El Gobierno de Cuba acusó a Estados Unidos de continuar «los pasos para apretar el cerco» a la economía de la isla y calificó de «crimen» las nuevas sanciones anunciadas este martes por Washington contra cinco entidades estatales vinculadas al conglomerado militar empresarial cubano Gaesa.
EFE
«El gobierno de EEUU, conducido por su deshonesto y mendaz Secretario de Estado, continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de Cuba, al ésta demostrarse más fuerte, capaz y eficaz que lo que él esperaba frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el pueblo y sus condiciones de vida», escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.
Asimismo, afirmó en referencia al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que «lo que impulsa este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen».
El Departamento de Estado de EE.UU. comunicó este martes que designó a «cinco entidades y a una persona para impulsar los esfuerzos integrales» de la Administración del presidente Donald Trump para «poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio»,
Las entidades sancionadas y vinculadas a Gaesa, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), son Rafin y el Banco Financiero Internacional (BFI), dos instituciones financieras que según el secretario de Estado, Marco Rubio, «se dedican a mover dinero en nombre del régimen» y Almacenes Universales, entidad logística que incluye actividades portuarias.
La nueva ronda de sanciones también incluye a la empresa siderúrgica José Martí, la mayor productora de acero bruto de Cuba que fue modernizada recientemente con fondos rusos, y GeoMinera, una compañía estatal que gestiona activos de minerales metálicos no niquelíferos con inversión de la australiana Antilles Gold y otras entidades extranjeras.
Washington sancionó además a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo del expresidente Raúl Castro.
«La situación en Cuba se está deteriorando mientras el régimen comunista corrupto, brutal y antiestadounidense de la isla continúa priorizando su control total sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano», escribió Rubio en X.
Además, insistió en que Gaesa «ha servido persistentemente como el principal vector para que las élites del régimen roben los escasos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje».
El presidente Trump, estableció el pasado 1 de mayo una Orden Ejecutiva mediante la cual amenaza con sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano o que opere en sectores claves de la isla, como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.
También incluye la prohibición de entrada al territorio estadounidense a personas extranjeras que hayan mantenido o mantengan relaciones con entidades gubernamentales cubanas, estén implicados en violaciones de derechos humanos o en actos de corrupción.
El conglomerado Gaesa, y su presidenta, Ania Guillermina Lastres, fueron los primeros sancionados con la medida de Washington que después sumó al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a Alejandro Castro Espín, a la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich, el de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, y otros funcionarios y entidades estatales como el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo, y la empresa Moa Nickel y Cubapetróleo.
Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agudizada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., con apagones de más de 20 horas la Habana y hasta 72 horas seguidas en el resto del país, y que ha agravado la crisis económica que arrastra la isla desde hace seis años.
La economía estatal cubana está casi paralizada y según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se puede contraer al menos un 6,5 %, mientras economistas independientes estiman sumar una caída acumulada de más del 15 % entre 2020 y 2025.
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