“Bienestar para todos: la nueva economía en Venezuela”, Por Rafael Ávila y Hugo Bravo

Superar la actual crisis económica en Venezuela es uno de los desafíos más grandes que tenemos como sociedad. No se trata solamente de solucionar la emergencia coyuntural, sino de encaminar el país hacia un nuevo modelo económico, que permita construir una economía sólida que crezca sostenidamente, promueva la creación de riqueza y respete la dignidad humana. Este modelo económico es la economía social de mercado, el exitoso modelo alemán de la postguerra, la propuesta de los Chicago Boys chilenos (El Ladrillo), donde los ciudadanos participan libremente en el mercado y la acción del Estado está guiada por los principios de subsidiaridad y de solidaridad.

Para lograr la reconstrucción del país, hay que realizar cambios profundos y estructurales a un modelo inviable que durante varias décadas se ha implementado, con consecuencias desastrosas. Para ello, debemos atender algunos aspectos básicos sobre los cuales podamos construir un nuevo modelo socioeconómico.

El desafío fundamental consiste en lograr una sana relación ciudadano-Estado, que garantice la prosperidad económica, el bienestar del ciudadano de a pie, y que al final sea garante de las libertades políticas y civiles, y de la democracia: lograr una institucionalidad que promueva e incentive tanto el bienestar económico como el desarrollo integral de la persona.

El primero de los aspectos básicos de este modelo socio-económico, es garantizar la seguridad jurídica y el Estado de Derecho: respeto a la vida, la propiedad privada y la libertad. Estos fundamentos han sido vulnerados y deben ser garantizados necesariamente. El segundo es facilitar la creación de empresas para generar empleos sustentables. El tercero es una moneda fuerte y estable. Los tres aspectos son importantes para que se liberen las fuerzas creadoras, la innovación y el emprendimiento de los ciudadanos.

Para lograr una moneda fuerte y estable, el Banco Central no debe financiar el gasto del gobierno a través de la emisión de dinero, principal fuente de inflación. Por lo tanto, la disciplina fiscal es un imperativo que se debe lograr disminuyendo el gasto público; como ocurre en una familia, no puedo comprometer su futuro gastando más de lo que puedo pagar. Para esto es importante que el Estado se desprenda de una serie de empresas ineficientes, a través de una política de privatización tanto de empresas como de funciones del Estado, y retomar la descentralización, para acercar más las decisiones al ciudadano. Se requiere un Estado pequeño y limitado.

En esta misma línea, debemos plantearnos una nueva relación del Estado con el ciudadano. Perseguir cumplir el principio de subsidiariedad: gobierno proveedor de bienes públicos, por lo tanto, reducido y poco interventor en la economía. El rol del sector público debe ser modificado centrando su actividad en la provisión de bienes públicos, no rivales y no excluyentes, que serían aquellos en los que el sector privado no tendría incentivos a invertir: soberanía, justicia e infraestructura, como ejemplos. El ciudadano debe tener el derecho a emprender en el sector que desee, mientras el Estado propicia un entorno favorable.

Debido a la nueva realidad global, también debemos replantearnos la relación del Estado y la ciudadanía con el petróleo. Teniendo como primer objetivo hacer nuevamente competitiva la actividad petrolera, sin dejar de considerar la nueva realidad del mercado mundial y las características que muy posiblemente lo definan en los próximos años. Para esto, el Estado debe permitir la inversión privada nacional y extranjera en el sector energético. Para favorecer la inversión y democratización del capital, se debe promover un sector financiero más amplio y profundo, y un mercado de capitales.

Diversificar la economía es también uno de los objetivos principales. El último siglo, Venezuela se ha caracterizado por depender de sus recursos petroleros. Sin embargo, eso debe cambiar a corto plazo. Para ello, debemos rescatar el sector productivo que ha sido destruido, incentivar las inversiones tanto locales como extranjeras, promocionar el desarrollo de diferentes sectores económicos, industriales y productivos a través de incentivos: bajos impuestos, facilidad para abrir empresas, menos regulación, cero controles, etc. Eliminar los obstáculos a la empresarialidad (libre emprendimiento): colocar impuestos bajos y simples, permitir la inversión privada en cualquier sector (ningún sector reservado para el Estado), cero monopolios privados o públicos, simplificación de trámites burocráticos para constituir empresas, eliminar obstáculos a la creación de nuevas empresas (incluidas instituciones financieras), desmontar la inamovilidad laboral y los controles de precios y salarios (ningún obstáculo, ningún subsidio), y liberar el comercio internacional. Es importante eliminar las barreras al comercio y las prácticas proteccionistas: eliminar aranceles y cuotas de importación.

Para complementar la necesaria reducción del gasto público que habrá que lograr, y así permitir la fuerte reducción en la emisión de dinero, habrá que asumir un nuevo endeudamiento interno y externo de estabilización. En una economía acostumbrada a monetizar el déficit fiscal, detener esta situación no es fácil y golpeará lamentablemente a algunos sectores de la población. Para suavizar este efecto se hará necesario el endeudamiento y así poder compensar el golpe a estos sectores: es necesario prever fondos para aliviar las posibles dificultades que la aplicación del ajuste traiga sobre algunos sectores de la sociedad.

La transición política en nuestro país debe estar acompañada de una transición económica. No lograremos un cambio político sostenible si éste no está acompañado de reformas económicas que permitan a nuestra sociedad salir de la crisis en la que se encuentra y vivir mejor.

@rjavilad y @hbravoj