Mariana González de Tudares, hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, compartió un dibujo de su esposo Rafael Tudares Bracho, quien se encuentra detenido desde el 7 de enero de 2025.
«Este es el rostro del aislamiento. Del deterioro físico y del desgaste emocional. Este es el rostro de un hombre que lleva más de 12 meses incomunicado, separado de sus hijos, de su madre y de su esposa. Así luce una vida paralizada de manera injusta y arbitraria. Así se marca en el cuerpo y en el alma un tiempo robado, un tiempo que jamás podrá devolverse», escribió en redes sociales.
González de Tudares logró ver a su esposo el pasado 16 de enero, luego de exigir por más de un año una fe de vida.
En el texto, afirmó que «cada día encerrado es un día arrancado a su familia, a sus hijos, a su derecho a vivir. Rafael Tudares Bracho es inocente. Es un padre de familia. Es un ser humano sometido a un daño que no tiene justificación. Rafael va a regresar a su casa. Su familia lo va a ayudar a sanar lo que este encierro ha intentado destruir”.
Finalmente, aseguró que, pese a que pronto pasarán la página para retomar sus vidas, el daño ocasionado tanto a su esposo como al resto de los familiares, “no puede quedar en silencio. Habrá memoria. Habrá verdad y habrá justicia, Dios mediante”.
La detención de Tudares ocurrió el 7 de enero de 2025, mientras trasladaba a sus hijos al colegio, coincidiendo con el arresto del defensor de derechos humanos Carlos Correa -liberado posteriormente- y del excandidato presidencial Enrique Márquez.
Mariana González denunció el pasado lunes haber sido víctima de tres episodios de extorsión vinculados al proceso judicial que mantiene a su esposo privado de libertad desde hace meses.
A través de un comunicado, González de Tudares reveló que las extorsiones, —que involucran a actores del Estado, la iglesia y organizaciones de derechos humanos—, ocurrieron en espacios que deberían ser garantes de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales.
“Estas tres extorsiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas (Embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos”, denunció.
Según su testimonio, en cada uno de estos encuentros hubo testigos presenciales que escucharon íntegramente las exigencias que se le hicieron. “En esos tres episodios, se me indicó directamente que, para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa”, afirmó.
González de Tudares calificó estos hechos como parte de un “patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal”. A su juicio, se trata de una instrumentalización de la justicia con fines políticos, que además se vale de “espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos”.
