Escribo este 24 de junio. Fecha simbólica en Venezuela dado que en un día como hoy se selló la independencia hace dos siglos. Este 24 de junio de 2016 también resultará un día histórico: se refrendó con la participación ciudadana, de forma pacífica, la opción de revocarle el mandato presidencial a Nicolás Maduro. Coincido con muchos analistas que consideran que Maduro ya fue revocado el 6 de diciembre cuando hubo un voto mayoritario a favor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en las elecciones parlamentarias del año pasado.
El 6-D, conviene no olvidarlo, se selló la voluntad popular a favor del cambio. Se hizo patente que el chavismo es sencillamente una minoría política, que si bien controla los hilos del poder político e institucional, y los recursos del Estado, en la práctica perdió la conexión popular. Le llegó la hora en la cual hablar de régimen autoritario tiene pleno sentido.
Todo lo ocurrido en estos seis primeros meses del año 2016 solo ha servido para ratificar la necesidad de un cambio en Venezuela. La economía nacional es un completo desastre dado que se combina la inflación más alta del mundo, con niveles muy altos de desabastecimiento, en medio de la peor contracción que conozca el país en décadas. Maduro ha quedado desnudo ante la crisis. Su régimen no tiene capacidad ni política ni económica para enfrentar o contrarrestar el desastre que ellos mismos crearon.
El régimen de Maduro ha pasado a ser eso un régimen, ya no es un gobierno. Un gobierno, según nuestra Constitución, respeta a los otros poderes, y por encima de todo respeta la voluntad popular. Cuando Maduro, usando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), le tiende un cerco a la Asamblea Nacional, no actúa contra Henry Ramos Allup, en verdad actúa y nos ataca a todos los venezolanos. Al contradecir lo que dice la Constitución no solo se aleja de la herencia política que le dejó Hugo Chávez, sino que se coloca en la senda del autoritarismo.
Precisamente lo ocurrido en los últimos meses, de cómo Maduro y el TSJ han urdido una estrategia para vaciar a un poder legítimamente constituido, como el Parlamento, es lo que logró llevar la discusión de la crisis de Venezuela al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La realización de la sesión este 23 de junio es sin duda un hecho histórico. La sola realización de la sesión y la presentación del informe del secretario del organismo, Luis Almagro, constituyen piezas inolvidables de cómo la comunidad internacional aborda una crisis nacional. Pero hasta allí llega la OEA.
Ni la OEA ni la Carta Democrática tienen la potestad de cambiar un gobierno. Ni lo van a hacer. Sacar a Maduro del poder en este 2016, para propiciar un cambio democrático en Venezuela, siguiendo al pie de la letra lo que dice la Constitución, solo lo harán posible los venezolanos resteados con el cambio.
No habrá otra vía. Ya en otros artículos lo hemos dicho: la comunidad internacional, es decir entes como la OEA, tiene la posibilidad de presionar o acompañar procesos democráticos, pero no de hacerlos. Hacer el cambio dependerá exclusivamente de la capacidad de nuestra dirigencia política, y del compromiso que manifiesten públicamente los venezolanos. En este momento histórico, el mecanismo para el cambio es el referendo revocatorio, obviamente celebrado en este año 2016. La Carta Democrática ayuda, es bueno saber que nos observan desde afuera, pero eso por sí solo no generará el cambio.
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