Tiempos de corrupción y censura

En los últimos 15 años, según datos de la organización no gubernamental Espacio Público, se registraron 2.648 casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela

La atención del ciudadano venezolano no deja de estar en un tema cuando ya aparece otro. La sociedad venezolana, hundida en una profunda crisis por conseguir alimentos y medicinas, simplemente trata de sobrevivir. Al centrar su atención en temas fundamentales para la subsistencia, deja de lado el reclamo por derechos humanos como la libre expresión y la libertad de prensa, tan necesarios para que la pluralidad de pensamientos y opiniones se mantenga como uno de los pilotes de la convivencia y la civilidad en una democracia.

Buscar, difundir y recibir información, en momentos de desgracia social como la que vivimos, debería ser el más poderoso instrumento de contraloría social, cuya incidencia en lo político resultaría innegable. Pero desde el poder político —representado por los sectores militar, ejecutivo, judicial y electoral— se promueve de forma planificada silenciar, ocultar y callar cualquier hecho que involucre a alguno de sus actores en escándalos de corrupción que abisman al país, solo por la pretensión entronizarse y desangrar —todavía más— el erario público y el patrimonio de la Nación.

En los últimos 15 años, según datos de la organización no gubernamental Espacio Público, se registraron 2.648 casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. En 2016 se registraron 366 ataques a ese derecho. Esto evidencia que en la práctica se limita una libertad fundamental de la sociedad con un margen de una violación por día. La mayoría de estos atentados ocurridos el años pasado —el 44 % según el informe de la misma ONG— ocurrió en manifestaciones públicas contextualizadas en la exigencia pública de un referéndum revocatorio presidencial.

Como antecedentes hay que sumar la salida de la señal de Radio Caracas Televisión en mayo de 2007, las 87 emisoras radiales cerradas en todo el país, los 26 canales de televisión, 2 portales web, 16 empresas de telecomunicaciones y la zozobra permanente sobre la circulación de los periódicos —producto de que la Corporación Maneiro funciona como la «bolsa CLAP» de los impresos venezolanos—, expresada en los más de cuarenta periódicos que han dejado de circular.

Si seguimos, podríamos enumerar las agresiones a periodistas y la censura a los medios que proponen una investigación sobre denuncias o hechos que involucran directamente a funcionarios «bolivarianos» en delitos vinculados con la corrupción. Desde esta tribuna, en julio de 2016, le celebramos los 10 años al inexistente puente Nigale —obra inconclusa y abandonada de la Construtora Norberto Odebrecht en el estado Zulia—. La semana pasada 2 periodistas brasileros, Gilson Souza y Leandro Stoliar, de Record TV, fueron expulsados del país por pretender investigar y registrar imágenes de esa obra, involucrada en un escándalo de corrupción que estalló en Brasil y salpicó fuertemente a Venezuela. El equipo fue «retenido» por más de 10 horas, junto a los periodistas y activistas de la ONG Transparencia Venezuela en el Zulia, Jesús Urbina y María José Túa. Desde Maracaibo los 2 reporteros brasileños fueron llevados a Caracas por los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia y expulsados a Brasil.

Este hecho, más allá de representar una agresión a los periodistas, demuestra una clara violación de la Declaración de Chapultepec, suscrita por los estados parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que Venezuela aun es parte.

Hace poco, el canal de televisión por suscripción CNN en Español transmitió una investigación sobre la emisión de pasaportes venezolanos, a la que titularon Pasaportes en la sombra. Días más tarde el presidente Maduro fustigó al canal y el 15 de febrero de 2017 recibió una sanción por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que trajo como consecuencia su salida inmediata de la programación de las compañías de televisión por suscripción.

La orden es el silencio cuando se trata de callar a quienes investigamos. La orden es perseguir a periodistas que no estén alineados con el poder. La orden es oscurecer mucho más estos tiempos de corrupción y censura.

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