Nuestra Constitución nacional establece que el Consejo Nacional Electoral debe estar integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos, además establece como principios que deben regir la actuación del máximo órgano electoral, los de la imparcialidad, la transparencia y la eficiencia de los procesos electorales.
Lo que se desprende de la diferencia que hay entre esas normas y principios, y la conducta de la mayoría que decide entre los rectores del CNE actual, da una clara idea del tamaño de la crisis institucional que ha producido el control por parte del partido de Gobierno de la mayoría de los poderes públicos del Estado.
Las diferentes trabas y abusos del CNE en contra de los ciudadanos que decidieron ejercer el derecho que la Constitución en sus artículos 70 y 72 les establece para convocar a un referendo revocatorio presidencial, constituyen una descarada operación morrocoy violatoria de la ética y del respeto a los derechos de los ciudadanos. Empezando por el exagerado tiempo que se tomaron para verificar las firmas de los solicitantes, cuando una simple verificación a través de captahuellas hubiese confirmado la voluntad de más del 90 % de los firmantes en una semana. En cambio, cuando el Ejecutivo Nacional les ordenó declarar que habían verificado más de 10 millones de firmas en contra del decreto de Obama en una semana, lo hicieron sin ninguna vergüenza y sin haberlas verificado.
Luego, cuando la presión de la opinión nacional e internacional los forzó a establecer las fechas y procedimientos para verificar las firmas de por lo menos el 1 % de los electores, decidieron que en muchos municipios importantes del país no hubiese captahuellas para validarlas, en cambio en muchos municipios lejanos y con menos electores sí ubicaron las captahuellas, actuando en contra de su deber de facilitar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos.
Por otra parte, el Gobierno nacional desarrolló una campaña afirmando que no hay tiempo para el revocatorio en el 2016 contando con la acción dilatoria de sus compañeras de partido en el Poder Electoral, acompañada de la campaña de que los funcionarios públicos que firmaron serían destituidos de sus cargos, violando públicamente los derechos constitucionales de esos ciudadanos establecidos en los artículos 40 y 57 de la Constitución vigente, llegaron muchas denuncias de que efectivos militares que firmaron fueron detenidos como castigo.
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