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Credito Nicolas Ortega |
Pero él no posee un intelecto privilegiado; ni seduce a sus víctimas como el personaje del cine, vestido con una braga de presidiario. No. Dorancel es un campesino iletrado y un victimario sin conciencia; el primitivo instrumento de dos fuerzas que siempre lo dominaron: la ignorancia y la locura.
Esta semana, sin buscarlo, el asesino que llevaba años olvidado ha vuelto a ser noticia en América Latina. Pero su protagonismo ahora es una vergüenza compartida: Dorancel, dicen los testigos, desmembró a tres hombres que otros habían matado. La pericia dormida en sus manos fue convocada por tipos más decididos y crueles.
El pasado 8 de septiembre, en los Andes venezolanos, durante el horario de visita a los calabozos de la policía del estado Táchira, una banda de reclusos armados decidió tomar rehenes: nueve mujeres y dos policías fueron obligados a quedarse. Los reclusos exigieron mejores condiciones, visitas conyugales frecuentes y traslados al centro penitenciario de Tocorón, ubicado en el estado Aragua, donde uno de los líderes ya había cumplido una condena.
El motín hizo ruido y amenazaba con salirse de control pero el gobernador del estado, el oficialista José Vielma Mora, y la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, tardaron semanas en responder.
Consideremos primero el hacinamiento: la vecindad extrema y forzada que obliga a decenas o centenares de hombres, en tantas cárceles de nuestra región, a convivir en espacios oscuros y nauseabundos. Según el Institute for Criminal Policy Research, la población reclusa ha venido creciendo en Venezuela. Hoy su tasa es de 178 prisioneros por cada cien mil habitantes; mientras los demás países de América Latina muestran cifras similares o peores: Argentina (160), Ecuador (162), México (212), Colombia (244), Chile (247) y Brasil (301), entre otros.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) dice que la cifra de hacinamiento en los penales del país realmente ronda el 210 por ciento; y trepa hasta el 800 o 1000 por ciento en los calabozos policiales, como el de Táchira, donde se acumulan hombres en espera de sus condenas.
Nadie debería permanecer más de 72 horas en esos sitios, pero es común que los detenidos se queden allí durante largos periodos. Esa anomalía es producto de distintas irregularidades: jueces corruptos, normas ignoradas y policías sobornados.
Leer más: http://www.nytimes.com/es/2016/10/15/canibales-en-los-andes/
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