ser inequívoca: la liberación de todos los presos políticos y la habilitación plena de los actores hoy perseguidos, inhabilitados o forzados al exilio. Ese debe ser el primer termómetro real del proceso
En ese contexto, puede uno imaginar lo que significaría que María Corina Machado pueda regresar al país, moverse libremente, ejercer la política sin restricciones y trabajar abiertamente junto a muchos otros actores también libres, fortaleciendo la organización y asegurando mayor gobernabilidad.
Nada de esto está garantizado. Nada de esto es sencillo. Pero tampoco es, por sí mismo, un fracaso.
Las transiciones democráticas reales rara vez son limpias o lineales. Avanzan por caminos incómodos, con retrocesos, ambigüedades y estaciones intermedias que nadie había previsto. Reconocerlo no implica resignación, sino lucidez política.
Porque algunas veces, cuando el tren parece equivocado, puede terminar llevándonos —si sabemos jugar bien nuestras cartas— a la estación correcta.
