El sobrevuelo de aviones militares estadounidense en Caracas a finales de mayo, apoyados desde aguas venezolanas por buques de la ‘Navy’, fue especialmente simbólico de cómo Washington está convirtiendo su entorno geográfico americano en un teatro de operaciones militares directas. No se trataba de una acción hostil como la llevada a cabo en enero para la detención de Maduro (esta vez fue una operación consentida desde el Palacio de Miraflores: el simulacro de una emergencia en la reabierta Embajada de EE.UU. en Caracas), ni tampoco de una acción aislada: otros gobiernos de la región están autorizando también la presencia de soldados estadounidenses –en número muy reducido y para actuaciones conjuntas– en sus territorios.
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Todo esto marca la materialización de la nueva versión de la Doctrina Monroe proclamada por la Administración Trump. Si la injerencia estadounidense en su ‘«patio trasero’ fue justificada en la segunda mitad del siglo XX, durante la Guerra Fría, por la necesidad de combatir la subversión política e impedir que se extendiera el comunismo en la región, ahora la justificación es el «narcoterrorismo». En aquella época previa, el brazo ejecutor fue en gran medida la CIA; ahora es el Departamento de Guerra.
«Intervención» directa
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, se ha implicado muy directamente en la formulación ideológica de las nuevas pretensiones «imperiales» estadounidenses. En marzo, Hegseth habló de la Gran Norteamérica –de Groenlandia a Ecuador–, el perímetro dentro del cual Washington quiere tomar directamente el mando último de la seguridad. Si bien EE.UU. reivindica para todo el hemisferio occidental la exclusión del acceso de otras grandes potencias a enclaves y sectores especialmente estratégicos (Doctrina Monroe), reclama una acción directa de EE.UU. en ese cuadrante del globo terráqueo que considera de interés prioritario. Así, el Comando Sur, la organización del Pentágono que cubre Latinoamérica y el Caribe, ha comenzado a actuar de acuerdo con ese plan.
Además de convertir en permanente el despliegue naval en el Caribe, que también sirve para presionar sobre la dictadura cubana, el Comando Sur lleva varios meses participando en acciones conjuntas con el Ejército de Ecuador en la lucha contra el narcotráfico. Más allá de compartir información sobre movimientos y posible ubicación de grupos delictivos, EE.UU. aporta a esas operaciones elementos técnicos y materiales, así como personal para gestionarlos, en estrecha coordinación con los mandos militares nacionales.
Centroamérica
Señalado el narcotráfico –y elevado este a narcoterrorismo– como la principal amenaza para EE.UU., Washington está cerrando acuerdos con los gobiernos vecinos para intervenir directamente en la lucha contra el crimen organizado en sus territorios. La semana pasada el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó haber enviado una carta a Donald Trump solicitando apoyo frente a un negocio que ya no solo usa el país como lugar de paso, sino también de incipiente cultivo de hoja de coca y elaboración de cocaína.
Esta misma problemática se da en Honduras, donde se encuentra la única base militar estadounidense en Centroamérica, y cuyo Gobierno también podría solicitar ayuda a la Casa Blanca, según ha desvelado el ‘New York Times’. Aunque esas autoridades nacionales insisten en minimizar la implicación de EE.UU., presentándola como una cooperación que apenas supone la presencia de soldados estadounidenses, lo cierto es que la Administración Trump está exigiendo un alineamiento que hacía décadas no reclamaba.
Las estrenadas presidencias en Honduras y Costa Rica premian esa dinámica, ya sostenida por El Salvador, y a ella se suma el Gobierno centrista de Guatemala; la única excepción centroamericana es la Nicaragua de Ortega y Murillo, de la que quizás Washington se ocupe una vez pueda aplicar sobre Cuba un «protectorado» similar al de Venezuela. Panamá, por su parte, ya ha ido excluyendo a China de puntos estratégicos del Canal, como exigía Trump.
Colombia y México
En este plan de injerencia estadounidense en la Gran Norteamérica, por lo que afecta al narcoterrorismo, quedan por mencionar dos grandes países. Una victoria en Colombia del candidato derechista, Abelardo de la Espriella, en la segunda vuelta del día 21, podría abrir la puerta a operaciones conjuntas entre el Ejército colombiano y el estadounidense. El apoyo electoral a De la Espriella expresado por Trump, en cualquier caso, auguraría una estrecha colaboración. En caso de ganar el candidato izquierdista, Iván Cepeda, posiblemente Trump abriría una confrontación mayor que la que sostuvo con Petro, a quien finalmente dejó de presionar por la cercanía de las elecciones.
México constituye el gran objetivo de la embestida de la Administración Trump. Fue en relación con México que los ideólogos MAGA elaboraron durante la campaña electoral trumpista las teorías sobre el narcoterrorismo y la licitud de que el Ejército estadounidense ataque a los cárteles en suelo extranjero.
La presidenta Sheinbaum ha intentado capear los principales escollos en su trato con Trump, pero en las últimas semanas se han producido acusaciones formales desde EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros altos cargos por vinculación con el narcotráfico que suponen una seria complicación política para Sheinbaum. Cabe esperar que, pasado el Mundial de Fútbol, la presión de la Administración Trump sobre México aumente.
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