Desde este blog, compartiremos los temas mas importantes, en esta era globalizada.
Republica del Zulia
Julio Portillo: Necesitamos entonces promover el regionalismo como protesta al excesivo centralismo en todos los órdenes. Tenemos que despertar la conciencia política de la provincia.
Al BCV toca actualizar el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tras el silencio que mantuvo desde octubre de 2024.
""Ningún negocio que dependa para existir de pagar salarios inferiores al nivel de subsistencia tiene derecho a continuar en este país."
Franklin D. Roosevelt
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo un llamado urgente a quienes gobiernan en Venezuela para que apliquen de inmediato el método acordado para la fijación del salario mínimo, tras constatar que el mecanismo consensuado en el Foro de Diálogo Social sigue sin ejecutarse.
El salario mínimo (o “básico”) es la cantidad mínima de dinero que un empleador debe pagar a un trabajador por sus horas laboradas y esfuerzo en un período determinado.
La gestión y administración de los salarios, incluyendo el cumplimiento de las leyes y regulaciones sobre el salario mínimo, suele estar a cargo del departamento de Gestión del Talento Humano. Este equipo se encarga de garantizar que los trabajadores reciban una remuneración acorde con la normativa laboral, además de otros aspectos.
Los salarios mínimos generales deberían ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
Ahora bien, más allá de asegurar condiciones laborales justas y trabajar aspectos relacionados con el salario emocional, el salario mínimo también cumple un rol clave en la economía, proporcionando estabilidad financiera a los empleados.
Un piso salarial adecuado contribuye a mejorar el nivel y calidad de vida, reducir la desigualdad y estimular el consumo, lo que a su vez dinamiza la economía local.
En Deel (Deel es una “fintech” especializada en la gestión de pagos y contratación internacional), se dice saber lo importante que es asegurar el cumplimiento legal del salario, prestaciones sociales y muchos más aspectos que entran en juego cuando contratas talento global.
Todo esto y más lo tienes cubierto con EOR (Un “Employer of Record”, o simplemente EOR, es una organización que se encarga de contratar y remunerar a uno o varios empleados a término indefinido en nombre de otra empresa.), con soluciones de nómina, impuestos y cumplimiento legal integradas en la misma plataforma todo en uno.
En América Latina, cada país de la región establece una base mínima de ingresos según su marco legal. Por eso, al calcular la remuneración del talento latinoamericano y gestionar los pagos globales, es fundamental considerar los valores fijados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o su equivalente en cada país.
Asimismo, los aportes a la seguridad social pueden variar radicalmente.Para entender cómo se determina el salario mínimo de Latinoamérica en 2026, en muchos países se llevan a cabo negociaciones entre sindicatos, empresarios y autoridades. Aunque este monto esté regulado por ley, las negociaciones colectivas pueden fijar salarios superiores al mínimo, considerando factores como la industria, la ubicación geográfica y la experiencia laboral.
Los cinco países con mejor salario mínimo en Latinoamérica 2026, son los siguientes: Uruguay (USD 599); Chile (USD 597); México (USD 533); Ecuador (USD 482) y Republica Dominicana (USD475).
Actualmente, el salario mínimo mensual del venezolano permanece congelado en 130 bolívares que, al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCT) en 436,24 bolívares por dólar estadounidense equivale a 0,29 dólares. Este monto no sólo resulta insuficiente frente al costo de vida, sino que -además- reduce casi a cero su incidencia en el cálculo de las prestaciones sociales, cuyo monto depende directamente del salario base.
Es de señalar que en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está establecido que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir necesidades básicas para sí y su familia, de lo cual se entiende que el salario mínimo debe estar ajustado al monto de la canasta básica.
Al BCV toca actualizar el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tras el silencio que mantuvo desde octubre de 2024. El sector de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más se encareció en enero pasado, con un alza del 36,6%, mientras que el pasado mes de febrero fue el de comunicaciones, que subió un 22,3%.
Tasa de inflación en Venezuela y otros detalles
La hiperinflación en Venezuela alcanzó su punto máximo en 2018, cuando la tasa de inflación anual superó el 65,37%. Para 2026, la inflación en el país se mantiene muy alta, con una tasa anual prevista del 68,21%.
El producto interno bruto (PIB) de Venezuela fue de aproximadamente 79,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2026, en comparación con los 82,8 mil millones del año anterior.
El deterioro del poder adquisitivo se refleja con claridad en las cifras. De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta alimentaria básica (que aproximadamente significa el costo de la vida) se ubicó en enero de 2023 en 677,17 dólares estadounidenses.
Entonces, se requiere un diseño de políticas minucioso para evitar el desplazamiento de la negociación colectiva, especialmente en los sectores con salarios bajos.
Los salarios mínimos también desempeñan un papel clave en la mejora de los niveles salariales entre los trabajadores con salarios más bajos, aunque se producen efectos indirectos en la distribución salarial general.
Capacidad económica de Venezuela
Venezuela es famosa por ser el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Sin embargo, la mala gestión de la economía en las últimas tres décadas, ha provocado problemas económicos gravísimos. En particular, la inflación se ha descontrolado y se ha convertido en hiperinflación. Esto representa un colapso total de la confianza de la gente en el valor del papel moneda (en un país sin monedas) y, en una medida similar, en todo el sistema financiero.
Venezuela aún tendrá que lidiar con una alta inflación, una creciente deuda nacional y desafíos en infraestructura. El rediseño del salario mínimo debe ser una prioridad en la agenda económica del país.
Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano inicio entrevistas el 11 de marzo. Foto: AN
La Asamblea Nacional (AN) emprendió un proceso de renovación parcial del Poder Ciudadano al decidirse desde el chavismo, bajo el tutelaje de Estados Unidos, que el fiscal general, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, debían renunciar a sus cargos desde el 25 de febrero.
Desde la sociedad civil se critica que no se haya incluido al contralor general de la República, para un “cambio integral”.
Si bien procesos pasados fueron señalados por juristas y defensores de derechos humanos de ser “secuestrados” por el chavismo, derivando en el nombramiento de funcionarios subordinados a los intereses del Poder Ejecutivo, con graves consecuencias para los derechos humanos, el proceso actual genera algunas expectativas porque sería una señal importante para el inicio de una transición democrática en Venezuela.
También, porque figuras con suficiente mérito para desempeñar dichos cargos, avalados por la academia y miembros de ONG, se han atrevido a presentar sus nombres ante el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano, presidido, de nuevo, por el diputado y militar retirado, Giuseppe Alessandrello (Psuv). Se cree que hay una oportunidad a partir de los eventos del 3 de enero y la supervisión de la Casa Blanca.
El lapso para las postulaciones se abrió del 2 al 9 de marzo, pero el Comité, a solicitud de interesados, extendió el plazo hasta este viernes 13 de marzo.
¿Qué se espera?
“Es una oportunidad y una prueba de hacia dónde va realmente la voluntad del oficialismo. Iniciar el regreso a la constitucionalidad y la legalidad comienza orgánicamente desideologizando a los Poderes Públicos. La transición real empieza por eso. Ratificar a los que están señalaría que no hay voluntad de cambio”, advirtió el abogado constitucionalista, Nelson Chitty La Roche.
Un temor, y no infundado, es que el actual proceso solo sea una “cortina” para ratificar en los cargos a quienes se designaron en calidad de encargados. Como fiscal, el abogado Larry Devoe, exrepresentante del Estado venezolano en el sistema internacional de DDHH, señalado de negar violaciones de derechos fundamentales en Venezuela. Como defensor provisional, el exfiscal Saab, considerado “brazo ejecutor” del aparato represivo estatal.
“Este proceso debe servir para ponerle fin al Estado-Psuv, de lo contrario no tiene sentido la iniciativa de renovar esos cargos”, añadió Chitty La Roche.
Chitty La Roche, profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), decidió postularse ante la AN para el cargo de fiscal general este 12 de marzo, “pensando en la necesidad de contribuir con el proceso de saneamiento institucional”. Aplaude que haya otros nombres con “calidad profesional y autonomía espiritual” que también aspiren a desempeñar dichas funciones.
Para la cofundadora de la ONG, Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, no es una buena señal que se haya partido con la designación de Devoe y Saab como encargados, porque lejos de generar una sensación de avance en la reinstitucionalización de dichos espacios, lo que pareciera que privó fue un “reajuste de poder”.
“Son las mismas figuras que han ocupado otras posiciones que igualmente han estado a cargo de toda esa política de persecución y de represión y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, subrayó.
El proceso
El pasado 2 de marzo, el Comité de Postulaciones publicó la convocatoria para que los interesados participen en el proceso de postulaciones para los cargos de fiscal general y defensor del pueblo, con los respectivos requisitos establecidos en la Carta Magna. El 11 de marzo iniciaron las entrevistas.
Sobre la forma como avanza la escogencia de los nuevos fiscal y defensor en el Parlamento, dominado por el chavismo, ONG como Acceso a la Justicia han señalado que el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano no publicó un cronograma, por lo que no se conocen plazos exactos como la etapa de la evaluación de los postulados. Se advirtió que este proceder atenta con la transparencia que requiere tan importante proceso.
En teoría, la selección antes de llegar a la votación en la plenaria por mayoría calificada ( el Psuv tiene 253 de 285) tiene cuatro fases: convocatoria, evaluación de credenciales, impugnaciones y lista de elegibles que debe ser publicada. La Constitución establece un plazo máximo de 30 días continuos para la designación del fiscal y defensor.
Acceso a la Justicia también señaló la importancia de conocer el plazo previsto para la presentación de objeciones ciudadanas, una vez culminada la evaluación de los candidatos por parte del Comité del Parlamento y publicarse los resultados de esta revisión. Igualmente recordó que el artículo 279 de la Carta Magna obliga al control social.
“Hemos visto que han presentado postulaciones personas de diferentes sectores de la sociedad civil, lo cual es valiosísimo como aporte a la reinstitucionalización. Más allá de que haya esa apertura en la posibilidad de postularse, nos importa que haya transparencia en cuanto a cuáles van a ser los criterios de selección, que se publique un poco los estándares de valoración de esas credenciales, cómo se van a calificar esas credenciales, el baremo que se va a establecer”, apuntó Tineo.
¿Qué nombres suenan para fiscal?
Durante el proceso de postulaciones, antes y después de la prórroga, se han hecho públicas las aspiraciones de algunos académicos y juristas para dirigir el Ministerio Público (MP) y la Defensoría del Pueblo como aporte a la necesaria reinstitucionalización del país, de cara a una transición democrática. También uno que otro con vinculaciones partidistas fuera del chavismo.
A título personal o por anuncio de casas de estudio superiores estos son algunos de los nombres propuestos ante el Comité de Postulaciones:
Magaly Vásquez: Especialista en derecho penal, doctora en Derecho, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales (la primera mujer penalista), profesora titular y actual secretaria general de la Ucab. Es además corredactora del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) de 1998.
La postulación de Vasquez generó una ola de comentarios positivos en redes sociales
La postulación responde a una decisión personal, según dijo, impulsada por numerosas llamadas de académicos, profesores y exalumnos que valoran su trayectoria, pero es apoyada por las universidades Central de Venezuela (UCV), Católica Andrés Bello (Ucab) y Metropolitana (Unimet).
En reciente entrevista con Efecto Cocuyo enfatizó que el fiscal general juega un papel decisivo para sostener el Estado de derecho en un país marcado por la desconfianza hacia la justicia
Nelson Chitty La Roche: Abogado constitucionalista. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV. Obtuvo Licencia Especial en Estudios sobre la integración en Europa en la ULB de Bruselas, Bélgica y Licencia Especial sobre Política Internacional en el Instituto de Estudios Europeos.
Exdiputado del Congreso de la República por Copei. Su postulación también es apoyada por la UCV.
Dice que quiere contribuir con el proceso de saneamiento institucional
Jesús Ramón Rodríguez Rodríguez: Especialista en Derecho Penal, Derecho Informático y Gerencia Pública, con maestría en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Penal y doctor en Derecho Constitucional. Es fundador y director del Instituto de Estudios Jurídicos, Telemáticos y de Seguridad Corporativa
De su hoja de vida señala que ha ejercido durante más de 19 años como fiscal del MP, con competencia especial en delitos informáticos y de telecomunicaciones. Fue presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público (Asofiscal) por más de siete años por elección gremial.
Rodriguez ha sido fiscal del MP por 19 años
José Luis Alcalá Rhode: Trayectoria de más de tres décadas en el ejercicio profesional y la función pública. Se ha desempeñado como secretario general de Gobierno del Estado Zulia, fue presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en la entidad zuliana y director de la Policía de Maracaibo.
Alcalá Rhode está vinculado al partido UNT
Propone una “transformación radical” de la Fiscalía para convertirla en un verdadero baluarte del Estado de Derecho y la independencia institucional.
¿Quiénes a la Defensoría?
Carlos Fernando Calatrava: Licenciado en Educación, profesor, avalado por la Ucab. Actual coordinador Académico y de Gestión de la Escuela de Educación de dicha casa de estudios. Tiene especialización en Responsabilidad Social Empresarial por la UNIMET y en Tecnologías Gerenciales por la Universidad Nueva Esparta (UNE). También cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Simón Bolívar.
Calatrava es avalado por la UCAB
Vladimir Alvarado: Director de DDHH de la UCV. La máxima casa de estudios del país avala su postulación al cargo por su “labor en la promoción de la cultura de paz y la dignidad humana, ampliamente reconocida”.
Luis Beltrán Guerra: Fue procurador general de la República en el gobierno del presidente Jaime Lusinchi y ministro de Justicia en la segunda administración de Carlos Andrés Pérez. Fue diputado del Congreso Nacional.
El exministro es egresado de la UCV, donde ha ejercido como profesor de derecho público y derecho administrativo en pregrado y posgrado, además de la Ucab.
Exministro acudió al Palacio Legislativo para postular su nombre
Enrique Ochoa Antich: Político, exdiputado y escritor. Uno de los fundadores y secretario general del MAS para los DDHH.
Postulación de Ochoa Antich ha desatado polémica en redes sociales
El artículo 4 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo señala como objetivos de ese despacho: la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, de los derechos, garantías e intereses de todas las personas en relación con los servicios administrativos prestados por el sector público, los derechos, garantías e intereses de todas las personas en relación con los servicios públicos, sea que fueren prestados por personas jurídicas públicas o privadas.
“El asunto está en cómo sabemos cuáles van a ser los criterios de selección, porque si no pasaría como con la Ley de Amnistía. Sí, se le dio espacio a organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas para que opinaran, pero al final no se tomaron en cuenta las recomendaciones y por eso se aprobó la ley en términos excluyentes y revictimizantes”, advirtió Tineo.
“Debe haber cambios”
Sobre el proceso, el abogado constitucionalista Gustavo Manzo también advirtió que Venezuela aún no inicia una transición a la democracia, por lo que cumplir con los criterios constitucionales para la selección del fiscal y defensor y que la selección recaiga sobre personas con suficientes credenciales profesionales, académicas y morales que no respondan a lealtades partidistas sería una señal poderosa de que se está dispuesto a avanzar en los cambios necesarios.
“El aparato por debajo de Nicolás Maduro se adaptó a un sistema, a un tutelaje y avanza en ciertas áreas. Se pide que las instituciones se acerquen a estándares democráticos de manera clara. Ya la naturaleza política ideológica no puede privar, sino temas adaptados a la democracia”, sostuvo el profesor universitario.
Tarek William Saab estuvo en el cargo de fiscal desde 2017, designado por la Asamblea Constituyente (ANC) por encima de las competencias del Parlamento con mayoría opositora. Ha sido señalado por ONG y defensores de DDHH y la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas (ONU) de ser el brazo ejecutor del aparato represivo en Venezuela hasta la detención de Maduro por parte de Estados Unidos.
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la Fiscalía avaló la detención arbitraria de más de 2.400 personas, incluidos más de 100 adolescentes, cuyo derecho al debido proceso fue constantemente violado. También se han documentado torturas. De allí la importancia, señalan los expertos, de que el nuevo fiscal sea una figura independiente y fiel a la Constitución, las leyes, la justicia, el estado de derecho y el respeto a los DDHH.
“Para mí lo esperado es que haya cambios en la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, como parte del acompañamiento (de EEUU) que estamos viendo. Ratificar lo actual no sería buena señal. Hay cambios en proceso, gracias a los cuales se ha mantenido la paz en el país, por lo que esas instituciones no pueden ser una excepción, la señal tiene que ser otra”, sostuvo Manzo.
En cuanto a la gestión de Alfredo Ruiz en la Defensoría del Pueblo (desde 2018), ha tenido una característica muy marcada y son sus escasas apariciones públicas y su silencio. Especialmente frente a incesantes denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela y reclamos por fallas en servicios públicos, algo que han condenado activistas y ONG en el país. La designación de Saab como defensor encargado es considerada una “burla” hacia las víctimas.
Mazo destacó la postulación de destacados académicos, con credenciales de alto nivel para los cargos, como un elemento de confianza en el tutelaje y de que puede ser una oportunidad para influir en un momento tan importante para el futuro del país.
“Los esfuerzos deben estar dirigidos a un avance en el camino hacia la transición, no para que se trunque o se pasme”, acotó el constitucionalista.
