De acuerdo con la información de Argus, algunos de estos contratos podrían ser cancelados, ya que EEUU estaría presionando en ese sentido, ya que los socios no son estadounidenses ni empresas conocidas.
La petrolera estatal venezolana PDVSA está revisando la situación contractual de 26 empresas mixtas cuyos contratos fueron firmados entre 2024 y 2025 para alinear las condiciones con los cambios establecidos en la reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
De acuerdo con la firma de análisis e inteligencia de negocios para el sector energéticos Argus, algunos de estos contratos podrían ser cancelados después de que Estados Unidos exigiera reformas para favorecer a los inversionistas privados.
El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha comenzado a implantar nuevos tipos de contratos con aliados privados, entre los que se incluyen algunos conocidos como Convenios de Participación Productiva (CPP), después de asumir el cargo de ministra de Petróleo en octubre de 2024 como parte de su vicepresidencia.
Los convenios podrían adaptarse para ajustarse a las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos recientemente modificada, según informó una fuente de PDVSA a Argus, pero lo más probable es que se cancelen, según la nota de la agencia.
Los 26 contratos petroleros otorgados después de la salida del exministro de Petróleo, Pedro Tellechea, en octubre de 2024 y antes de que Estados Unidos extrajera al gobernante venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, están siendo revisados, dijo la fuente de PDVSA. De ellos, 13 están dentro de la figura de los CPP.
La fuente citada por Argus afirmó que Estados Unidos está presionando a la presidenta interina Rodríguez para que rescinda esos contratos, ya que la mayoría de los socios son entidades no estadounidenses o poco conocidas..
Rodríguez y Maduro concedieron los 26 acuerdos en dos años, pero proporcionaron pocos detalles públicos al respecto. Incluso después de la detención de Maduro el 3 de enero, Rodríguez siguió describiendo los CPP como una forma de aumentar la producción petrolera venezolana.
Pero una vez modificada la ley, se concedió al Gobierno y a sus socios un plazo de seis meses para adaptar los contratos a la nueva ley o cancelarlos.
Las fuentes afirman que los acuerdos estaban condenados al fracaso, ya que desde el principio se vieron afectados por el peso de las sanciones estadounidenses, que solo ahora están empezando a levantarse.
El gobierno concedió 24 contratos, pero solo cinco de ellos… están en producción real», dijo un exministro de Petróleo venezolano. «Eliminar o reestructurar esos convenios no tendrá ningún impacto en la producción», apunta la información.
En cambio, reestructurar esos acuerdos o conceder otros nuevos podría ayudar a aumentar la producción de Venezuela desde su nivel máximo de aproximadamente 1 millón de barriles diarios en los últimos meses.
