Los bonos soberanos de Venezuela y de la estatal Pdvsa registraron un fuerte incremento este martes 5 de mayo. El repunte ocurre luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una licencia que permite contratar asesoría especializada para una eventual reestructuración de la deuda.
Según datos recopilados por Bloomberg, en el mercado secundario, los papeles soberanos con vencimiento en 2027 subieron un 5,41 %, alcanzando los 55,53 centavos por dólar, su punto más alto en nueve años. Por su parte, los bonos de Pdvsa para 2037 escalaron un 4,1 % hasta situarse en 40,1 centavos por dólar.
El movimiento también ha generado un cambio en las expectativas sobre el futuro de la deuda venezolana, luego de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos durante una operación militar en Caracas.
Aunque el mercado reaccionó al alza, S&P Global advierte que el éxito de una reestructuración depende de un “plan económico creíble”. De acuerdo con la firma, es indispensable recuperar la producción petrolera y aplicar políticas fiscales y monetarias que den credibilidad al proceso.
La magnitud del pasivo externo sigue siendo un factor central en la valoración de los activos, incluyendo obligaciones soberanas y cuasi soberanas que se estiman entre US$150.000 millones y US$170.000 millones.
La capacidad de pago del país está ligada a la industria petrolera. Mientras el sector busca producir 1,5 millones de barriles diarios para 2027, las proyecciones de S&P Global son más conservadoras: estiman un aumento de entre 500.000 y 700.000 bpd en los próximos dos o tres años, con un potencial de alcanzar los 3 millones de bpd en una década.
Este panorama se da en medio de un deshielo diplomático entre Caracas y Washington, que ha permitido retomar contactos directos con el gobierno venezolano y avanzar hacia la reactivación de la embajada de Estados Unidos en la capital.
En contexto
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) publicó la Licencia 58, la cual faculta al Estado venezolano y a Pdvsa para contratar servicios legales y financieros destinados a evaluar opciones de reestructuración de deuda. El permiso abarca la elaboración de propuestas y materiales de apoyo, siempre que las firmas participantes no tengan vínculos con Rusia, Irán, China, Cuba o Corea del Norte.
No obstante, la autorización establece una serie de restricciones. No permite la reestructuración, transferencia o liquidación de deuda ni negociaciones directas entre el Gobierno venezolano, Pdvsa o sus entidades y los acreedores. Tampoco autoriza pagos en condiciones no comerciales ni operaciones que involucren oro, criptomonedas o activos digitales emitidos por el Estado venezolano, incluido el petro.
Asimismo, la licencia prohíbe la celebración de acuerdos de liquidación o la ejecución de cualquier gravamen, sentencia, laudo arbitral, decreto u otra orden mediante embargo, ejecución u otro proceso judicial que pretenda transferir, alterar o afectar bienes o intereses en bienes bloqueados conforme a las regulaciones de sanciones a Venezuela..
De igual manera, quedan prohibidas las operaciones que involucren a individuos o entidades incluidos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la OFAC, con excepción de Petróleos de Venezuela, así como aquellas entidades en las que estas personas posean, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 50 %, excluyendo nuevamente a las entidades vinculadas a la estatal venezolana.
Además, se prohíbe el uso o desbloqueo de bienes bloqueados bajo el marco regulatorio vigente del Departamento del Tesoro.
Finalmente, la OFAC establece que cualquier contrato firmado bajo esta autorización deberá ser remitido a las autoridades estadounidenses dentro de los 10 días hábiles siguientes a su suscripción, a través de los canales oficiales dispuestos para tal fin.
