Senadores de ambos partidos presionaron al principal abogado del Pentágono en una reunión a puerta cerrada para que brindara una mejor explicación legal de los ataques a supuestos barcos narcotraficantes latinoamericanos en el Caribe, según personas con conocimiento del asunto.
En una sesión informativa clasificada del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado el miércoles, el asesor general del Pentágono, Earl Matthews, detalló la base legal de los ataques militares ordenados por el presidente Trump.
Matthews se refirió repetidamente a la designación por parte de Trump de algunos cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que, según él, otorgaba al Departamento de Defensa autoridad unilateral para usar la fuerza militar contra ellos, según algunas fuentes. Matthews se negó a proporcionar una justificación por escrito de los ataques, la cual, según expertos legales, es necesaria para la transparencia y la rendición de cuentas.
Un día después de la sesión informativa a puerta cerrada, Trump declaró el jueves en una notificación confidencial al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un «conflicto armado no internacional» con los cárteles. En el documento, al que tuvo acceso The Wall Street Journal, la administración calificó a los cárteles como «organizaciones terroristas designadas» y afirmó haber «determinado que sus acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos».
The New York Times informó previamente sobre el aviso confidencial.
Algunos legisladores republicanos y demócratas que asistieron a la sesión informativa del Comité de las Fuerzas Armadas del miércoles expresaron su preocupación por la justificación de la administración e instaron a los funcionarios a elaborar un caso legal más sólido, según informaron algunas personas familiarizadas con el debate.
El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia que asistió a la sesión informativa, no abordó los detalles de la misma, pero afirmó que existe «confusión y preocupación» bipartidista con respecto a la explicación legal del Pentágono sobre los ataques.
«Estuve presente y no estoy satisfecho», declaró Kaine, señalando que él y el senador Adam Schiff (demócrata por California) presentaron recientemente una resolución de la Ley de Poderes de Guerra para «reafirmar el control del Congreso sobre acciones militares de este tipo en el Caribe».
El senador Jack Reed (demócrata por Rhode Island), el demócrata de mayor rango en el comité, criticó a la administración Trump por no ofrecer «ninguna justificación legal, pruebas ni inteligencia creíbles» para los ataques.
«Todo estadounidense debería estar alarmado de que su presidente haya decidido librar guerras secretas contra cualquiera que considere enemigo», declaró Reed.
Las preguntas planteadas en la reunión del miércoles ilustran una posible división entre los legisladores y la Casa Blanca sobre uno de los usos de la fuerza más controvertidos de este año. Si bien existe un amplio consenso sobre la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas en Estados Unidos, en el Capitolio crece la preocupación de que la administración haya excedido sus facultades legales, especialmente porque aún no ha presentado pruebas públicas de que los objetivos fueran narcotraficantes.
El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, declaró el miércoles que las operaciones «son lícitas tanto en virtud del derecho estadounidense como del derecho internacional, y que todas las acciones cumplen plenamente con el derecho aplicable a los conflictos armados».
Parnell añadió que la sesión informativa era clasificada. «Es razonable esperar que la divulgación no autorizada de la información proporcionada el miércoles cause daños excepcionalmente graves a la seguridad nacional» y a las operaciones, los activos o las personas del Pentágono, afirmó.
Un portavoz de la mayoría del comité también señaló la naturaleza confidencial de la sesión informativa.
“Resulta sumamente alarmante sugerir que se esté discutiendo el contenido de esa sesión informativa, dada la autorización de seguridad requerida para asistir”, declaró el portavoz, Dave Vásquez. “La mayoría del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado considera esta filtración a la prensa como una posible violación grave de la seguridad”.
No todos los congresistas republicanos respaldan los ataques. El senador Rand Paul (republicano por Kentucky) ha criticado duramente la campaña, pero ninguno de los republicanos del Comité de las Fuerzas Armadas se ha pronunciado públicamente en contra de los ataques.
“El presidente Trump tiene todo el derecho, bajo el Artículo II de la Constitución, de declarar la guerra a quienes la están librando contra Estados Unidos”, declaró el senador republicano Tom Cotton, de Arkansas, miembro del comité, en una declaración al Journal. “Este tipo de acciones han sido realizadas en numerosas ocasiones por presidentes de ambos partidos”.
La senadora Joni Ernst (republicana por Iowa), quien asistió a la sesión informativa del miércoles, se negó a comentar lo ocurrido, pero afirmó aprobar la campaña militar del gobierno contra los cárteles.
“Apoyo plenamente al presidente Trump en su objetivo de erradicar el flagelo de las drogas en el país combatiendo a los narcoterroristas”, declaró Ernst. “Si estos narcotraficantes continúan contrabandeando drogas, se enfrentarán a una reacción rápida y feroz”.
Algunos abogados militares y otros funcionarios del Pentágono han expresado su preocupación internamente sobre las implicaciones legales de la campaña contra los cárteles de la droga en Latinoamérica. Funcionarios del Pentágono informaron al personal del Congreso en una sesión informativa a puerta cerrada tras el primer ataque, contra un buque procedente de Venezuela, que los militares atacaron la embarcación varias veces desde el aire, a pesar de que había dado la vuelta y se dirigía hacia la costa.
Todd Huntley, auditor retirado de la Marina y director del programa de derecho de seguridad nacional de la facultad de derecho de la Universidad de Georgetown, afirmó que usar la designación de orden terrorista extranjera (OTF) como justificación de los ataques no es un argumento legal sólido. “Declarar a una organización como Organización de Transnacionales Extranjeras (OTE) no implica ninguna autoridad adicional para usar la fuerza contra ellas”, declaró Huntley, añadiendo que la designación se utiliza principalmente para procesar a actores que brindan “apoyo material” a dichos grupos.
El gobierno se ha referido ampliamente a los grupos que trafican drogas desde Latinoamérica como “cárteles”, aunque la mayoría de los analistas regionales coinciden en que solo los narcotraficantes mexicanos se acercan a esa definición. Las bandas sudamericanas que operan en el Caribe, como el Tren de Aragua, que ha sido designado como organización terrorista, no controlan la cadena de suministro como los cárteles mexicanos.
El lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó estar listo para declarar el estado de emergencia por lo que calificó de agresión estadounidense tras los ataques militares estadounidenses a buques procedentes de Venezuela.
El gobierno de Trump ha afirmado que todos los fallecidos —al menos 17 personas— eran narcoterroristas.
La explicación legal de Matthews a los senadores en la sesión informativa difiere de la justificación pública de la Casa Blanca para la campaña. El mes pasado, el gobierno envió una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), y al senador republicano Chuck Grassley de Iowa, explicando su opinión de que el presidente actuó dentro de su autoridad constitucional como comandante en jefe para llevar a cabo el ataque inicial.
La Casa Blanca también ha afirmado que Estados Unidos está ejerciendo su derecho a la legítima defensa conforme al derecho internacional. «No es posible en este momento conocer el alcance total ni la duración de las operaciones militares que serán necesarias», escribió Trump en la carta.
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