La posibilidad de un nuevo diálogo o negociación no es garantía de que se despeje el juego para la convivencia democrática. Tampoco hay indicios de que con ese mecanismo político sea posible, en el mediano plazo, paliar la creciente crisis del país.
“Para que haya diálogos conducentes a una convivencia democrática se requiere destrancar la situación actual mediante la modificación estructural y progresiva de la correlación de poder entre las fuerzas autocráticas y las que aspiran a una verdadera convivencia democrática, tanto dentro como fuera del país. Y esto pasa por el incremento de la presión coordinada, interna y externa, sobre el régimen de Maduro, así como por la progresiva fractura de las fuerzas internas del chavismo ante semejante presión. Cuando el chavismo esté dispuesto a negociar para una verdadera convivencia democrática dará señales inequívocas al respecto. Hasta ahora, dichas señales no se aprecian; no olvidemos lo que acaba de pasar con Fernando Albán”, enfatiza Miguel Ángel Martínez Meucci, especialista en negociación política.
Advierte que en este momento, la “zona de acuerdo posible” es mínima mientras el gobierno no esté dispuesto a sacrificar la constituyente ni a medirse en elecciones libres. Agrega que la oposición no puede ceder más, y hacerlo significaría “cohonestar el ejercicio antidemocrático del poder por parte del régimen de Maduro y perpetuar su propia posición de debilidad”.
El experto explica que la negociación política, generalmente, evidencia la correlación efectiva y el potencial de poder entre las partes que participan en el proceso.
“De momento, Maduro no sólo sigue estando en una posición más fuerte que sus oponentes con respecto a la crisis venezolana, sino que cree que la puede mantener si logra seguir maniobrando políticamente”, argumenta.
Aunque no se ha concretado otro acercamiento entre el gobierno y la oposición y no se conoce una agenda o los propósitos, el precedente de República Dominicana en 2016 y 2017 arroja más sombras que luz sobre una estrategia de este tipo.
El gobierno recurre periódicamente a la carta del diálogo como mecanismo político. Luego de la liberación del dirigente Lorent Saleh (Operación Libertad), el testigo fue tomado por el canciller español, Joseph Borell, quien planteó la necesidad de que la Unión Europea fungiera como facilitador en un nuevo proceso de diálogo.
Sin embargo, el organismo optó por apuntarse hacia la activación de “otros mecanismos de contacto” ante la crisis del país.
Martínez Meucci indica que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mantiene sus vínculos con el PSOE y parece suscribir la propuesta del canciller español. El analista no pierde de vista que el planteamiento se retoma justo “cuando el régimen venezolano se encuentra bajo una enorme presión que encabezan los Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Unión Europea, y afrontando una denuncia de violación de derechos humanos introducida por varios países contra el propio Maduro ante la Corte Penal Internacional”.
Parte de los bemoles de un nuevo diálogo es que los procesos anteriores reflejaron que el gobierno siempre exige resultados inmediatos que lo favorecen, pero obstaculiza el cumplimiento de las demandas opositoras.
“Por lo visto hasta ahora, el régimen siempre pide resultados inmediatos (suspensión de protestas, reconocimiento, levantamiento de sanciones) a cambio de resultados diferidos (liberación de todos los presos políticos, elecciones limpias, apertura económica) que nunca se verifican”, señala Martínez Meucci.
El saldo de las negociaciones anteriores es la perpetuación del gobierno en el poder, con lo cual logra cierto reconocimiento interno e internacional “a pesar de implementar prácticas cada vez más antidemocráticas y consolidando un dominio interno aún mayor, pero con la relativa aquiescencia de sus adversarios internos y externos”, argumenta el analista.
¿Interlocutores?
Otro aspecto clave de un eventual nuevo proceso de diálogo es quiénes serían los interlocutores del Ejecutivo.
“El gobierno necesita el diálogo para disminuir o revertir el efecto de las sanciones e impedir nuevas sanciones que afecten aún más sus complicada situación financiera y la producción y venta de petróleo. Pero en la oposición no hay nadie que pueda pagar el costo político de una nueva ronda de dialogo y mucho menos que logre, insisto, representar a nadie. Cualquier diálogo que el gobierno pueda estar interesado en realidad sería con gobiernos extranjeros de Europa, Norte y Sur América. Pero los gobiernos de esos países necesitan un vocero nacional que haga las veces de su representante en esas conversaciones. No creo que lo hallen. Puede haber algunos pocos dispuestos pero nadie que llene los requisitos del cargo”, puntualiza Ángel Álvarez, doctor en ciencias políticas.
El analista cree que no existen razones para considerar que la nueva hipótesis de negociación tenga siquiera lugar y tampoco resultados
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