El 1-S o nuestro derecho a manifestar - Juan Pablo Guanipa V. / Diputado de la AN

Para este 1 de septiembre, desde la Unidad Democrática, hemos anunciado una gran manifestación en la ciudad de Caracas que contará con la participación de ciudadanos de todo el país. La "Toma de Caracas" pretende dar una inmensa demostración, interna e internacional, del anhelo de cambio que existe en nuestra patria, en un momento particularmente crítico que nos coloca a la vanguardia de lo malo y a la retaguardia de lo bueno. Es una protesta en contra de la falta de institucionalidad que ha hecho que el Consejo Nacional Electoral, actuando a la orden del Partido Socialista Unido de Venezuela, utilice los argumentos más ridículos que podamos imaginar para retrasar el referendo revocatorio presidencial y mantener en el poder el más inepto gobierno que hayamos tenido en todos los tiempos de nuestra República venezolana.

Frente a este desgobierno es necesario dejar claro que nuestra manifestación es pacífica y constitucional. Marcharemos en paz, con mucha molestia, pero en paz. La intención no es provocar ni generar hechos de violencia, como lo han tratado de hacer ver algunos dirigentes perturbados. La intención es ejercer mecanismos legítimos de presión a gente que cada día pierde más apoyo y cada día se atrinchera más en el autoritarismo y en lo no democrático.

Pareciera que siempre es importante "restregar" a quienes gobiernan este país con tan mal resultado, las disposiciones constitucionales y legales que nos permiten realizar manifestaciones políticas. El artículo 68 de la Constitución Nacional prevé el derecho de los ciudadanos "...a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley". El mismo artículo prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas y reserva al legislador la regulación de la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. Por su parte, la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones solo obliga a los organizadores a participar a la primera autoridad civil, con por lo menos 24 horas de anticipación, la realización de una manifestación. Y la autoridad, en ese mismo acto, debe estampar en la notificación, la aceptación del sitio o itinerario y hora. El deber de las autoridades es proteger a los manifestantes garantizando en paz el ejercicio de sus derechos.

Así que el Gobierno, actualmente lleno de temor, no debería estar preparando infiltraciones para tergiversar la intención de nuestra propuesta, no debería estar preparando obstrucciones del paso a Caracas, no debería estar ideando tácticas dilatorias de revisión de gente, equipaje, etc., para que los ciudadanos no podamos llegar a la capital. El Gobierno debería asumir lo que siempre dijo, que defendería los derechos de todos los venezolanos, que siempre se sometería a la decisión del pueblo manifestada en el voto. ¿Recuerdan aquel "ahora Venezuela es de todos" de los primeros años del Gobierno? Ese lema no lo respetaron ni cuando lo publicitaron y mucho menos ahora.

A los venezolanos nos toca defendernos en contra de lo más insensato que ha pasado por Miraflores. A los venezolanos nos corresponde luchar con los dientes para defender a nuestro país y sacarlo de las garras de quienes han generado una situación insostenible de desabastecimiento, inseguridad, pésimos servicios, debacle económica, social, cultural, política e institucional. Tenemos la obligación de entregarnos con pasión, razón, audacia e inteligencia al gran desafío de nuestro tiempo: librarnos del mal que gobierna y comprometernos a hacer un gobierno de amplitud, plural, eficiente y eficaz, participativo, honesto, lleno de amor por cada uno de los venezolanos que hoy sufren y que mantienen viva la esperanza y la ilusión de vivir mejor. El revocatorio se convierte en una necesidad perentoria y vamos a hacer todo lo que nos permita la constitución para que se dé antes del próximo 10 de enero. Ese es nuestro reto y nuestra responsabilidad.

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