El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros miembros de su gabinete fueron acusados este miércoles por las Naciones Unidas (ONU) de perpetrar crímenes contra la humanidad.
Según una investigación elaborada para el Consejo de Derechos Humanos de la organización, las autoridades venezolanas han suministrado ayuda esencial para llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura desde 2014.
El informe de 443 páginas señala como responsables directos de estos crímenes a Maduro, así como también a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; y a los ministros de Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López. respectivamente, entre otros altos funcionarios.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo en Twitter que el informe está "plagado de falsedades" y procede de "una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington".
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"Esperamos que el gobierno de Venezuela lea el informe y tome en serio recomendaciones que hacemos en él. Según el derecho internacional y de acuerdo con la misma legislación local, el Estado venezolano es el principal responsable de estos crímenes y sus autores deben responsabilizarse", le dice a BBC Mundo la jurista Marta Valiñas, presidenta de la misión a cargo de la investigación.
"Este tipo de violaciones deben acabar y las víctimas de estos crímenes deberían recibir reparaciones", agrega.
Pero más allá de las recomendaciones que ofrece el informe, expertos hablan de sus posibles consecuencias.
Derechos de autor de la imagen Getty Images"Son crímenes que la CPI puede juzgar"
Marco Roscini, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Westminster, en Londres, explica que hay tres posibles escenarios tras las publicación del informe.
El primero de ellos es que se involucre la Corte Penal Internacional en La Haya (CPI), que juzga casos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
"Este informe habla de crímenes de lesa humanidad de varios niveles: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, etc. Son crímenes que la CPI puede juzgar. Pero tienen que ser crímenes graves. Es poco probable que la CPI acepte juzgar un caso de tortura o dos", le dice el jurista a BBC Mundo.
La CPI primero suele llevar a cabo investigaciones preliminares, que en el caso de Venezuela ya comenzaron en febrero de 2018. El objetivo de este tipo de pesquisas es determinar si la CPI debe proceder a realizar una investigación completa.
"Luego, si los investigadores recogen pruebas de crímenes lo suficientemente graves, de casos donde los crímenes de lesa humanidad son una política de Estado y la tortura se utiliza como herramienta política y no como situación individual, se abre un caso", explica Roscini.
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"Esperamos que el gobierno de Venezuela lea el informe y tome en serio recomendaciones que hacemos en él. Según el derecho internacional y de acuerdo con la misma legislación local, el Estado venezolano es el principal responsable de estos crímenes y sus autores deben responsabilizarse", le dice a BBC Mundo la jurista Marta Valiñas, presidenta de la misión a cargo de la investigación.
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