Las leyes de desacato o de "insulto" que se han venido
utilizando para castigar a los periodistas por desafiar a los líderes de
algunos países, han sido parte del derecho penal en la mayoría de los
países de América Latina desde su independencia en el siglo XIX. Hoy día en
la mayor parte de la región se disfruta una libertad de expresión más
amplia y la aplicación de dichas leyes ha cesado en su mayoría.
Sin embargo, la necesidad de su eliminación permanente se hace patente con
el ejemplo del gobierno del presidente Hugo Chávez, puesto que el Estado
venezolano ha venido utilizando las leyes de desacato para encarcelar,
silenciar e intimidar a los periodistas, e incluso ha establecido otras
medidas para impedir la capacidad de los medios de transmitir perspectivas
al pueblo venezolano que difieren de la postura del régimen.
"Estas leyes han tenido un efecto intimidatorio sobre los periodistas" dijo
Alfredo Ravell, director de la cadena de televisión de Venezuela
Globovisión. Ravell dijo al Servicio Noticioso que con la amenaza constante
de las sanciones estatales, los periodistas del país tienden a
autocensurarse al reportar información que pueda levantar las iras de
aquellos en el poder.
"Los casos de corrupción o aquellos en que donde de forma directa o
indirecta se critica la gestión de los funcionarios públicos son los que
más generan preocupación en los periodistas pues ellos sienten temor de que
a través de sus reportes se considere que se cometieron delitos de
desacato" indicó Ravell.
ATAQUE A RCTV, PRECEDENTE OMINOSO
Los riesgos a los que se enfrentan los periodistas venezolanos tienen un
claro ejemplo en el caso de RCTV, que será silenciada efectivamente el 27
de mayo debido a la negativa del régimen de Chávez de renovar su licencia
de emisión. La cadena de televisión ha sido una de las pocas que ha
expresado críticos editoriales de opinión e información actual que difiere
de la posición oficial del Estado.
Ravell considera el trato a RCTV un claro signo ominoso para el futuro de
la libertad de prensa en Venezuela.
"Constantemente, voceros del gobierno hablan de medidas contra medios que
ellos consideren ?enemigos de la revolución' o 'imperialistas' etc.... lo
que sugiere que luego de RCTV vendrán ataques a otros medios", agregó
Ravell.
Globovisión, se enfrenta a una creciente presión por parte del régimen y
sus periodistas también han sido objeto de violentos ataques durante los
pasados últimos años, inclusive la reciente campaña electoral en Venezuela,
comentó Ravell.
El gobierno de Chávez utilizó las leyes de desacato en 2006 para reabrir
procedimientos criminales contra el periodista Napoleón Bravo que fue
acusado de difamar al Tribunal Superior de Justicia del país. En su informe
de 2006 sobre el estado de la libertad de expresión en el Hemisferio
Occidental, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano
autónomo de la Organización de los Estados Americanos, dijo que Venezuela
utilizó la ley de desacato para enjuiciar al reportero Gustavo Azócar y a
la editora del periódico El Siglo Mireya Zurita.
ESTAS LEYES "PERTENECEN A UNA ERA DIFERENTE"
Michael Shifter, vicepresidente de políticas de Diálogo Interamericano, un
grupo no gubernamental de investigación de políticas, explicó al Servicio
Noticioso que el gobierno venezolano destaca la existencia de leyes de
desacato en otros países de la región como justificación de sus propias
prácticas, a pesar del hecho de que estas leyes no se suelen aplicar hoy
día.
Shifter dice que que su presencia en los libros siguen siendo una
preocupación sencillamente porque mientras estén ahí, "pueden ser
utilizadas o invocadas arbitrariamente".
"Creo que es muy importante abolir estas leyes porque pertenecen a una era
diferente y creo que al menos la mayoría de América Latina ha avanzado al
respecto y es importante hacer los cambios en el marco legal también",
dijo.
El caso del periodista costarricense Mauricio Herrera Ulloa, que escribía
para el diario La Nación, con sede en San José, es un ejemplo de una
dirección más positiva entre los países de América Latina en relación con
las leyes de desacato.
Herrera fue hallado culpable de difamación criminal en 1999, pero en 2004,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, ordenó
al gobierno costarricense que anulara su condena y que le pagara 20.000
dólares por daños y 10.000 dólares por costas procesales, al determinar que
la sentencia había causado perjuicio a la vida personal y profesional de
Herrera y violado su derecho a la libertad de expresión.
Eduardo Ulibarri, antiguo director de La Nación, dijo al Servicio Noticioso
que la resolución "ha introducido mayor flexibilidad en los fallos de
muchos tribunales y además ha hecho conscientes, sobre todo a los
periodistas y a los abogados defensores, que uno puede invocar la normativa
y la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos ante un
juicio".
Shifter dijo que el caso de Herrera fue un "un precedente realmente
importante", y citó también la opinión de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en la condena del periodista argentino Horacio Verbitsky,
en 1988, que llevó a que Argentina anulara la ley de desacato en 1995.
"Creo que ha habido una tendencia generalmente positiva en la región que ha
acompañado el crecimiento de la democracia" dijo Shifter, al argumentar que
la globalización y el desarrollo económico acompañados de más tecnología y
acceso a la información están contribuyendo a una presencia y toma de
conciencia más amplia de la necesidad de la libertad de prensa.
Añadió que incluso gobiernos que a regañadientes permiten mayores
libertades de prensa "tienden a reconocer que esta es una realidad y es
parte de la democracia".
VENEZUELA NO ESTÁ A TONO CON EL RESTO DE LA REGIÓN
Sin embargo, dijo Shifter, cuando se considera a la región a nivel más
amplio, el caso de Venezuela "es el más problemático y va contra
corriente". Agregó que aunque todavía es posible encontrar medios críticos
del régimen de Chávez en el país, eso se debe en parte a que el gobierno no
ha ganado completo control sobre los medios de comunicación, como en el
caso de Cuba.
Además de la aplicación de la ley de desacato, Venezuela establece
restricciones adicionales.
El gobierno de Venezuela ha exigido también la emisión de programas desde
su Ministerio de Comunicaciones y se ha autofacultado para interrumpir
emisiones regulares de televisión y radio sin aviso previo para presentar
mensajes.
La libertad de expresión en Venezuela "ha sufrido un deterioro evidente",
dijo Ravell
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