El 89,9 % de los juicios con jurado popular en España terminan en condena. Mientras tanto, la Fiscalía Europea investiga adjudicaciones concedidas a Barrabés, en especial contratos de Red.es por 10,6 millones de euros, tras cartas de recomendación firmadas por Gómez.
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha decidido extender el procedimiento con jurado popular a toda la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, así como contra su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. En caso de abrirse juicio oral, los tres serían juzgados por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, además del delito de malversación, que ya había sido señalado anteriormente.
La pieza principal de la causa gira en torno a la cátedra de Transformación Social y Competitiva creada en 2020 en la Universidad Complutense y el software registrado por Gómez a su nombre. El magistrado sostiene que existen indicios racionales y sólidos de hechos delictivos vinculados a la gestión de la cátedra y a las recomendaciones que habrían favorecido contratos públicos.
De acuerdo con The Objective, Peinado ha citado a los investigados y sus defensas para el próximo lunes a las 17:30, después de que Gómez no acudiera a una comparecencia anterior. Su defensa, encabezada por el exministro socialista Antonio Camacho, ha pedido que la Audiencia Provincial de Madrid revoque la decisión de que un jurado popular conozca el caso, alegando que no es la vía adecuada. No obstante, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) respalda esta fórmula para los delitos imputados.
El procedimiento podría complicar la situación judicial de Gómez: el 89,9 % de los juicios con jurado popular en España terminan en condena. Mientras tanto, la Fiscalía Europea investiga adjudicaciones concedidas a Barrabés, en especial contratos de Red.es por 10,6 millones de euros, tras cartas de recomendación firmadas por Gómez. Un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) apunta a un posible fraude de ley, “gran opacidad” y borrado de datos clave en esas adjudicaciones, que habrían beneficiado “injusta e ilegalmente” al empresario.
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