Venezuela se enfrenta al nacimiento de una nueva generación de empresas y operadores petroleros, con características muy diferentes a las que tradicionalmente desarrollaron nuestra industria. Durante décadas, la actividad petrolera venezolana estuvo bajo la conducción de grandes empresas transnacionales, que no solo aportaron capital y tecnología, sino que también fueron auténticas escuelas de formación académica y profesional. En sus operaciones, particularmente en los propios yacimientos, se formaron generaciones de técnicos, profesionales y ejecutivos bajo exigentes estándares de calidad, seguridad y eficiencia. Aquellas organizaciones desarrollaron una cultura empresarial sustentada en la meritocracia, la capacitación permanente, la remuneración competitiva y el estricto cumplimiento de procedimientos. Sus ejecutivos debían responder por sus decisiones y resultados ante accionistas, juntas directivas y estructuras corporativas, tanto en empresas privadas como públicas. Venezuela heredó buena parte de esa cultura gerencial. Primero, a través de las transnacionales y, posteriormente, mediante PDVSA, que durante sus primeras décadas como empresa estatal mantuvo estándares de gestión, profesionalismo, transparencia y rendición de cuentas, expresados también en sus informes públicos. Sin embargo, estamos entrando en una etapa inédita. La incorporación de productores independientes, empresas de diferentes dimensiones y nuevos inversionistas plantea una transformación del modelo tradicional de operación petrolera. Estos operadores no necesariamente cuentan con accionistas institucionales, juntas directivas o estructuras corporativas comparables con las de las grandes transnacionales. Su principal obligación es cumplir los compromisos contractuales asumidos con el Estado, ejecutar las inversiones y desarrollar los yacimientos bajo las condiciones acordadas. Esta nueva realidad adquiere mayor relevancia con la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que abre espacios para negociar individualmente las condiciones de participación de terceros en diferentes proyectos y yacimientos, incluyendo inversiones, porcentajes de participación y regalías. Los contratos de participación productiva en hidrocarburos (CPPH) representan una modalidad diferente de las tradicionales empresas mixtas. Bajo este esquema, el Estado conserva la propiedad del recurso y de las instalaciones que le pertenecen, mientras permite que terceros asuman las inversiones y los desarrollos necesarios para producir, a cambio de una participación en el crudo obtenido y del pago de las regalías y demás obligaciones pactadas.
Se trata de una modalidad contractual que permite adaptar las condiciones económicas y operativas a las características particulares de cada yacimiento, en lugar de aplicar necesariamente un modelo uniforme. Naturalmente, esta fórmula difiere de los mecanismos de licitación pública que caracterizaron la apertura petrolera de los años noventa, cuando se convocaron procesos competitivos para incorporar inversionistas nacionales e internacionales, bajo condiciones previamente establecidas. Han transcurrido aproximadamente tres décadas. Las condiciones de la industria venezolana son otras. La infraestructura requiere recuperación, los yacimientos necesitan nuevas inversiones y el país debe recuperar capacidades operativas y empresariales que se han debilitado considerablemente. En estas circunstancias, el desafío consiste en conseguir que decenas de compañías, grandes, medianas y pequeñas, nacionales e internacionales, se incorporen a la producción petrolera. No necesariamente necesitamos que cada operador produzca cientos de miles de barriles diarios. La suma de muchos productores independientes, cada uno desarrollando volúmenes modestos, puede representar un incremento significativo de la producción nacional. La experiencia estadounidense ofrece una referencia interesante.
Su elevada producción petrolera, que ha superado los 13 millones de barriles diarios, no depende exclusivamente de unas pocas grandes corporaciones. Es también el resultado de la participación de miles de operadores independientes, empresas medianas y pequeñas, que desarrollan diferentes campos y aportan individualmente volúmenes que, sumados, alcanzan dimensiones extraordinarias. Pero incorporar nuevos operadores no debe significar renunciar a la cultura de excelencia que caracterizó a nuestra industria. Por el contrario, constituye una oportunidad para recuperar y multiplicar aquella formación profesional, la disciplina operacional, la seguridad industrial, la transparencia y la responsabilidad gerencial. El reto no es solamente producir más petróleo. Es construir una nueva generación de empresas petroleras venezolanas, con capacidad técnica, financiera y gerencial.
