Republica del Zulia

Julio Portillo: Necesitamos entonces promover el regionalismo como protesta al excesivo centralismo en todos los órdenes. Tenemos que despertar la conciencia política de la provincia.

sábado, agosto 08, 2026

Priorizar la manufactura nacional: Conindustria, CVC y PNUD trazan fases operativas para reconstruir a Venezuela


Tras el devastador doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), la Cámara de la Construcción de Venezuela (CVC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) celebraron un crucial encuentro intergremial para estructurar las fases operativas y estratégicas del Plan de Reconstrucción de Venezuela.

La reunión de alto nivel contó con la participación de Tito López, presidente de Conindustria; Mahomed Hussein, primer vicepresidente de Conindustria; Lawrence Dow, segundo vicepresidente de la CVC; y Tomiris Useche, coordinadora de Finanzas para el Desarrollo del PNUD Venezuela, quienes estuvieron acompañados por diversos presidentes de cámaras sectoriales y directores de la CVC.

Sinergia estratégica: «Producir primero en Venezuela»

Durante su intervención, Lawrence Dow (CVC) fue enfático al asegurar que la manufactura nacional no solo está incluida, sino que está llamada a ser protagonista fundamental en el plan de reconstrucción. Dow insistió en que los recursos destinados a esta etapa deben regirse por la premisa de «producir primero en Venezuela», otorgando preferencia absoluta a la producción local para abastecer los requerimientos de insumos y materiales.

«Los recursos que se utilicen en esta fase deben basarse en una lógica irrenunciable: darle preponderancia y preferencia a la producción nacional, que es de donde debe salir la mayoría de lo necesario para reconstruir nuestro país», señaló.

Para viabilizar esta visión, Dow delineó la urgencia de establecer alivios fiscales y aduaneros en las zonas mayormente afectadas, así como la inminente necesidad de reformar instrumentos jurídicos clave, tales como las Leyes de Crédito Hipotecario y Contra la Estafa Inmobiliaria, con el fin de crear el «escenario perfecto para promover la inversión».

Advirtió que, sin un marco legal ajustado a las dimensiones de la tragedia, la recuperación no logrará materializarse oportunamente.

Propuesta de «Ley Puente» o “Ley Ómnibus”

Ante la inviabilidad de reformar individualmente las más de 200 leyes restrictivas (proceso que tardaría tres décadas siguiendo lo estipulado en la Constitución de la RBV), ambos sectores coincidieron en la propuesta de la implementación inmediata de una normativa transitoria que sea un “puente” entre la legislación existente y la deseada, para destrabar la economía, con estímulos fiscales y parafiscales, simplificando trámites administrativos, flexibilizando el acceso al crédito de las empresas y que también facilite a los ciudadanos adquirir o alquilar viviendas en corto plazo y con condiciones favorables para las partes.

Reinstitucionalización, apoyo multilateral y mesas de trabajo

Por su parte, el presidente de Conindustria, Tito López, respaldó la necesidad de liberar los cuellos de botella legales para agilizar los procesos industriales frente a la coyuntura. Como paso inmediato, ambas partes acuerdan el establecimiento de mesas de trabajo intergremiales (manufactura-construcción) enfocadas en priorizar esfuerzos y cruzar las necesidades para la construcción con las capacidades de los sectores manufactureros (químico, plástico, metalúrgico, minero, vidrio, cerámica, entre otros), buscando garantizar su viabilidad económica.

En el ámbito del acompañamiento internacional, Tomiris Useche detalló que el PNUD se encuentra adelantando un arduo trabajo alineado con la recuperación temprana. Su objetivo es concatenar estos esfuerzos con el desarrollo sostenible del país cumpliendo estrictamente con los protocolos exigidos por los organismos multilaterales.

En ese mismo orden de ideas, Mahomed Hussein, primer vicepresidente de Conindustria, fijó una posición institucional clara y contundente sobre la imperativa «reinstitucionalización del país», condición sine qua non para superar los múltiples obstáculos que hoy continúan frenando el crecimiento sostenido del sector industrial.

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Venezuela formalizó su retiro del Estatuto de Roma: la denuncia será efectiva en un año

 

El abogado Alí Daniels aseguró que “Venezuela sigue obligada a cumplir todas las disposiciones del Estatuto, incluida la cooperación con las investigaciones en curso"


La página web de las Naciones Unidas informó que Venezuela formalizó su retiro del Estatuto de Roma tal como lo había anunciado el pasado 24 de julio.

El comunicado entregado a la Secretaría General de la ONU señala que, a pesar del retiro, Venezuela reafirma su compromiso histórico con la lucha contra la impunidad de crímenes graves, un principio que, según señala, está arraigado en su Constitución de 1999.

Venezuela sostiene en el comunicado que la Corte Penal Internacional se ha desviado de sus “nobles objetivos” y se ha convertido en un instrumento al servicio de intereses ajenos a la justicia y a la soberanía de los países, particularmente del sur.

El gobierno venezolano aseguró que la Corte ha perdido su legitimidad y que el retiro es una respuesta necesaria ante lo que consideran un doble rasero y una violación de los principios de autodeterminación.

De acuerdo con el artículo 127 del tratado, la decisión se hará efectiva un año después, por lo que Venezuela seguirá siendo Estado Parte hasta julio de 2025.

La Corte Penal Internacional concluyó en su momento que existían motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad al menos desde abril desde 2017 y que existía una situación de total inactividad de parte de los órganos de justicia para realizar investigaciones y enjuiciamientos de los máximos responsables de dichos hechos.

Retiro viola la Constitución

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Anciepol) advirtió que la denuncia del Estado venezolano contra el Estatuto de Roma y su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI) es violatoria de la Constitución y el derecho internacional.

En un comunicado, los académicos recordaron que el Estatuto de Roma significó un “paso fundamental en la evolución de la sociedad internacional y el derecho internacional frente a los crímenes más graves de trascendencia internacional que ofendan la conciencia de la humanidad, y que no deben quedar sin investigación y castigo”.

De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución, al ser un tratado “relativo a derechos humanos”, el Estatuto de Roma tiene “jerarquía constitucional”. En consecuencia, señaló Anciepol, dicho artículo dispone que las normas del Estatuto “prevalecen en el orden interno y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

“No se detiene la investigación”

El abogado Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, aclaró que el retiro de Venezuela del Estatuto de Roma no implica la salida inmediata de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI) ni afecta la investigación abierta por crímenes de lesa humanidad en el caso Venezuela I.

Daniels precisó que la denuncia del Estatuto de Roma solo surte efecto un año después; sin embargo, “Venezuela sigue obligada a cumplir todas las disposiciones del Estatuto, incluida la cooperación con las investigaciones en curso“.

La Corte Penal Internacional, que funciona desde 2002, es una institución que juzga crímenes de lesa humanidad y de guerra. La misma está facultada para perseguir a ciudadanos de países ajenos al tribunal cuando delinquen en el territorio de un Estado miembro. 

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