Las aguas se aclaran / SIMÓN BOCCANEGRA

La reunión de la Internacional Socialista, en Guatemala, y la de los "gobiernos progresistas", en Chile, hablan de cómo en el seno de la izquierda mundial se va aclarando el panorama con respecto a gobiernos y fuerzas políticas que autodefiniéndose como de izquierda se enrumban, más bien, hacia la reproducción de formas autoritarias, militaristas y autocráticas de gobierno, sin que su retórica vitriólica guarde correspondencia con sus actos, que se diluyen en un reformismo atrasado y de baja calidad. En Guatemala, el contundente discurso de Ismael García ­quien habló con la autoridad de quien hasta 2007 acompañó a Chacumbele, habiendo sido, incluso el jefe de su campaña electoral en 2006­ dejó mudos a aquellos, como los sandinistas, que no ocultan sus simpatías por el chavismo, y sorprendidos a otros, la mayoría, que ya comienzan a preguntarse qué diablos está pasando en nuestro país. La deriva autoritaria y la propensión antidemocrática y totalitaria de Hugo Chávez, son cada vez más claras para aquellos que abrigaron la esperanza de que en Venezuela pudiera haberse abierto un camino democrático de cambio social. El resultado fue enviar a Venezuela una misión de la Internacional Socialista para averiguar in situ si en verdad todo lo que brilla es oro o, por el contrario, pura chatarra ideológica. Lo de Chile fue un parteaguas. La izquierda democrática del continente, es decir, Lula, Tabaré, Bachelet ­con los Kirchner coleados, váyase a saber cómo­, dejando explícitamente de lado a gobiernos como el nuestro, se reunió con su homóloga de otras partes del mundo, para acordar una suerte de estrategia común ante la próxima reunión del G-20, cuya agenda, por supuesto, no es otra que la crisis económica mundial. Al mussolinismo chavista le está resultando cada vez más difícil demostrar no sólo que es democrático sino incluso que es de izquierda. Las aguas se aclaran. Tal Cual digital

El Presidente le mintió a los venezolanos

Pablo Pérez: El gobierno quiere los recursos para repartirlos al extranjero

Desde la sesión del Consejo Legislativo del Zulia que hoy se llevó a
cabo desde el Puerto de Maracaibo, el gobernador del estado Zulia,
Pablo Pérez, dijo que el Presidente le mintió a los venezolanos al
decir que contamos con recursos y que la prueba está en su intención
de quedarse con el dinero de los estados para "seguir repartiéndolo a
otros países".

"Señor, Presidente después que habló tantas mentiras diciendo que
tenía muchas fortalezas económicas y muchas reservas, después que dijo
que podíamos vivir con un petróleo en cero, ahora le quiere poner la
mano a los puertos, a los aeropuertos y a las carreteras del Zulia".

El gobernador sostuvo que tanto en la gestión del ex gobernador de la
entidad, Manuel Rosales, como en su gestión han destinado los recursos
del Zulia para el Zulia. "Entregamos programas sociales porque los
recursos de aquí son del pueblo, pero ahora el Presidente quiere
llevarse los reales para Caracas para seguirlo repartiendo a Cuba, a
Bolivia, a Argentina donde hay maletines ocultos con 800 mil dólares,
dónde están esos recursos".

Dijo que están dispuestos a defender los recursos del Estado y a
"salir a las calles si es necesario".

"No tenemos miedo, queremos decirle al país que todos tenemos que
estar preparado porque no podemos arriesgar el futuro del país sólo
porque el Presidente y sus diputados quieran acorralarnos. Saldremos a
la calle si es necesario".

Durante la sesión se hizo presente un grupo de oficialistas que
gritaban consignas como "queremos a (el ex alcalde de la ciudad de
Maracaibo y ex candidato a la gobernación) Giancarlo Di Martino" como
una forma de rechazo a las palabras del gobernador Pablo Pérez.

La premisa es defender la Constitución

Por otra parte, el diputado por el Consejo Legislativo del Zulia,
Eliseo Fermín, hizo un llamado al pueblo y a la unidad de los factores
que hacen vida política en la entidad, "a defender la Constitución del
atropello del Gobierno de apoderarse la administración del puerto,
aeropuerto y puente sobre el lago de Maracaibo".

Explicó que el Consejo Legislativo del Zulia se "declaró en
emergencia" porque el Presidente de la República y la Asamblea
Nacional "están violentando la Constitución y las leyes y si
permitimos está situación, pronto nos quitarán a nuestros hijos, la
propiedad privada, las casas y hasta nuestras pertenencias
personales".

Fermín aseguró que el pueblo del Zulia "no tiene miedo" a las medidas
que pueda tomar el Gobierno y se van a mantener luchando "por las
reivindicaciones del estado Zulia que le dijo No el 2 de diciembre de
2007 a un proyecto socialista que va en contra de los principios
democráticos de Venezuela". Ocarina Espinoza / Alicia De La Rosa EL
UNIVERSAL

Recentralizar: “La muerte del eficiente manejo de los servicios”

La semana pasada la Asamblea Nacional volvió a ser noticia. Bastó un regaño del presidente Chávez por su poca productividad durante el año pasado, para que retomaran sus actividades, aunque de una manera polémica y que no cuenta con mucha aceptación.

El Parlamento aprobó en segunda discusión la reforma de la ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, lo que le quita a las alcaldías y gobernaciones la potestad sobre los puertos, aeropuertos, puentes y carreteras.

Lolita Aniyar de Castro, ex gobernadora del Zulia, consideró: "Estamos ante una recentralización que causará la muerte del eficiente manejo de los servicios públicos, la única revolución que se ha hecho en Venezuela y que ha tenido éxito es la descentralización y eso lo está matando este Gobierno".

Afirmó que el camino a seguir para rechazar el nuevo texto legal es "la resistencia activa, es una forma de lucha, hay que seguir manifestando a ver si tenemos suerte y podemos conseguir algo".

Y es que el cambio se enfrenta con el artículo 164, numeral 10, de la Constitución Nacional, que expresa que "es competencia exclusiva de los estados la ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres, así como el aprovechamiento de puertos y aeropuertos de uso comercial". 

¿Qué hacer?

Ex gobernadores, ex alcaldes y profesores de las casas de estudio superior, buscan solución jurídica para evitar que el Estado "se apropie" de la administración y control que constitucionalmente tienen los gobernantes regionales y municipales sobre puertos y aeropuertos.

Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del estado Zulia, afirmó que esa vía es un camino cuesta arriba al tener que recurrir al Tribunal Supremo de Justicia.

Señaló que la solución es aplicar "lo que queda de constitucionalidad en toda su magnitud. La Carta Magna le impone a todos los ciudadanos investidos o no de autoridad, la obligación de desconocer cualquier legislación, autoridad o régimen que viole los principios constitucionales o atente con los derechos humanos. Lo que quiero decir es que los artículos 333 y 350 de la Constitución que tienen que ver con la desobediencia civil, ya están configurados en Venezuela, lo demás es proceder en consecuencia".

Jorge Sánchez Meleán, economista y profesor universitario, le dio un out  a la vía jurídica, porque en Venezuela "no hay Estado de Derecho". "A mi modo de ver, lo único que se puede hacer es un referendo aprobatorio y que el ciudadano rechace la ley que a todas luces es inconstitucional".

El ex alcalde Fernando Chumaceiro, más que dar una solución, declaró que esta modificación de ley es un "retroceso" en relación con la posición que actualmente tiene la descentralización en Venezuela.

"Con esto no quiero decir que el grado de descentralización que tenemos sea bueno, porque en realidad hay menos descentralización de la que deberíamos tener, pero cuando uno observa la forma de cómo el poder central dirige el Estado, llega a la conclusión de que estamos en presencia de una autocracia militarista y esto no lo queremos. El Presidente no tiene un Estado en la cabeza, lo que tiene es un cuartel." 

Ya fue rechazado

En la consulta de reforma constitucional de 2007, esta modificación fue rechazada por la voluntad popular, recordó Jorge Pabón, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV). "Hace dos años se consultó en la reforma el cambio del artículo 164 de la Constitución, que pretendía eliminar la administración de puertos y aeropuertos para los estados".

El académico aseguró que el Gobierno no respeta la voluntad popular, "porque ese cambio que ellos consultaron y que no se dio, ahora se está haciendo a través de la ley de Descentralización".  

En papel

Artículo 164. "Es de la competencia exclusiva de los estados:

- Dictar su Constitución para organizar los poderes públicos, de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución.

-La administración de sus bienes y la inversión y administración de sus recursos.

- La ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales.

- La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial. 

Artículo 333: Esta constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por su independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Lolita Aniyar