Jorge Millán: “Garantizaremos que los fondos de ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto lleguen directamente a la gente”

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 avanza en las negociaciones enfocadas en la estabilización, la recuperación económica y la transición pacífica del país, teniendo como prioridad inmediata la atención de las víctimas del doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

Así lo informó el diputado Jorge Millán, integrante de la instancia parlamentaria, quien subrayó que el objetivo principal de las mesas de trabajo es asegurar un mecanismo directo y transparente para la entrega de la ayuda humanitaria a quienes hoy la requieren de manera urgente.

“El foco central debe ser la preocupación por atender a las víctimas y asegurar que el dinero de todos los venezolanos llegue al ciudadano para resolver sus problemas urgentes”, afirmó Millán. “Se ha logrado la participación del sector privado, específicamente de la banca privada, para generar transparencia, establecer mecanismos de auditoría sobre los recursos y garantizar una atención efectiva y rápida a las personas”.

Banca privada será garante de transparencia

Ante la preocupación de que los fondos de asistencia no llegasen a las familias que perdieron sus viviendas, la representación parlamentaria promovió la incorporación del sistema bancario nacional para superar las trabas operativas que habían impedido su integración por parte del gobierno interino.

Con este acuerdo, el programa de atención a las víctimas del terremoto —en el que el sector bancario aceptó participar—, permitirá a la mesa técnica supervisar el flujo de los recursos económicos, permitiendo un acceso rápido a las viviendas y de emergencia para los damnificados del evento sísmico.

La Comisión Delegada reiteró su compromiso de mantener una comunicación fluida sobre los avances de la mesa de negociación, priorizando la respuesta social frente a la emergencia humanitaria que atraviesa la nación desde hace dos meses.

Transformación del Poder Judicial como punto de inicio

El primer ciclo de conversaciones también priorizó la reestructuración del Poder Judicial porque es la única manera de garantizar la estabilidad democrática y la integridad electoral.

Entre los acuerdos y lineamientos técnicos presentados destacan logros hasta hace poco impensados, como la reforma de las leyes que rigen el sistema judicial, entre ellas la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y leyes conexas del sistema penal, penitenciario y de seguridad pública.

Asimismo, el inicio, desde cero, del proceso para la renovación de las 32 magistraturas principales y sus suplencias; la reconfiguración del Comité de Postulaciones Judiciales que permitirá que, de 23 integrantes, 12 sean representantes de la sociedad civil; y la creación del Consejo Independiente de Verificación que es un mecanismo técnico para la evaluación estricta de credenciales y el cumplimiento de requisitos constitucionales de los postulados.  

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El País | Abelardo de la Espriella ordena la deportación inmediata de los inmigrantes irregulares: “Se van, es una decisión política”

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ordenado este domingo iniciar operaciones policiales para perseguir y deportar a los inmigrantes irregulares, en un giro total a la política que ha mantenido el mayor receptor de la diáspora venezolana a lo largo de más de una década. “Que empiecen los operativos coordinados para dar con los inmigrantes ilegales, primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación, que en el término de la distancia tendrán que ser deportados”, dijo durante un consejo de seguridad en Barranquilla, la ciudad caribeña que en la práctica ha convertido en la capital alterna del país.

Por El País

El jefe de Estado de ultraderecha, que suma menos de tres semanas en el cargo, ha asegurado que su orden se debe empezar a cumplir esta misma semana. “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y administrativa y yo la asumo”, continuó el abogado penalista. El anuncio estuvo antecedido por alusiones nacionalistas: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”. Aunque no lo dijo explícitamente, su anuncio afecta especialmente a los 2,8 millones de venezolanos que viven en Colombia, y que significan cerca del 90% del total de inmigrantes del país. De ellos, 848.000 están en situación irregular en Colombia, según datos oficiales de Migración Colombia, y de esos 193.000 son niños, niñas y adolescentes.

Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explica que el anuncio significa un cambio de paradigma en la forma como los últimos tres gobiernos de Colombia han recibido y atendido a la población migrante del país vecino. “Es peligroso que el presidente se sume a un discurso que estigmatiza a los migrantes al asegurar que son ilegales. Ese discurso ha existido en la región, lamentablemente ha ganado carrera en el mundo, pero Colombia se había distanciado”, explica el experto por vía telefónica.

Desde que inició la crisis migratoria venezolana en 2015, cuando más de 7,8 millones de personas dejaron ese país, Colombia creó instrumentos jurídicos y sociales para la regularización de esa población. Con gobiernos de centro, derecha e izquierda, se convirtió en un ejemplo mundial de buenas prácticas de regulación migratoria, y recibió y asimiló a casi un tercio de esa diáspora. El experto insiste en que en Colombia no hay inmigrantes ilegales, sino en situación de irregularidad. “El Gobierno mete a todos los migrantes en la misma bolsa y habla de la criminalidad asociada claramente a la irregularidad. Eso en Colombia no es así: una persona que se encuentra en estatus irregular no es un criminal”, explica Rodríguez.

La decisión de De la Espriella de perseguir y deportar a casi un millón de extranjeros con situación migratoria irregular ha generado críticas de la oposición política. La congresista María Fernanda Carrascal, del izquierdista Pacto Histórico, el partido del expresidente Gustavo Petro, asegura que el anuncio no solo es nefasto, sino cruel. “Vincular a los migrantes irregulares con la criminalidad solamente por el hecho de tener un estatus migratorio irregular es una afrenta contra los derechos humanos, y una afirmación absurda y carente de cualquier evidencia”, dice en conversación con este diario. “Buscan construir a los migrantes como chivos expiatorios, como sujetos sobre los que se pone una diana, un blanco, con la intención de que contra ellos la sociedad exprese su malestar”. La representante a la Cámara por Bogotá, señala que el anuncio es peligroso: “Más que abrirle la puerta a la xenofobia, profundiza de manera consciente la que ya existe en una parte de la sociedad colombiana”.

El cambio en la relación con los migrantes se alinea con las políticas antimigratorias de gobiernos de ultraderecha en el continente, como los de Donald Trump en Estados Unidos; José Antonio Kast en Chile, y Gabriel Milei en Argentina, que han buscado deportaciones masivas para, en teoría, mejorar la seguridad en sus países. Rodríguez asegura que Colombia no puede abordar el tema migratorio igual que Argentina, porque comparte con Venezuela una frontera viva de 2.219 kilómetros. A eso se suma la compleja relación con el Gobierno de Venezuela liderado por Delcy Rodríguez. “Colombia es un país muy complejo donde los migrantes también han sido víctimas de los actores de la ilegalidad”.

Andrés Sampayo, doctor en Estudios Políticos, coincide en la preocupación por lo que podrían generar las decisiones del Gobierno contra la población venezolana en Colombia. “Espero que los operativos migratorios no se conviertan en una persecución a gran escala de nuestros hermanos venezolanos, que aportan cerca de USD 3.000 millones anuales a la economía colombiana en consumo, impuestos y emprendimiento”, escribió en su cuenta de X.

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