Las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) determinan qué compañías y operaciones pueden participar legalmente en actividades petroleras y gasíferas específicas. Parte del dinero procedente de ciertas ventas permanece, además, en cuentas designadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que las autoridades venezolanas presentan sus necesidades de gasto y que Estados Unidos controla el proceso de desembolso de esos recursos.
Por Ana sosa / revistamercado.do
La propiedad, sin embargo, no cambió: el petróleo y esos ingresos siguen siendo venezolanos, pero el Gobierno de Venezuela no puede disponer por sí solo de una parte de ellos. Esa separación entre propiedad y capacidad de decisión es una de las características centrales del esquema que ahora acompaña la recuperación petrolera.
Que las instituciones venezolanas hayan perdido la capacidad de ofrecer controles confiables puede explicar una supervisión excepcional; no resuelve de dónde proviene la legitimidad de quien asume esas funciones ni hasta dónde puede ejercerlas. Si los recursos que siguen perteneciendo a Venezuela quedan sujetos a decisiones de otro Estado, el estándar no debería limitarse a evitar que el dinero sea desviado: tendría que permitir conocer quién decide, con qué mandato, bajo qué criterios y, sobre todo, cuándo termina esa autoridad extraordinaria.
Esa exigencia resulta aún mayor porque Estados Unidos no administra esos recursos desde una posición neutral. La propia orden que protege los fondos establece que el mecanismo también responde a sus objetivos de política exterior y de seguridad nacional. Los intereses estadounidenses y venezolanos pueden coincidir en determinadas decisiones; el diseño del sistema no garantiza que siempre lo hagan.
El propio Gobierno estadounidense ha explicado qué intereses económicos acompañan esa política. Durante su visita a Caracas el 11 de febrero de 2026, el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó, junto a Delcy Rodríguez, que Estados Unidos trabajaba en nuevas licencias para que empresas ya presentes y otras que quisieran entrar en Venezuela pudieran invertir capital, aumentar la producción petrolera, crear empleos y elevar los ingresos por exportaciones. También planteó aumentar la producción venezolana de petróleo, gas natural y electricidad mediante la cooperación entre ambos países.
Estados Unidos, por tanto, supervisa parte de la renta petrolera al tiempo que impulsa más inversión, más empresas y una mayor producción en el sector que la genera. No existe necesariamente una contradicción entre ambos objetivos, pero sí una concentración de funciones que hace más relevante saber cómo se toman las decisiones y quién puede examinarlas.
La primera prueba de ese sistema puede medirse en algo mucho más concreto: el seguimiento del dinero. Cuánto petróleo se vende, cuánto ingresa realmente, dónde queda depositado y qué puede conocer el público sobre el destino posterior de esos recursos.
¿Hasta dónde puede seguirse el dinero del petróleo venezolano?
Más de US$13,000 millones en ingresos procedentes del petróleo venezolano habían sido recaudados bajo el esquema estadounidense a finales de julio, según cálculos del Financial Times. La magnitud puede estimarse. Lo que no existe, con el mismo nivel de precisión, es una cuenta pública que permita reconstruir cuánto de ese dinero fue desembolsado, para qué se autorizó y cuánto permanecía aún bajo control estadounidense.
Esa ausencia obligó incluso a analistas externos a reconstruir una parte del flujo a partir de datos de buques, de volúmenes exportados y de precios del crudo.
Roxanna Vigil, exasesora sénior de política de sanciones de OFAC y exdirectora para Asuntos Andinos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, calculó que durante los primeros cuatro meses del mecanismo, casi 100 millones de barriles, valorados en unos US$8,000 millones, circularon sin que hubiera un registro público completo de las ventas, los ingresos y el uso posterior de los fondos.
La información disponible tampoco permite reconciliar fácilmente las distintas etapas. Vigil recoge que, en abril, un funcionario del Departamento de Estado informó al Congreso que se habían autorizado alrededor de US$3,000 millones para Venezuela, pero no pudo precisar cuánto dinero permanecía en las cuentas del Tesoro.
Eso introduce una diferencia importante entre el control y la rendición de cuentas. Un sistema puede exigir presupuestos, autorizar desembolsos y auditar posteriormente el gasto sin ofrecer al público información suficiente para reconstruir cada una de esas decisiones.
En el caso venezolano, la distancia resulta especialmente incómoda: quien supervisa el dinero puede tener más información sobre su recorrido que los ciudadanos a quienes ese dinero pertenece. Si la supervisión externa pretende corregir los problemas de opacidad y discrecionalidad que acompañaron durante años el manejo de los recursos públicos venezolanos, reproducir una brecha de información bajo una autoridad distinta deja sin resolver una parte esencial del problema.
Y la opacidad no termina en el destino del dinero. También importa cómo se decide quién obtiene acceso, influencia y participación dentro del sistema que ahora lo administra.
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