El Arco Minero del Orinoco: ambiente, rentismo y violencia al sur de Venezuela; por Carlos Egaña

Toma aérea de una mina en las cercanías del Salto Ángel, en Guayana, Venezuela. fotografías de AirPano

En febrero, el clima en Caracas no es peor que aquel que soporta la comunidad minera al sur de Guayana. Sin embargo, hubo gotas de sudor que brotaron en los rostros de los representantes de unas ciento cincuenta empresas, entre nacionales e internacionales, en el Banco Central de Venezuela.

Eulogio del Pino, Presidente de PDVSA, y Nelson Merentes, su par del BCV, presentaban un proyecto de explotación de oro, diamante, hierro y coltán a cielo abierto. El Arco Minero del Orinoco. Un proyecto que apenas contando con las reservas auríferas del sector, representa más de doscientos mil millones de dólares. La fiebre del oro que manifestó sus primeros síntomas en aquella reunión fue consolidada en el Decreto No. 2248 por Nicolás Maduro, Presidente de la República.

El Arco Minero del Orinoco comprende casi ciento doce mil kilómetros cuadrados y se extiende mayoritariamente al norte del estado Bolívar, aunque también toca partes de Amazonas y Delta Amacuro. Lo atraviesan selvas como Imataca, La Paragua y El Caura, que en conjunto abarcan más de ocho millones de hectáreas, además de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní. Y las represas hidroeléctricas del Caroní, que generan la mayoría de la electricidad consumida en Venezuela, se ubican dentro de esta zona. Estas fuentes vegetales y de agua dulce, que proveen mecanismos de regulación ambiental y de generación de energía, podrían verse gravemente sofocadas por un proyecto tan extenso de minería. Por eso, entre otras razones, en los seis meses que especifica el Decreto en su Artículo 10 para planificar la nueva minería que habrá de ejecutarse, las reacciones negativas al proyecto han sido preponderantes, aunque no del todo ruidosas.

A finales del mismo mes de febrero, Víctor Álvarez, quien fuera ministro de Industrias Básicas y Minería entre 2005 y 2006, escribió que "debido al colapso de los precios del petróleo, el Gobierno de Venezuela se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas que permitan compensar el descalabro de la renta petrolera". También sostuvo que mediante decretos como éste "los principales beneficiarios suelen ser las empresas transnacionales autorizadas para la explotación, mientras que los costos sociales y ambientales suelen ser transferidos a toda la sociedad". De ahí en adelante se ha formado una Plataforma por la Nulidad del Decreto del Arco Minero, la cual ha introducido un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para lograr su objetivo. Del mismo modo, la Asamblea Nacional resolvió desconocer el programa en junio. Sin embargo, la inmensa cantidad de noticias sobre el Referendo Revocatorio parecen haberle bajado el volumen a un debate tan peculiar como éste.

Aunque las palabras de Álvarez constituyen un resumen adecuado ante esta situación, hay matices que no podemos ignorar. Esta política podría ser una profundización del Estado mágico (Coronil dixit) que ha conjurado ilusiones de progreso a causa de la extracción petrolera, en este caso minera, cosa a la que el país está en gran medida habituado. Pero el rango de las consecuencias del Decreto del Arco Minero, sus antecedentes y lo que ocurre en el ahora en ese sector, se escapan de la normalidad con que se ha vivido el rentismo este par de siglos. Hay razones por las que quienes se han adentrado en esta discusión, creen que estos factores constituyen una gran tragedia.

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