Esta semana, la administración del presidente Donald Trump dio claras señales de que está considerando expandir su ofensiva militar contra los carteles del narcotráfico que operan desde Venezuela, más allá de los bombardeos contra lanchas en el Caribe y que ahora podrían incluir ataques directos en territorio del país vecino.
El lunes, y en respuesta a una pregunta sobre los recientes ataques contra embarcaciones supuestamente cargadas con drogas, Trump sugirió que el próximo blanco serían las rutas terrestres de estos grupos y la infraestructura utilizada para producir y transportar la droga.
La insinuación del mandatario coincidió con reportes recientes de medios como The New York Times y la cadena NBC que han documentado discusiones internas en la Casa Blanca y el Pentágono para utilizar drones y otros recursos militares con el fin de destruir objetivos vinculados a operaciones en Venezuela.
La idea, según estas fuentes, ya está sobre la mesa y cuenta con apoyo de altos funcionarios del gobierno, entre ellos el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el director de la CIA, John Ratcliffe; y el asesor para la seguridad Interna, Stephen Miller, quienes ven al régimen de Nicolás Maduro no solo como un obstáculo directo en la lucha contra las drogas sino como una amenaza contra la seguridad nacional.
“Maduro no es el líder legítimo de Venezuela, es un fugitivo de la justicia estadounidense que socava la seguridad regional y envenena a los estadounidenses. Queremos que sea llevado ante la justicia. Estados Unidos está llevando a cabo una operación específica contra los carteles de la droga”, dijo el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, poco después de las declaraciones del mandatario republicano.
Hasta ahora, Washington ha reconocido al menos cinco ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe –el más reciente el viernes-, operaciones que oficialmente se presentan como parte de la interdicción marítima y golpes a traficantes de droga. En particular, contra el Cartel de los Soles, que, según Estados Unidos, encabeza Maduro y acaba de ser declarado grupo terrorista.
Sin embargo, expertos en esta materia han elevado serias preguntas sobre la validez de las acciones en el marco del derecho internacional y doméstico.
En los casos tradicionales de interdicción, las tripulaciones son arrestadas, sus embarcaciones confiscadas y los sospechosos procesados en cortes estadounidenses o en tribunales de países aliados. En cambio, los ataques recientes en el Caribe terminaron en la destrucción de naves y en la muerte de tripulantes sin que mediara captura, interrogatorio ni debido proceso.
“El marco legal de estas acciones es muy ambiguo. Estados Unidos no está en guerra con Venezuela ni con los carteles como actores estatales. Atacar embarcaciones o laboratorios en otro territorio plantea dudas serias sobre soberanía y uso de la fuerza”, explicó a este diario un ex funcionario del Departamento de Estado que pidió reserva de su nombre.
Sin embargo, bajo el argumento de que los carteles del narcotráfico no son simples organizaciones criminales, sino grupos terroristas transnacionales que amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos, la administración Trump busca equipararlos a las de organizaciones terroristas como Al Qaeda o el Estado Islámico, contra las cuales Washington ha llevado a cabo operaciones militares extraterritoriales sin el consentimiento de los gobiernos locales.
En documentos internos y declaraciones públicas, funcionarios han defendido que destruir rutas de drogas o laboratorios no es solo un asunto policial, sino un acto de defensa preventiva frente a un flujo constante de cocaína y fentanilo que llega a ciudades estadounidenses.
Más aún, esta semana circuló un memorando confidencial enviado al Congreso en el que la administración declara que EE. UU. “se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”.
El documento fue radicado como justificación legal a los bombardeos recientes, dado que el Legislativo es el único órgano autorizado por la Constitución para declarar una guerra.
“El presidente ordenó al Departamento de Guerra adelantar operaciones contra ellos de conformidad con la ley de los conflictos armados. Estados Unidos ha llegado a un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y en defensa de otros contra los ataques en curso de estas organizaciones terroristas designadas”, dice en uno de sus apartes.
Según el texto, los carteles “causan directamente la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año” y han pasado a ser considerados “grupos armados no estatales” responsables de “un ataque armado en curso contra Estados Unidos”.
Pese a la contundencia de estas afirmaciones, el documento no especifica qué organizaciones concretas están siendo golpeadas ni qué pruebas sustentan los ataques, lo que ha generado frustración en algunos legisladores y críticas entre los demócratas, quienes insisten en que el presidente debe solicitar una autorización al Congreso para adelantar este tipo de operaciones.
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